Uruguay – Panorama jurídico

URUGUAY

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

En octubre de 2012, Uruguay aprobó la ley 18.987, de interrupción voluntaria del embarazo.

En el art. 1° de esta ley, el Estado “garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población (…). La interrupción voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un instrumento de control de los nacimientos”.

El art. 2 establece a continuación que “la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez”.

El art. 3 reseña los requisitos formales que la mujer deberá cumplir para acceder al aborto, así como el procedimiento que seguirá el médico, entre cuyos pasos se encuentra la consulta con un equipo interdisciplinario que deberá informar a la mujer “de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”. A partir de allí, “la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños”.

El art. 4 establece los deberes de los profesionales, entre los cuales se incluye (inc. e) “abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción”.

Además de las circunstancias establecidas en los primeros artículos de la ley, el art.6 explicita que “la interrupción del embarazo solo podrá realizarse: A)      Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. B) Cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. C) Cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación.

El art. 11 regula la objeción de conciencia: “los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3º y el artículo 6º de la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos en el inciso anterior, con excepción de la situación prevista en el último inciso del presente artículo. La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios. Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente artículo”.

El art. 13 agrega que “Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año”.

 

El Decreto Nº 375/012 reglamenta la ley anterior en noviembre de 2012. Establece, entre los principios de actuación de las instituciones médicas y personal que intervengan en estos procedimientos el de a) confidencialidad; b) consentimiento Informado, y c) respeto a la autonomía de la voluntad (art. 2).

Prohíbe a los profesionales integrantes del equipo “abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción del embarazo, esto implica que el equipo no se pronunciará sobre la pertinencia o no de la interrupción, ni manifestará opiniones personales, ya sea conjunta o separadamente, a favor o en contra la decisión de la solicitante” (art. 13, inc. e).

Define “grave riesgo para la salud de la mujer embarazada o para la vida, “toda circunstancia que implique, a criterio del médico tratante, riesgo para la salud bio- sico social o vida de la mujer” (art. 16).

Estatuye que, “cuando el embarazo fuera producto de una violación bastará para acreditar ese extremo la exhibición de la denuncia con el correspondiente sello del juzgado ante el médico tratante, el que dejará constancia de la exhibición de la denuncia original en la historia clínica, incorporará una copia de la misma y asentará que la mujer desea interrumpir el embarazo, debiendo prestar su consentimiento informado por escrito.En este caso el médico tratante coordinará la atención de inmediato. Debe evitarse todo acto que implique una revictimización de la mujer” (art. 18).

El art. 21 establece que “las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 18.987 tengan ‘objeción de ideario’, deberán presentar la solicitud de no proceder a realizar interrupciones voluntarias del embarazo ante la Junta Nacional de la Salud, con copia de sus estatutos e indicación de las normas estatutarias que lo determinan. Se configura “objeción de Ideario” cuando surja de los estatutos de un Prestador de Salud Privado disposiciones que determinen o de las que se pueda inferir que las mismas no realizarán procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo que se regulan en los artículos 1, 2 y 3 de la ley 18.987, a su vez dichas disposiciones deberán estar vigentes previamente a la entrada en vigencia de la ley que se reglamenta”. “Las instituciones que deban acreditar su “objeción de ideario” tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación a efectos de acreditar la preexistencia de dicha objeción a la entrada en vigencia de la ley 18.987. La no presentación en plazo determinará que la institución no podrá ampararse en la “objeción de ideario” (art. 22). De todas maneras, estas instituciones “deberán celebrar convenios y contratos para que las usuarias que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo amparadas por la ley que se reglamenta tengan garantizados sus derechos, debiendo la Institución Médica hacerse cargo de todos los gastos” (art. 25). Y “tendrán el deber de respetar la libertad de conciencia de sus dependientes en caso de que estos no concuerden con los fundamentos que den lugar a la “objeción de ideario” debiendo respetarse la independencia de la conciencia moral y cívica de su personal subordinado (art. 26).

Con respecto a la objeción de conciencia, la misma sólo será válida para “las personas físicas, no existiendo tal derecho para las personas jurídicas” (art. 28). “El ejercicio de la objeción de conciencia obliga al médico a derivar personalmente a la paciente a otro médico de manera de asegurar la continuidad de la atención inmediata de la misma” (art. 29).

 

 

2)   Matrimonio

En mayo de 2013, el Congreso de Uruguay sancionó la ley 19075, llamada “de matrimonio igualitario”, que en su art. 1° modifica el art. 83 del Código Civil por el siguiente texto: “El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo. El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado, no reconociéndose, a partir del 21 de julio de 1885, otro legítimo que el celebrado con arreglo a este Capítulo y con sujeción a las disposiciones establecidas en las leyes de Registro de Estado Civil y su reglamentación”.

La ley reforma todos los artículos del Código Civil que se refieren a los cónyuges como marido y mujer, e incorpora el nuevo concepto de matrimonio a las disposiciones vigentes.  Y regula en el art. 25 inc. 8, la adopción por parte de parejas homosexuales en cuanto al apellido del niño.

 

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

En diciembre de 2010 Uruguay sancionó la ley 18.426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, en la que “el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de conformidad con los principios y normas que se establecen en los artículos siguientes” (art. 1°).

En el art. 2, inc. b) se garantiza “la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de los usuarios y las usuarias” y en el inc. d) se estipula la necesidad de “capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la educación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía plena y en el respeto de los valores de referencia de su entorno cultural y familiar;

El art. 3, inc. f) asegura “el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables”, y el g) incluye “la ligadura tubaria y la vasectomía con consentimiento informado de la mujer y del hombre, respectivamente”.

El art. 4 se refiere a la protocolización de la atención sanitaria en materia de anticoncepción e infertilidad, así como al dictado de “normas para la atención integral de la salud de hombres y mujeres en la etapa del climaterio, incorporando la perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y disminuir la morbi-mortalidad vinculada a patologías derivadas de esta etapa del ciclo vital”.

El art. 6 menciona en su inc. e)   “la articulación de redes interinstitucionales eintersectoriales, particularmente con el sector educativo”

El art. 7 incorpora al Código de la Niñez y la Adolescencia el siguiente artículo:”Art. 11 bis. (Información y acceso a los servicios de salud).- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerle las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda.  De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes.  En caso de existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo con éste o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible”.

 

En diciembre de 2008 se sanciona la ley Ley 18.437 general de educación, donde se reafirman los principios de la laicidad, que “asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa” (art. 17) y de la igualdad de oportunidades o equidad (art. 18). Asimismo se afirma que el Estado “estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual” (art. 18).

La educación sexual es colocada dentro de las líneas transversales de todo el sistema (art. 40, inc. h), con el propósito de “proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos, la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute responsable de la misma” (art. 40).

 

 

4)   Clonación y fecundación artificial

Actualmente tiene media sanción en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida, que permite el acceso a los procedimientos a las parejas heterosexuales estables. El proyecto autoriza la fecundación heteróloga, la crioconservación y donación de embriones. Prohíbe la eliminación o descarte de embriones, así como su utilización para cualquier otro fin que no sea la procreación humana. Se permite la objeción de conciencia para los médicos, pero no para los directivos de los establecimientos. Se prohíbe la clonación y la alteración de la especie humana.

 

Asimismo, tiene estado parlamentario y se está debatiendo actualmente un proyecto de ley referido al uso de células madre.

 

 

5)   Eutanasia y muerte digna

En agosto de 2008 se sancionó en Uruguay la ley 18.335 de pacientes y usuarios de los servicios de salud. Allí se establece (art. 17) que “Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho incluye, entre otros, a: D) Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica), con excepción de lo dispuesto en la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, y sus modificativas”.

En el año 2008 también el Parlamento aprobó la ley 18.473 de voluntad anticipada, que otorga a toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, el “derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros. Del mismo modo, tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural. No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad, implica una oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondieren” (art. 1°). Esta voluntad “puede ser revocada de forma verbal o escrita, en cualquier momento por el titular” (art. 4).

Según el art. 5, “el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible, deberá ser certificado por el médico tratante y ratificado por un segundo médico en la historia clínica del paciente”. “En caso que el paciente en estado terminal de una patología incurable e irreversible certificada (…) y se encuentre incapacitado de expresarla, la suspensión de los tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad (art. 7).

La ley establece la posibilidad de objetar en conciencia en el art. 9: “de existir objeción de conciencia por parte del médico tratante ante el ejercicio del derecho del paciente objeto de esta ley, la misma será causa de justificación suficiente para que le sea admitida su subrogación por el profesional que corresponda”.

Se estipula para las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios de salud la obligación de “garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada del paciente (art. 10, A).

 

6)   Objeción de conciencia

El 17 de enero de 2013, ante la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Colegio Médico del Uruguay emitió la siguiente “Declaración preliminar sobre la Aplicación de la Objeción de Conciencia en la Solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo”:

“Considerando la situación de expectativa de la opinión pública ante los sucesos de pública notoriedad vinculados a la presentación de Objeción de Conciencia en relación con el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo contemplado en la Ley Nº 18987, el Colegio Médico del Uruguay, en cumplimiento de su deber de “vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica” (artículo 4, numeral 2 de la Ley de Colegiación Médica), realiza al respecto las consideraciones preliminares insertas a continuación.

La Objeción de Conciencia es un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país y cuyo ejercicio debiera llevarse a cabo con plenitud pero sin lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo. Lo precedente equivale a afirmar que la Objeción de Conciencia no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus limitaciones toda vez que pueda vulnerar los derechos de otras personas y que ante la presentación de Objeción de Conciencia por determinado profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema la obligación de asegurárselo.

Entendemos que en la conciencia, la última autoridad moral es uno mismo, un reducto racional que es necesario defender con responsabilidad y dando razones a uno mismo y a los otros en coherencia con las propias convicciones.

Es que, ajustándonos al texto de la Ley de interrupción del embarazo y su posterior Decreto interpretativo, habremos de utilizar como insoslayable marco referencial el Proyecto de Código de Ética Médica aprobado recientemente en Plebiscito por sus Colegiados, recordando aquellos Artículos del mismo que hacen referencia al tema en cuestión.

  • Art. 32.1.- El médico tiene derecho  a ejercer su profesión con autonomía de manera digna y libre de toda coacción.
  • Art. 36.- El médico tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia ética aunque estén autorizadas por la Ley. En ese caso tiene la obligación de derivar al paciente a otro médico.
  • Art. 40.- Si el médico, en razón de sus convicciones personales considera que no debe practicar un aborto aun cuando esté legalmente amparado, podrá retirarse de la asistencia, debiendo derivar la paciente a otro médico.
  • Art 3.8.- Es deber del médico ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, para que los pacientes y la sociedad tomen las decisiones que les competen.
  • Art. 10.- El médico debe propiciar que el paciente conozca sus derechos y sus obligaciones hacia las instituciones y los equipos de salud.
  • Art. 13.1.- Todo médico tiene el deber de dar una información completa, veraz y oportuna sobre las conductas diagnósticas o terapéuticas que se le propongan al paciente, incluyendo las alternativas disponibles en el medio.

En este contexto, el Colegio Médico del Uruguay llama a sus colegiados, a las autoridades de salud y a la población en general a preservar el correcto equilibrio en el pleno logro de estos derechos.

Además de estas consideraciones preliminares, el CMU seguirá profundizando en el tema y acompañando al cuerpo médico y a la población en su clarificación conceptual.

 

 

7)   Discriminación y violencia de género

En el año 2007, Uruguay sancionó la ley 18.104 de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República, en la cual se estipula que “el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género” (art. 2).

Se encomienda al Instituto Nacional de las Mujeres “el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito internacional de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y Mercado Común del Sur, relativos a la no discriminación de las personas por razones de género” (art. 3).

El art. 8 crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, presidido por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de (art. 9) “1) asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia. 2)     Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.3)        Promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel departamental.4)  Aprobar el plan anual de actuación del organismo, que será presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres”.

 

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos fue presentado en 2007, desde un enfoque de derechos que incluía la perspectiva de género: “la inclusión de esta perspectiva busca desnaturalizar el lugar de las mujeres y de los hombres en la sociedad, explicando que el sistema de poder de género ha sido una construcción social y no una determinación de la naturaleza. Por tanto, implica abordar los ejes de debate en los que se refleja la desigualdad y que pueden ser cambiados mediante la política pública. Entre estos ejes, podemos citar las falsas dicotomías entre lo público y lo privado, y entre lo productivo y lo reproductivo. Estas esferas se encuentran estrechamente vinculadas, pero el sistema de poder de género se ha construido estableciendo una estricta división en la cual el mundo público es masculino y el privado femenino. Las instituciones que apliquen las políticas públicas de igualdad deben trabajar con las perspectivas de género y de derechos para realizar efectivamente los objetivos del Plan. La incorporación de una mirada de género busca democratizarlas relaciones de género en el espacio público y privado. Para que esto sea posible se debe fomentar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, asegurarla igualdad de derechos para la diversidad de arreglos familiares y promoverla distribución equitativa de las responsabilidades familiares” (pág. 16).

 

 

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