Venezuela – Panorama jurídico

VENEZUELA

 

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Constitución de Venezuela afirma en el art. 76 que “la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos”.

 

Por su parte, el Código Penal reprime el delito de aborto provocado en los artículos 432-436. En esos arts. se penaliza a la mujer que intencionalmente abortare, a los terceros que realizaran el aborto a una mujer con o sin su consentimiento, el aborto por culpa del marido. El art. 436 establece que “las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”.

 

La Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, del año 2007, tiene por objeto “garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y a familia deben brindarles desde el momento de su concepción” (art. 1º). A su vez, el art. 44 de la misma ley estipula que “el Estado debe proteger la maternidad. A tal efecto, debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención, gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres”.

 

Con respecto al infanticidio, el Código Penal de Venezuela establece que, cuando se cometa homicidio en un niño recién nacido “con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada (…) se rebajara de un cuarto a la mitad” (art. 413).

 

La Ley del ejercicio de la Medicina (año 2011) establece en su art. 24 que “la conducta del médico o médica se regirá siempre por normas de probidad, justicia y dignidad. El respeto a la vida y a la persona humana constituirá, en toda circunstancia, el deber principal del médico y médica: por tanto, asistirá a sus pacientes atendiendo sólo a las exigencias de su salud, cualesquiera que sean las ideas religiosas o políticas y la situación social y económica de ellos o ellas”.

 

 

2)   Matrimonio

A través de su Constitución Política, Venezuela “protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio” (art. 77).

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, de 2007, afirma en su art. 43 que “todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados o educadas sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, ventajas de la lactancia materna, estimulación temprana en el desarrollo, salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento sanitario ambiental y accidentes. Asimismo, tienen el derecho de ser informados e informadas de forma veraz y oportuna sobre su estado de salud, de acuerdo a su desarrollo. El Estado, con la participación activa de la sociedad, debe garantizar programas de información y educación sobre estas materias, dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y sus familias”.

El art. 50 de dicha ley aborda la cuestión de la salud sexual y reproductiva, estipulando que “todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados o educadas, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños, niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de catorce años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios”.

 

La Norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva en Venezuela data del año 2003, e incluye la anticoncepción de emergencia. A través de esta normativa se busca lograr lo siguiente:

  • Organización, monitoreo y evaluación de servicios y acciones de salud sexual y reproductiva específicos para cada etapa del ciclo vital, de acuerdo a necesidades según género, pueblos indígenas, territorios y clases sociales, garantizando todos los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación alguna.
  • Fortalecimiento de la atención integral, con calidad y calidez a la embarazada, adultas y adolescentes, su pareja y familia, en todo el proceso reproductivo, con énfasis en la atención preconcepcional, prenatal, perinatal, humanización del parto y lactancia materna, incluyendo el aborto terapéutico frente al riesgo de vida de la madre y en casos especiales establecidos en las legislaciones vigentes.
  • Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos para la atención humanizada del proceso reproductivo, incluyendo la atención prenatal, perinatal y el aborto terapéutico en los casos especiales establecidos en las legislaciones vigentes.
  • Asesoramiento y educación de pares en salud sexual reproductiva para favorecer un desarrollo pleno de la sexualidad y la procreación a lo largo del ciclo vital, considerando sus determinantes socioculturales y de género.
  • Fortalecimiento de los servicios y acciones promocionales de la salud sexual, incluyendo información, educación, asesoramiento y comunicación, en anticoncepción y planificación familiar, incluyendo anticoncepción de emergencia, esterilización quirúrgica para hombres y mujeres, a fin de contribuir a un ejercicio sexual pleno, placentero y sin riesgos.
  • Fortalecimiento de los servicios y acciones de salud sexual y reproductiva especificas para los niños, niñas y adolescentes, para asegurar el desarrollo integral de todos los aspectos relacionados con la sexualidad, la procreación y sus respectivos derechos y asegurando su participación protagónica.
  • Fortalecimiento de los servicios y acciones de salud sexual y reproductiva especificas para las mujeres, incluyendo la atención del climaterio y la menopausia y patologías ginecológicas, para asegurar el desarrollo pleno de la sexualidad y la procreación a lo largo del ciclo vital, considerando sus determinantes socioculturales y favoreciendo la equidad de género.

La norma citada se desglosa en subproyectos según cada etapa del ciclo de vida: infancia, adolescencia, adultez, adulto/a mayor. Y define algunas áreas de atención de la salud sexual y reproductiva (punto 7.5.10): atención en salud ginecológica, atención en salud preconcepcional, atención en salud prenatal y perinatal, atención en salud sexual y planificación familiar, atención de la violencia doméstica intrafamiliar y sexual, entre otros.

 

 

4)   Clonación y fecundación artificial

Con respecto a la manipulación genética, la Constitución de Venezuela, en su art. 127 define los derechos ambientales afirmando que “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia”.

 

Algunos artículos del Código Civil de Venezuela mencionan o refieren a la inseminación artificial, como el art. 204: “el marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos que sea manifiesta y permanente. El desconocimiento no se admitirá, aun en ese caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido”.

El art 201 afirma que “el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación. Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de la concepción de aquel, o que en ese mismo período vivía separado de ella”. Este artículo ha sido citado con respecto a la fecundación artificial post mortem por la Sala Constitucional en su Sentencia 1456 de 2006.

La Ley sobre transplante de órganos y materiales anatómicos en seres humanos, que data de 1992, por su parte, dispone que “el transplante o la disposición de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos provenientes de seres humanos, con fines terapéuticos, de investigación y de docencia, se rige por las disposiciones de esta Ley. Se excluyen de los requisitos de esta Ley, los cabellos y las uñas. También la sangre y sus componentes, ovarios, óvulos y esperma pero en estos casos deberá siempre solicitarse la aceptación del donante y el receptor, si este último no pudiera, de los parientes previstos en el artículo 17” (art. 1º).

 

 

5)   Eutanasia y muerte digna

El Código de Deontología Médica de Venezuela, aprobado durante la LXXVI reunión extraordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana, realizada en Caracas el 20 de marzo de 1985, dedica su Capítulo cuarto a la situación del enfermo terminal. Afirma lo siguiente:

  • “La persona que sufre de una enfermedad fatal tiene legitimo derecho a que se le preste atención, a que se le dedique el tiempo necesario y a que se le siga considerando un ser humano” (art. 71).
  • “El paciente con una enfermedad fatal tiene derecho a ser informado de la verdad de su padecimiento, si es que realmente desea conocerla. El médico debe efectuar la evaluación previa de estos enfermos para decidir el momento oportuno en que habrá de suministrar la información requerida y poder así auxiliarle ante reacciones impredecibles” (art. 72).
  • “El derecho a participar en la toma de decisiones debe permitirse a los enfermos mentalmente competentes. Pueden rehusar la utilización de ciertos procedimientos diagnósticos. Cuando sufren intensamente podrán ejercer el derecho de solicitar la aplicación de analgésicos en dosis suficientes para obtener el alivio requerido. En igual forma pueden negarse a la administración masiva de medicamentos si desean mantenerse alertas y con pleno conocimiento de lo que les sucede” (art. 73).
  • “El enfermo terminal tiene derecho a que se respeten sus ideas en materia de religión. Podrá solicitar la ayuda espiritual y moral del sacerdote de su respectiva religión o declinar la que se le ofrece sin haberla solicitado” (art. 74).
  • “El derecho a ser atendido por profesionales competentes en el caso de enfermos incurables se refiere no sólo a la requerida pericia profesional, sino también a que el médico muestre actitudes positivas en lo que concierne a la aplicación de tratamientos paliativos y no sufra de determinados prejuicios en relación con la muerte. El médico que racionalmente acepta la muerte como elemento normalmente indisociable del proceso vital y no ha desarrollado ante la misma temor, resentimiento o rechazo, es competente para ayudar al enfermo hasta el momento postrero de su existencia” (art. 75).
  • “El enfermo terminal tiene derecho a decidir el tipo de información que el médico podrá revelar luego de su muerte. Es, en suma, garantizar el derecho del fallecido a que se respete su intimidad” (art. 76).
  • “El moribundo tiene derecho a exigir se le permita morir sin la aplicación indiscriminada de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida, respetándose también su decisión de que no le sean aplicadas medidas de reanimación. El desatender este deseo puede considerarse como una violación a los derechos del enfermo de morir en paz. La interrupción de las medidas extraordinarias no exonera al médico de su obligación de asistir al moribundo y suministrarle la ayuda necesaria para mitigar la fase final de su enfermedad” (art. 77).
  • “El derecho del enfermo a disponer de su cuerpo, luego de su muerte, mediante la autorización de sus órganos puedan ser utilizados con fines humanitarios, trasplantes, procedimientos de investigación, estudio de disección anatómica, es de obligatorio cumplimiento sobre bases estrictamente morales. Igual conducta deberá adoptarse cuando el enfermo no desea la inhumación tradicional sino otro procedimiento de disposición de su cuerpo: cremación, embalsamamiento” (art. 78).
  • “El enfermo tiene derecho a exigir que durante su tránsito final no exceda la “ciencia” el “arte” de la medicina. En otras palabras: que el conocimiento científico y las habilidades técnicas del médico no excedan en momento alguno el carácter humano de la ayuda profesional” (art. 79).
  • “Es obligación fundamental del médico el alivio del sufrimiento humano. No puede, en ninguna circunstancia, provocar deliberadamente la muerte del enfermo aún cuando éste o sus familiares lo soliciten” (art. 80).
  • “El médico que atiende enfermos irrecuperables no está obligado al empleo de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida. En estos casos, de ser posible, oirá la opinión de otro u otros profesionales de la medicina. El médico cumplirá – igualmente lo que pueda establecer al respecto el Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Medicina” (art. 81).

 

6)   Objeción de conciencia

La Constitución de Venezuela estipula en su art. 59 que “el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Por su parte, el art. 61 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”.

El tema ha sido objeto de fallos de la Sala Constitucional, como por ejemplo la sentencia AP51-O-2006-015745, del año 2007, que trae algunos conceptos importantes al respecto de la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Allí se afirmó lo siguiente:

  • “La libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como asociado con otras personas, sin que pueda establecerse discriminación o trato jurídico diverso a los y las ciudadanas en razón de sus creencias; así como la igualdad del disfrute de la libertad de religión por todos los ciudadanos. Tal es el sentido prescrito en el artículo 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
  • “Se entiende comprendido dentro del derecho a la libertad religiosa los siguientes derechos: libertad de conciencia; libertad  de culto; libertad de difusión de los credos, ideas y opiniones religiosas; derecho a la formación religiosa de los miembros de la confesión; libertad de enseñanza y derecho a la educación religiosa; derecho de reunión y manifestación; derecho de asociación; y, finalmente, la objeción de conciencia”.
  • “La libertad de conciencia (…) ha adquirido en la actualidad matices propios, producto de la separación de la moral religiosa de las convicciones éticas individuales no vinculadas necesariamente con aspectos teológicos. La libertad de conciencia comprende varios aspectos; ellos son, libertad para creer o no creer y/o para tener convicciones propias; libertad para expresar esas creencias y convicciones; y garantía de no ser constreñido a obrar contra las propias convicciones, esto último es en lo que consistiría la objeción de conciencia; y que nuestro artículo 61 constitucional recoge en forma expresa”
  • “Objeción de conciencia (…) se refiere a aquel incumplimiento de un deber jurídico por la existencia de un dictamen de conciencia que impide realizar la conducta prescrita en el ordenamiento jurídico. Como institución, cabe aclarar que la objeción de conciencia no es activa (como en el caso de la rebelión o la revolución)  ni colectiva (como la desobediencia civil) sino pasiva e individual; carente por completo de motivaciones políticas. Su trasfondo, se insiste, está orientado a salvaguardar la conciencia, conforme a la cual se actúa por libre convicción”.
  • “Tenemos que: a) la convicción religiosa no puede ser invocada «para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos»; b) la libertad de conciencia no se puede manifestar válidamente: 1) si la manifestación de la conciencia afecta la personalidad del titular del derecho; y 2) si la manifestación de la conciencia constituye delito; c) la objeción de conciencia no puede invocarse para: i) eludir el cumplimiento de la ley; ii) impedir a otros que cumplan con la ley; o iii) impedir a otros el ejercicio de sus derechos”.
  • “Si la libertad de conciencia así como la libertad religiosa son la manifestación de la actividad consciente del individuo, es menester que la concreción externa de esa manifestación no afecte a terceros. Por otra parte, el propio concepto de orden público y de seguridad (jurídica, personal, sanitaria, etcétera) excluye la libertad de la conciencia cuando su manifestación constituya delito, pues se trata de armonizar una idea básica con un ordenamiento jurídico mínimo.”
  • “Lo trascendente son dos límites específicos a la objeción de conciencia contenidos en el artículo 61 constitucional: 1) cuando afecta la personalidad del titular del derecho; y, 2) cuando impide a otros cumplir con la ley”.

 

7)   Discriminación y violencia de género

La Constitución de Venezuela establece en su art. 19 que “el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Y en el art. 21 estipula que “todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1.  No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2.      La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

 

En el año 2011 se sancionó la Ley orgánica contra la discriminación racial. Años antes, en 2007 había sido promulgada la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objeto fue definido como “garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica” (art. 1º).

Entre los principios rectores de esta ley, se mencionan los siguientes (art. 2):

  • Garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos exigibles ante los órganos y entes de la administración pública, y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
  • Fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de la discriminación de género. Para ello, se dotarán a los Poderes Públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, laboral, de servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos.
  • Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias jurisdiccionales.
  • Coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos Poderes Públicos para asegurar la atención, prevención y erradicación de los hechos de violencia contra las mujeres, así como la sanción adecuada a los culpables de los mismos y la implementación de medidas socioeducativas que eviten su reincidencia.
  • Promover la participación y colaboración de las entidades, asociaciones y organizaciones que actúan contra la violencia hacia las mujeres.
  • Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de sensibilización, prevención, detección, seguridad y protección, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta los derechos, necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
  • Fomentar la especialización y la sensibilización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
  • Garantizar los recursos económicos, profesionales, tecnológicos, científicos y de cualquier otra naturaleza, que permitan la sustentabilidad de los planes, proyectos, programas, acciones, misiones y toda otra iniciativa orientada a la prevención, castigo y erradicación de la violencia contra las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.
  • Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección, y medidas cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presente ley y la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima de violencia de género.
  • Establecer un sistema integral de garantías para el ejercicio de los derechos desarrollados en esta Ley.

La ley mencionada define la violencia contra la mujer como “todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado” (art. 14). Y enumera diversas formas de “violencia de género” (art. 15): violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes.

En el art. 53, la ley tipifica el delito de “ofensa pública por razones de género”, afirmando que “el o la profesional de la comunicación o que sin serlo, ejerza cualquier oficio relacionado con esa disciplina, y en el ejercicio de ese oficio u ocupación, ofenda, injurie, denigre de una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a doscientas (200 U.T.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio”.

Asimismo, con respecto a la “violencia institucional” se prescribe que “quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente Ley, será sancionado con multa de cincuenta (50 U.T.) a ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.)” (art. 54).

 

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