Paraguay – Panorama jurídico

PARAGUAY

 

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Constitución del Paraguay (1992) establece que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos” (art. 4).

 

El Código Civil, por su parte, reconoce que “la persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordina da a la condición de que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno” (art. 28).

 

El Código Penal (1997) establece la siguiente normativa en relación al aborto:

  • Muerte indirecta por estado de necesidad en el parto. No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante actos propios del parto si ello, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre (art. 109).
  • La mujer que causare su aborto, por cualquier medio empleado por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con penitenciaría de quince a treinta meses. Si hubiere obrado en el interés de salvar su honor será castigada con prisión de seis a doce meses (art. 349).
  • El que sin el consentimiento de la paciente causare dolosamente el aborto de una mujer, empleando violencia o medios directos, será castigado con tres a cinco años de penitenciaría. Si resulta la muerte de la mujer, el culpable sufrirá de cinco a diez años de penitenciaría. En los demás casos, el aborto no consentido por la paciente será castigado con dos a cinco años de penitenciaría (art. 351).
  • Estará sin embargo exento de responsabilidad cualquiera de éstos que justificare haber causado el aborto indirectamente, con el propósito de salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo o por el parto (art. 352).
  • En caso de aborto, causado para salvar el honor de la esposa, madre, hija o hermana, las penas correspondientes serán disminuidas a la mitad (art. 353).

 

En 2001, la Ley 1680 (Código de la niñez y la adolescencia), afirma que “La protección de las personas por nacer se ejerce mediante la atención a la embarazada desde la concepción y hasta los cuarenta y cinco días posteriores al parto. Estarán obligadas a ella el progenitor y, en ausencia de éste, aquellas personas para quienes este Código establece la responsabilidad subsidiaria”.

 

El Código Sanitario de 1999 (ley 836) tiene una sección dedicada a la salud de las personas por nacer, en donde se establece que:

  • Las personas por nacer tienen derecho a ser protegidos por el Estado, en su vida y en su salud, desde su concepción (art. 15).
  • Durante la gestación la protección de la salud comprenderá a la madre y al ser en gestación como unidad biológica (art. 16).
  • El aborto en su calificación y sanción quedará sujeto a las disposiciones de la legislación penal común (art. 17).
  • La reproducción humana debe ser practicada con libertad y responsabilidad protegiendo la salud de la persona desde su concepción (art. 18).

Asimismo, en la Sección destinada a la salud de los progenitores y del hijo, se estipula:

  • Es obligación y derecho de los progenitores el cuidado de su salud y la de su hijo desde el inicio de la gestación (art. 21).
  • El Estado por su parte, protegerá y asistirá sanitariamente al niño desde su concepción hasta la mayoría de edad (art. 22).
  • Es responsabilidad de los establecimientos que presten atención obstétrica y pediátrica la identificación, el cuidado, la seguridad y la custodia del recién nacido mientras dure la internación de la madre o del lactante (art. 23).

 

La Resolución 146/2012 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, por la cual se establece la obligatoriedad de brindar acceso a los servicios de salud de calidad y atención sin discriminaciones, con efectivo cumplimiento del deber de confidencialidad y garantía de plena vigencia del secreto profesional en la atención, establece en su art. 1° que “todo el funcionariado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y profesionales de la salud de los sectores público y privado tienen la obligación de contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida, con énfasis en la satisfacción de las necesidades de salud, desde una perspectiva de derechos, sin ningún tipo de discriminación por razones de género, sexo, etnia, raza, nivel socio-económico, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra condición, y con respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, la equidad social y de género”.

Asimismo, en el art. 2 dispone que “todos los establecimientos de salud del sector público y privado deberán adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la salud y la atención médica con el fin de asegurar el acceso a servicios de salud, incluyendo la atención de las complicaciones post aborto.

El art. 9 de esta resolución pone en vigor las Normas de atención humanizada post aborto, en el marco de la estrategia de reducción de moralidad materna.

Dichas Normas encaran la reducción del “aborto inseguro”, promoviendo la mejora al acceso voluntario y la información “sobre los métodos anticonceptivos modernos, en especial a los grupos más vulnerados”, y la mejora de “la calidad y cobertura de los servicios de tratamiento post aborto”.

Sostiene que, “aunque el aborto está penalizado en Paraguay, la obligación de guardar el secreto profesional prevalece sobre la denuncia del aborto” y que “en la atención de mujeres en situación de post aborto no cabe la objeción de conciencia, bajo ningún pretexto. Es un delito negar la atención, en especial en las complicaciones derivadas del aborto inseguro, por tratarse de casos de urgencia”.

Asimismo, expresa esta Norma que “los principios fundamentales de bioética (ética aplicada a la vida) conlleva:

  • Autonomía: derecho de las mujeres a decidir sobre las cuestiones relacionadas a su cuerpo y a su vida.
  • Beneficio: obligación ética de maximizar el beneficio y minimizar el daño (hacer el bien).
  • No maleficencia: la acción siempre debe causar el menor daño al/la paciente, reduciendo los efectos adversos o indeseables de sus acciones (no perjudicar).
  • Justicia: el/la profesional de salud debe actuar con imparcialidad, evitando que los aspectos sociales, culturales, religiosos y morales y otros interfieran en la relación con la atención de las mujeres en situación post aborto, orientándose exclusivamente por las normas y el enfoque de derechos”.

Finalmente, la Norma encara la cuestión de la planificación familiar post aborto, afirmando que “es sumamente importante, a fin de evitar la repetición de un aborto inducido, que la usuaria tenga la posibilidad de prevenir un embarazo no planificado. Por ello, se debe ofrecer información y orientación sobre los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, en caso de que la mujer no desee una nueva gestación; proporcionar algún método, en caso de que la mujer así lo decidiera; ofrecer el seguimiento en el consultorio de planificación familiar del servicio”.

 

 

2)   Matrimonio

La Constitución de la República del Paraguay (1992) enuncia en si art. 49 que “la familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes”. Por su parte, el art. 50 reconoce a toda persona el “derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones”.

En el art. 51 se delega a la ley el establecimiento de “las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges”. Y con respecto a las uniones de hecho se afirma que: “las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley”.

Finalmente, el art. 52 define que “la unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la formación de la familia”.

 

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Constitución de la República del Paraguay establece en su art. 55 que “la maternidad y la paternidad responsables serán protegidas por el Estado, el cual fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines”. A su vez, el art. 61 se refiere directamente a la salud reproductiva: “el Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes educación, orientación científica y servicios adecuados, en la materia. Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil para la población de escasos recursos”.

 

La ley 836 de 1999 (Código Sanitario), por su parte, estipula que:

  • La reproducción humana debe ser practicada con libertad y responsabilidad protegiendo la salud de la persona desde su concepción (art. 18).
  • Corresponde al sector salud, bajo la supervisión y control del Ministerio, promover, orientar y desarrollar programas de investigación, información, educación y servicios médico-sociales dirigidos a la familia y todo lo relacionado con la reproducción humana, vigilando que ellos se lleven a cabo con el debido respeto de los derechos fundamentales del ser humano y a la dignidad de la familia (art. 19).
  • Los programas de protección familiar deben obedecer a las estrategias del sector salud, en coincidencia con los planes y exigencias del desarrollo económico y social, de acuerdo con los valores y expectativas de la Nación (art. 20).

 

La Ley 1680 de 2001 (Código de la Niñez y la Adolescencia) se refiere en su art. 14 al “derecho a la salud sexual y reproductiva”, afirmando que: “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares. Los servicios y programas para adolescentes deberán contemplar el secreto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su personalidad respetando el derecho y la obligación de los padres o tutores”.

 

La ley orgánica municipal (ley 3966 de 2010) enuncia entre las funciones de las municipalidades en materia de salud higiene y salubridad, “la elaboración e implementación de planes especiales de salud reproductiva planificación familiar, salud sexual y salud materno-Infantil para la población de escasos recursos” (art. 12, 7.g)

 

Por su parte, el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009 – 2013, elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, se coloca como objetivo estratégico mejorar la salud sexual y reproductiva de la población del Paraguay “a través de la ejecución de políticas y planes integrados, con enfoque de género y de derechos orientados por la política de salud y sus principios de universalidad, integralidad, equidad, calidad y participación social”. Este Plan distingue algunos ámbitos de acción, a saber:

  • Maternidad Segura.
  • Planificación Familiar.
  • Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
  • Educación de la Sexualidad. Trabajo con niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
  • Prevención y Atención a otras enfermedades, daños y disfunciones que afectan la salud sexual y reproductiva.
  • Prevención y Atención a personas en situación de Violencia Sexual y Violencia basada en Género (VBG).
  • Abogacía, Comunicación Educativa y Participación.
  • Monitoreo y Evaluación.

 

4)   Clonación y fecundación artificial

La Ley 836 de 1999 (Código Sanitario) establece algunas pautas con respecto al tratamiento de la reproducción humana, a saber:

  • Debe ser practicada con libertad y responsabilidad protegiendo la salud de la persona desde su concepción (art. 18).
  • Corresponde al sector salud, bajo la supervisión y control del Ministerio, promover, orientar y desarrollar programas de investigación, información, educación y servicios médico-sociales dirigidos a la familia y todo lo relacionado con la reproducción humana, vigilando que ellos se lleven a cabo con el debido respeto de los derechos fundamentales del ser humano y a la dignidad de la familia (art. 19).

 

5)   Eutanasia y muerte digna

El art. 106 del Código Penal del Paraguay tipifica el “homicidio motivado por súplica de la víctima”, determinando que: “el que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años”.

 

6)   Objeción de conciencia

La Constitución de la República del Paraguay enuncia entre las declaraciones fundamentales la libertad religiosa y la ideológica: “quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial (…). Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología” (art. 24).

En el art. 37 se reconoce explícitamente el derecho a la objeción de conciencia: “se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan”.

 

En 1995, la ley 783 reglamenta la objeción de conciencia con respecto al servicio militar, creando en su art. 8 un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.

 

 

7)   Discriminación y violencia de género

La Constitución de la República del Paraguay, en su art. 46 estipula que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.

Asimismo, “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2. la igualdad ante las leyes; 3. la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4. la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura” (art. 47).

El art. 48 se refiere a la igualdad de derechos del hombre y la mujer, afirmando que “el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional”.

El art. 73, al tratar el derecho a la educación y sus fines, menciona “la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio”.

El art. 60 se refiere a la protección contra la violencia, y establece que “el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad”.

 

Por su parte, el Código Penal del Paraguay, en su art. 229 preceptúa que “el que, en el ámbito familiar, habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa”.

 

 

 

 

 

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