Panamá – Panorama jurídico

PANAMÁ

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Ley N° 3 de 1994, Código de la Familia, dispone que “los alimentos comprenden una prestación económica, que debe guardar la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quien o quienes los requieran. Éstos comprenden: (…)  4. Tratándose de menores, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la concepción” (art. 377).

Por otra parte, el art. 698 establece que “sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre salud y protección materno-infantil, previstas en el Código de Salud y leyes especiales, compete al Estado la protección de la salud del ser humano desde el período prenatal y a través de toda su vida”.

 

2)   Matrimonio

La Ley N° 3 de 1994, Código de la Familia, establece que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común” (art. 26). Además, el art. 34 dispone que “no pueden contraer matrimonio entre sí: 1. Las personas del mismo sexo”.

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Constitución de Panamá, en su art. 106 estipula que “en materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación: (…) 3. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo en la niñez y adolescencia”.

 

La Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, Código Sanitario de Panamá, estipula en su art. 154 que “es primordial obligación del Estado la protección y asistencia gratuitas de la  maternidad y la infancia, que comprende: 1) La atención preventiva y la asistencia médico-curativa y social, de toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio, hasta ocho [8] semanas después del parto; y de todo niño desde su nacimiento hasta el fin de la edad escolar; 2) El control de toda institución pública o privada que se ocupe en cualquier forma  de la protección sanitaria, médica o social de los grupos indicados, control no sólo destinado a establecer las condiciones de instalación y de higiene, sino también las de funcionamiento, con el objeto de coordinarlas y evitar la dispersión de esfuerzos y de actividades”.

 

La Ley N° 3 de 1994, Código de la Familia, dispone en su art. 699 que “el Estado ofrecerá, en todos los núcleos de población, servicios de asistencia médico-sanitaria gratuitos a la madre gestante durante el embarazo, el parto y el puerperio, si ella no pudiera sufragarlos, y también, subsidio alimentario, si estuviese desempleada o desamparada”.

 

 

El Decreto Ejecutivo N° 268 del año 2001, que determina los problemas de salud de notificación obligatoria, estipula en su Art. 3 que “se declaran problemas de salud de notificación obligatoria en la República de Panamá, los siguientes: (…) 50. Muertes maternas y perinatales. (…) 78. Violencia intrafamiliar”. Por su parte, el art. 4 establece que “son problemas de salud de notificación obligatoria e inmediata: (…) 29. Violencia Intrafamiliar (…). La notificación inmediata debe ser hecha por teléfono, fax, correo electrónico o personalmente. Además, el encargado de la entidad de salud o quien él designe, deberá enviar posteriormente una nota dirigida al Coordinador de Epidemiología de su área, como constancia escrita”.

 

En febrero de 2013, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley 196, que regula la esterilización quirúrgica en el país.

 

4)   Clonación y fecundación artificial

El Código Penal de Panamá determina que “quien, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una tara o enfermedad grave, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la alteración del genotipo fuera realizada por culpa, la pena será de treinta a cien días multa” (art. 145).

También establece que “quien practique reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de dos a seis años” (art. 146).

El art. 147 expresa que “quien fecunde óvulos humanos con un fin distinto a la procreación será sancionado con prisión de seis a diez años. Se agravará hasta la mitad de la pena máxima, a quien utilice la ingeniería genética para crear seres humanos idénticos, mediante clonación u otro procedimiento para la selección de la raza”.

 

La Ley N° 3 de enero de 2004, prohíbe toda forma de clonación humana en su art. 1°: “se prohíbe toda forma de promoción, financiamiento y/o donación, así como el uso de fondos públicos o privados para inversión en experimentación, investigación y desarrollo de toda forma de clonación humana, entendiendo por esta la creación de un embrión que sea réplica biológica de un ser humano a partir de la estructura de su ácido desoxirribonucleico (ADN)”.

Sin embargo, el art. 2 aclara que, “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se permitirá la reproducción de tejidos para la reparación de órganos con fines terapéuticos de prevención y cura de enfermedades, a partir del cordón umbilical del recién nacido o cualquier técnica o método científico que se desarrolle, únicamente para el beneficio de este, de sus familiares o de terceros, con el consentimiento de la persona de quien se extrajo el material orgánico o quienes ostenten su representación. La reproducción de tejidos será permitida siempre que no implique la reproducción de seres humanos y no medie interés lucrativo alguno por quien otorgue el consentimiento”.

 

 

5)   Eutanasia y muerte digna

La Ley 68, de 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada, estipula en su art. 32 que “se prohíbe el ejercicio de la eutanasia”.

El art. 23 de esa ley expresa que “el equipo de salud actuante de toda unidad hospitalaria deberá mantener aquellas medidas que permitan la mejor calidad de vida posible del paciente, hasta su fallecimiento, para lo cual deberá contar con unidades operativas de cuidados paliativos. Los centros de atención primaria ofrecerán los cuidados paliativos prolongados,  que garanticen la mejor calidad de vida  y alivio del dolor mediante la atención del personal médico de que dispongan”.

El capítulo VI de esa misma ley está dedicado al “Documento de Voluntades Anticipadas”. Allí se establece que “El documento de voluntades anticipadas es aquel dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad o un menor al que se le reconoce capacidad conforme al Código de la Familia y del Menor, deja constancia de los deseos, previamente expresados, sobre las actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, por medio del consentimiento informado, y por el equipo médico que le asista en tal situación. En las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para que, en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se evite el sufrimiento con medidas paliativas, aunque se acorte el proceso vital, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte. Para tal efecto, en las manifestaciones de las voluntades anticipadas, la persona puede designar a un representante cuando no pueda expresar su voluntad por sí misma. Esta persona será la única interlocutora válida y necesaria con el médico o el equipo sanitario. En la declaración de voluntad anticipada, la persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto de la donación total o parcial de sus órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación, una vez llegado el momento de su muerte. En este supuesto no se requerirá ninguna autorización para la extracción o utilización de los órganos donados” (art. 33).

El art. 34 dispone que “el documento de voluntades anticipadas deberá ser respetado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna relación con su autor, como si se tratara de un testamento. Para su plena efectividad, el documento de la declaración de voluntades anticipadas deberá haber sido otorgado en las condiciones citadas en el artículo anterior, formalizándose por alguno de los siguientes procedimientos: 1. Ante notario.  En este supuesto no se precisa la presencia de testigos. 2.    Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante.

El art. 35 establece que “los médicos o equipos médicos destinatarios de la declaración de voluntades anticipadas no tendrán en cuenta las instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evidencia científica disponible o las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. En estos casos, debe hacerse  la anotación razonada pertinente en el expediente clínico. La administración del hospital o centro de salud adoptará las medidas necesarias para garantizar la voluntad anticipada del paciente, recogida en el documento”.

Finalmente, en art. 36 estipula que “el documento que recoja la declaración de voluntades anticipadas deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, por sus familiares o por su representante al centro de salud u hospitalario donde la persona sea atendida. Este documento deberá incorporarse al expediente clínico del paciente”.

 

El Decreto Ejecutivo 1458 de noviembre de 2012 aborda también la cuestión del documento de voluntades anticipadas, estableciendo que:

  • “Cualquier persona mayor de edad que no haya sido judicialmente incapacitada para ello, adolescentes mayores de 16 años o menores emancipados, al que se le reconoce capacidad conforma al Código de Familia, y actúe libremente, tiene derecho a dejar constancia, manifestar sus deseos e instrucciones por escrito, sobre el tratamiento o cuidados que el médico y el equipo sanitario que le atiendan respetarán, cuando se encuentre en una situación que no le sea posible expresar su voluntad” (art. 26).
  • “La manifestación de la voluntad, previamente expresadas por el otorgante, deberá contener: 1. Cualquier decisión que se deba tomar en el ámbito personal, con respecto a los momentos finales de su vida u otras situaciones de graves limitaciones físicas y psíquicas. 2. Las situaciones sanitarias concretas que deseen se tomen en cuenta, ya sea de aceptación o rechazo de determinados tratamientos o cuidados, incluida la fase terminal, sobre todo cuando se tenga información de probabilidades evolutivas, en el caso de enfermedades crónicas. 3. Las instrucciones y límites sobre las actuaciones médicas ante las situaciones sanitarias previstas que expresen la aplicación o no de tratamientos, cuidados y medidas de soporte vital para prolongar la vida tales como de tipo cardiopulmonar, diálisis, conexiones a respirador, nutrición e hidratación artificial y otras. 4. La designación de un representante para que actúe como interlocutor válido y necesario que lo sustituya en la interpretación y cumplimiento de las instrucciones, en caso de que no pueda expresar su voluntad ante el médico y equipo sanitario responsable” (art. 29).

El Capítulo V de este Decreto establece que:

  • “En caso que la junta médica determine que un paciente se encuentra en fase terminal, quedará consignado en el expediente clínico. En caso de ausencia de manifestación escrita del propio paciente, de persona designada o su representante legal, el médico responsable sólo aplicará medicamentos y/o tratamientos al paciente, mientras exista la posibilidad de mejoría notoria o con el fin de aliviar la enfermedad. En todo caso, el médico responsable no deberá someter al paciente a procedimientos o tratamientos que, a su criterio sean extraordinarios, desproporcionados o inútiles científicamente, para el manejo de su estado de salud” (art. 35).
  • “En caso de los menores de edad, el médico tratante y la institución tomarán en cuetna el pronóstico de vida y la protección al menor contemplada en el Código de la Familia” (art. 37).

 

 

6)   Objeción de conciencia

7)   Discriminación y violencia de género

La Ley No. 4 de 1999, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, se fundamenta en “1. Prohibición de toda discriminación basada en el sexo; igualdad ante la ley y demás derechos individuales y sociales, y garantías fundamentales que consagra la Constitución Política que obliga al Estado a legislar sin discriminación y a aplicar igualitariamente las leyes a las personas individuales y a los colectivos. 2. Garantía de los derechos básicos de las humanas e igualdad de trato y oportunidades de desarrollo social, contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga al Estado a condenar la discriminación de género y a establecer políticas públicas para eliminarla. 3. Condena de todo tipo de violencia contra las mujeres contemplada en la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar toda Clase de Violencia contra la Mujer, y que obliga al Estado a proteger a este sector social de los actos violentos, violatorios de sus derechos humanos. (…). 5. Equidad, justicia y respeto a la vida humana, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (art. 1).

El art. 2 aclara que “el objetivo de la presente Ley es el desarrollo de la política pública antidiscriminatoria de género por parte del Estado, tendiente a: 1. Lograr la integración plena de las mujeres panameñas al proceso de desarrollo político, económico, social y cultural del país. 2. Propiciar el desarrollo de estrategias y acciones que permitan, con equidad social, la plena incorporación de las mujeres al proceso de desarrollo sostenible del país. 3. Fomentar la creación de estructuras y mecanismos institucionales, que posibiliten la formulación de políticas públicas con perspectiva de género y garanticen la coordinación, ejecución y evaluación de programas y medidas, destinados a las mujeres. 4. Contribuir a la democratización plena del país, mediante la participación de las mujeres en todos los procesos y toma de decisiones, que inciden en su vida individual y colectiva. 5. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias en la perspectiva de género, en la naturaleza de las relaciones intergenéricas y en diversos enfoques, que permitan variar las concepciones tradicionales que tienden a excluir a las mujeres del ámbito público limitándolas al privado. 6. Capacita, tanto a los hombres como a las mujeres, en la visión intergenéricas para promover igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las relaciones de igualdad dentro de la familia”.

El art. 4 define varios términos empleados por la Ley, entre ellos del de “Género”. Afirma que este vocablo “denomina la construcción social de las identidades diferenciada de mujeres y hombres. Consiste en la adscripción de identidades, roles y valores diferenciales entre mujeres y hombres, los que se expresan como desigualdades sociales”. En cuanto a la “perspectiva de género”, esta es, para la Ley, “la que incluye los intereses, derechos, necesidades, realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en cada aspecto, a nivel de una política, plan o programa. Forma de ver y entender las múltiples formas de subordinación y discriminación que, frente a los hombres, experimentan las mujeres de distintas edades, etnias, razas o condiciones socioeconómicas, o por discapacidades, preferencias sociales, ubicaciones geográficas y otras, dando lugar a la diversidad entre las mujeres que influye en la manera como se experimenta, dicha subordinación y discriminación, roles, tareas o papeles que se le asignan a una persona en una sociedad”. También define la “subordinación de la mujer” como el “sometimiento de la mujer al control y autoridad del hombre o de las estructuras patriarcales. Pérdida del control sobre diversos aspectos de su vida, tales como su sexualidad, su capacidad reproductiva o su capacidad de trabajo”. Y con “violencia de género” se refiere a las “formas que perpetúan la dicotomía entre las mujeres y los hombres y que aseguran la interioridad de un género sobre el otro. Tales formas violan derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, mental y moral, así como la seguridad de la persona y su dignidad. Esta forma de discriminación inhibe seriamente las habilidades de las mujeres para disfrutar de los derechos y libertades sobre la base de la igualdad con los hombres”.

En el Capítulo VII se aborda la cuestión de la salud, estableciéndose que “la política pública que el Estado desarrollará para promover la igualdad de oportunidades en materia de salud, contempla: l. Redefinir las políticas de salud con enfoque de género, y alcanzar un entendimiento claro por pare de todos los niveles jerárquicos, políticos, técnicos y de apoyo, para lograr coherencia en su aplicación. 2. Fomentar la concepción integral de la salud de población, psicosocial, preventiva, individual y colectiva; y del ambiente, natural y sociocultural, así como valorizar y rescatar la medicina tradicional. (…). 5. Realizar investigaciones participativas con enfoque de género, en las áreas de salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y violencia. (…). 8. Promover la enseñanza de la sexualidad y reproducción, como medio preventivo para garantizar una buena salud sexual y reproductiva. (…).  12. Impulsar programas de prevención del embarazo en la adolescencia. (…). 14. Desarrollar programas para atender el programa de los abortos despenalizados por el Código Penal. (…). 18. Desarrollar campañas y acciones que logren la participación igualitaria de hombres y mujeres en la planificación familiar” (art. 13).

Con respecto a la educación, el art. 17 estipula que “la política pública que promoverá el Estado panameño en materia de educación y cultura, para la igualdad de las oportunidades de la mujer, comprende: 1. Actualizar los perfiles y los planes y programas de estudios, a fin de elimina el enfoque y los contenidos sexistas y androcéntricos en los textos escolares y materiales educativos, desde el nivel preescolar hasta la universidad. 2. Capacitar a los docentes en el componente género, para que se aplique en todo proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo. (…). 5. Desarrollar programas de educación sexual que, desde el nivel preescolar, orienten hacia una comprensión responsable y funcional de la sexualidad como actividad vital y normal del ser humano. 6. Incluir, en el currículo de formación de los docentes, contenidos referidos a la eliminación de preconceptos y prácticas discriminatorios contra las mujeres y su contribución al desarrollo social. (…). 11. Elaborar la guía del profesorado sobre la igualdad educativa de los sexos”.

La Ley determina varios grupos de especial interés (Capítulo XII), entre los cuales se encuentran las niñas y las mujeres jóvenes. Para ellas estipula líneas de trabajo como “2. Desarrollar acciones educativas a fin de desarraigar los prejuicios basados en el género de los programas de estudios, materiales y prácticas, así como de las actitudes de los maestros y profesores y de las relaciones dentro del aula. 3. Promover la educación de la sexualidad, vista como un proceso de desarrollo de los seres humanos, que debe iniciarse desde los primeros años de vida, con respeto, igualdad y responsabilidad. (…). 5. Desarrollar y aplicar políticas, planes de acción y programas amplios, a fin de erradicar todas las formas de violencia, de explotación sexual y laboral; las violaciones y el incesto; la prostitución infantil; la maternidad y el matrimonio a edad temprana, considerando que la niña es más vulnerable a todo tipo de maltrato. 6. Velar porque se desglosen, por sexo y edad, todos los datos relativos a las niñas en cuanto a salud y educación y otros sectores, a objeto de incluir una perspectiva de género en la planificación, aplicación y vigilancia de programas. 7. Propiciar investigaciones con el enfoque de género, que proporcionen la mayor información sobre la situación de las niñas” (art. 21). Y también “1. Propiciar investigaciones con enfoque de género, que proporcionen la mayor cantidad de información sobre identidad, autoestima, valores, creencias, temores y expectativas de la población joven. (…). 7. Promover la educación de la sexualidad como proceso normal del desarrollo de los seres humanos, hombres y mujeres, con respecto, igualdad y responsabilidad” (art. 22).

 

La Ley N° 38 de 2001 reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente.

 

La Ley N° 29, de junio de 2002, garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada.

 

En el año 2004 la Asamblea Legislativa de Panamá sancionó la Ley N° 16, por la cual se dictan disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modifica y adiciona artículos a los Códigos Penal y Judicial. En el art. 1° se dispone que “la presente Ley tiene como objetivo fundamental, proteger a las personas menores de edad de cualquier manifestación de explotación sexual, en todas sus modalidades, mediante el establecimiento de normas preventivas y sancionatorias, de acuerdo con el interés superior de la niñez y la adolescencia, su protección integral y los principios rectores de la Constitución Política, el Libro Tercero del Código de la Familia y del Menor y los tratados y convenios internacionales sobre la materia aprobados y ratificados por Panamá”.

 

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