Nicaragua – Panorama jurídico

NICARAGUA

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su art. 23 que “el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”.

El Código Civil de este país, define a la persona naturales como “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (art. 2). “La existencia legal de toda persona principia al nacer” (art. 5).

Utiliza la categoría de “personas por nacer” para “las que están concebidas en el vientre materno” (art. 11). “La ley protege la vida del que está por nacer. La autoridad, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona, o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del que está por nacer siempre que crea que de algún modo peligra” (art. 13).

El art. 19 deja claro que “desde la concepción en el seno materno, comienza la existencia natural de las personas, y antes de su nacimiento deben ser protegidas en cuanto a los derechos que por su existencia legal puedan obtener. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos, si los concebidos en el seno materno nacieren con vida. Y el art. 20 concluye: “si murieren antes de estar completamente separados del seno materno, se reputarán no haber existido jamás”.

En cuanto al Código Penal, penaliza el aborto en los artículos 143-149. Reprime con pena de prisión a quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer, así como a la mujer que cause su aborto o lo autorice  (art. 143), también al que practique aborto a una mujer sin su consentimiento (art. 144) y el aborto imprudente (art. 145). Los arts. 148 y 149 penalizan al que cause lesiones o enfermedad en el no nacido

El Código Penal también castiga el infanticidio en el art. 567: “9. Los acusados o sentenciados por el delito de infanticidio establecido en el artículo 136 del Código derogado, deberán ser juzgados por el delito de homicidio agravado por la circunstancia contemplada en el artículo 36 numeral 2 del presente Código, y en los casos de condena por este delito, ésta deberá ser revisada conforme a esta disposición”.

La Ley 287 de 1998, Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, estipula en su art. 12 que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida desde su concepción y la protección del Estado a través de políticas que permitan su nacimiento, supervivencia y desarrollo integral y armonioso en condiciones de una existencia digna”.

2)   Matrimonio

La Constitución Política de la República de Nicaragua estipula que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado” (art. 70). Y en el art. 72 leemos: “el matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia”. “Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer” (art. 73).

El Código Civil de Nicaragua establece que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida, y tiene por objeto la procreación y el mutuo auxilio” (art. 94).

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su art. 73 que “las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer”. Y más adelante: “El Estado protege la paternidad y maternidad responsable. Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad” (art. 78).

La Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, afirma que “corresponde al Estado con la participación activa de la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad civil, desarrollar programas necesarios para reducir la tasa de mortalidad infantil, prevenir las enfermedades que afectan a las niñas, niños y adolescentes y reducir los índices de desnutrición. Se deberá otorgar prioridad en estos programas a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y a la niña o adolescente madre durante los períodos de gestación y lactancia. Corresponden al Estado con la participación activa de la familia, la escuela y la comunidad desarrollar la atención preventiva de la salud dirigida a la madre y al padre en materia de educación sexual y salud reproductiva” (art. 39).

En 2001, la Ley de Juventud, N°. 392, declaró que “las y los jóvenes tienen derecho a: 1. La vida y condiciones humanas dignas, para que se desarrollen personal, familiar y socialmente. 2. Que se respete a su integridad física, psíquica, moral y social y a no ser sometidos a ningún tipo de violencia sea ésta familiar, sexual, social o de cualquier otra forma que menoscabe su dignidad humana. 3. Tener una familia y desarrollar relaciones familiares solidarias, respetuosas y armónicas. 4. Recibir una educación sexual, científica en los centros educativos como una materia más del pensum académico desde quinto grado de educación primaria y ejercer los derechos reproductivos y sexuales con responsabilidad, para vivir una sexualidad sana, placentera y prepararlos para una maternidad y paternidad responsable” (art. 5).

En su art. 16, esta ley se refiere al sistema educativo, estipulando que el mismo debía “contribuir a una educación sana y responsable que promueva el respeto de los derechos sexuales y reproductivos; la paternidad y maternidad responsable y sin riesgo, así como la prevención de enfermedades de transmisión sexual” (inc. 7).

En el art. 18, estipula que “las instituciones de salud deben de asegurar a las y los jóvenes servicios apropiados para disminuir los índices de jóvenes con enfermedades inmuno prevenibles, de transmisión sexual  y mortalidad materna por embarazos precoces; para ello es necesario: 1. Brindar información a las y los jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva, en particular el embarazo de las adolescentes, los embarazos no deseados, el aborto en condiciones de riesgo, las ETS (enfermedades de transmisión sexual) y el VIH/SIDA. 6. Coordinar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para capacitar a los jóvenes sobre salud sexual científica y reproductiva en los centros educativos”.

Y el art. 44 establece que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación, sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo y la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa”.

La Ley General de Salud, N° 423, aprobada en 2002, establece que “lLas instituciones estatales deben diseñar, ejecutar, evaluar políticas, planes, programas y proyectos, que deben aplicarse conforme a los siguientes lineamientos: 8) Implementar la educación sexual y reproductiva en el marco del respeto a la dignidad humana de mujeres y hombres, fundamentada en información veraz, científica y completa, con participación de las madres y los padres” (art. 23).

Con respecto al papel del Ministerio de Salud  en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, éste “debe aplicar los siguientes lineamientos generales: 1) Establecer planes, programas y proyectos que posibiliten el acceso de las mujeres y hombres, sin distinción alguna y en todas las etapas de su vida, a los servicios de atención en salud integral, información, educación, higiene y servicios de bajo costo y buena calidad; servicios de salud preventiva y curativa, sexual y reproductiva; prevención, detección y atención a las infecciones de transmisión sexual y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida y la reducción de la mortalidad materna. 2) Impulsar programas de educación y servicios integrales de salud sexual y reproductiva que promuevan el acceso universal de mujeres y hombres, a los mismos, así como informar a los y las adolescentes del cuido y manejo responsable de la sexualidad, en coordinación con los programas de educación de esta materia. 3) Desarrollar programas de detección, prevención y atención de la violencia física, psíquica y sexual contra las mujeres y la familia. 4) Facilitar en forma oportuna y adecuada a mujeres y adolescente con embarazos de riesgo, la prestación de servicios médicos especializados para el cuido de la salud de la madre y su hijo, y atención psicológica en sus períodos pre y post natal; también incentivar proyectos de casas albergues. 7) En el ejercicio de una maternidad y paternidad responsable, las mujeres y los hombres deberán contar con toda la información y educación científica actualizada, oportuna, veraz, suficiente y completa, al igual que los servicios de salud reproductiva necesaria, para la planificación familiar” (art. 25)

Poco más adelante se afirma también que “la atención en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia será de acuerdo al Programa de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud. Este programa incluirá las acciones de control prenatal, atención del parto, del puerperio, recién nacido, detención precoz del cáncer de cuello uterino y mamas, así como acciones para la salud sexual y reproductiva” (art. 32).

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva “Actuar hoy, para asegurar un futuro mejor para todos”, aprobada en 2008, asume el enfoque de género y se propone lograr determinados objetivos, a saber:

  • Mejorar la calidad y oportunidad de la atención integral a la salud adolescente para la construcción del pensamiento crítico sobre el desarrollo del ejercicio de la sexualidad desde un enfoque de habilidades para la vida y de desarrollo humano
  • Promover la sexualidad responsable y sana impulsando el acceso universal a la educación de la sexualidad integral y científica, en un marco de derechos y acorde con la edad y cultura
  • Fomentar las decisiones informadas y responsables de las personas en la selección y uso de métodos anticonceptivos seguros y efectivos mediante la oferta de servicios de planificación familiar accesibles y de calidad
  • Mejorar la salud materna y perinatal a través de la oferta de servicios obstétricos esenciales oportunos y de calidad a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como al recién nacido que fomenten la maternidad y paternidad responsable
  • Contener la incidencia de las ITS, el VIH y el SIDA y mitigar los efectos de la epidemia mediante acciones para la promoción de comportamientos individuales y sociales responsables con respecto a la sexualidad, la prevención de todas las formas de transmisión y el acceso al tratamiento específico
  • Promover la prevención de la violencia de género y sus secuelas a través de la promoción de estilos de vida saludable libres de violencia y la detección, atención y rehabilitación de las personas afectadas
  • Mejorar la salud de las mujeres y los hombres mediante el diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y oportuno de tumores malignos del aparato reproductivo
  • Fomentar el ejercicio del derecho reproductivo a tener el número de hijos deseados mediante la prevención y atención de los problemas de esterilidad e infertilidad de las mujeres y los hombres
  • Mejorar la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y oportuno de disfunciones sexuales y de los problemas relacionados con la etapa post reproductiva.

En el año 2010, el Ministerio de Educación emitió la publicación “Educación de la sexualidad. Guía básica de consultas para docentes”, de 250 páginas de extensión.

4)   Clonación y fecundación artificial

El Código Penal de Nicaragua, en su art. 146 aborda el tema de la manipulación genética y la clonación de células: “quien altere el tipo de la estructura vital o el genotipo por manipulación de genes humanos, por razones distintas a las terapéuticas, será penado con prisión de uno a tres años. Quien experimente o manipule material genético que posibilite la creación de híbridos humanos o la clonación, será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. Con la misma pena se sancionará a quienes experimenten o manipulen material genético humano con fines de selección de raza. Quien artificialmente fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, será castigado con pena de prisión de dos a cinco años. En todos los casos descritos en los numerales anteriores se impondrá, además de la pena de prisión, la de inhabilitación especial de cuatro a siete años para ejercer profesión u oficio relacionado con la salud”.

5)   Eutanasia y muerte digna

El Código Penal de Nicaragua establece que “el que ocasione la muerte de otro a petición expresa suya a causa de una enfermedad incurable o un padecimiento insoportable, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión” (art. 142).

6)   Objeción de conciencia

La Constitución de Nicaragua prescribe que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias” (art. 29).

7)   Discriminación y violencia de género

La Constitución Política de Nicaragua afirma que “el Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión” (art. 4). Y más adelante: “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social” (art. 27).

En 2008 se sancionó la Ley N° 648, de igualdad de derechos y oportunidades. En su art. 1° se adelanta que “es objeto de la presente Ley promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres; establecer los principios generales que fundamenten políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer y establecer los mecanismos fundamentales a través de los cuales todos los órganos de la administración pública y demás Poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán la efectiva igualdad entre mujeres y hombres”. Se afirma también que “la presente Ley se fundamenta en la igualdad, equidad, justicia, no discriminación y no violencia, así como el respeto a la dignidad y la vida de las personas” (art. 2).

El art. 6 expresa que “a fin de dar cumplimiento a la presente Ley, se establecen los siguientes lineamientos generales de políticas públicas: 1) Se garantiza la incorporación del enfoque de género que asegure la participación de mujeres y hombres en las políticas públicas por parte de los Poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional, Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, municipalidades y las instituciones de creación constitucional como estrategia integral para garantizar la igualdad y la eliminación de todas las formas de discriminación. 2) Las políticas públicas, acciones, programas y proyectos para el logro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres serán diseñadas y ejecutadas en el marco del desarrollo humano sostenible y con la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza. 3) Los Poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional, los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las municipalidades y las instituciones de creación constitucional, en la elaboración, planificación y evaluación de las políticas públicas dentro del ámbito de su competencia, designarán o crearán una instancia responsable de coordinar, asesorar y evaluar la aplicación del enfoque de género en la política pública. Los Poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional, los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las municipalidades y las instituciones de creación constitucional, incorporarán a sus sistemas de seguimiento y evaluación de sus políticas, la desagregación por sexo de sus estadísticas que permitan conocer el avance de la igualdad en sus respectivas gestiones”.

La Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, se sancionó en 2020. Tiene por objeto “actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder” (Art. 1°).

El art. 2 establece que “la presente Ley se aplicará tanto en el ámbito público como en el privado a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada. Los efectos de esta Ley, serán aplicables a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia.

Violencia en el ámbito público: Es la que por acción u omisión dolosa o imprudente, tiene lugar en la comunidad, en ámbito laboral e institucional o cualquier otro lugar, que sea perpetrada en contra de los derechos de la mujer por cualquier persona o por el Estado, autoridades o funcionarios públicos.

Violencia en el ámbito privado: La que se produce dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer”

El at. 4 se refiere a los principios rectores de la ley, entre los cuales se mencionan los siguientes:

  • El principio de acceso a la justicia
  • El principio de igualdad real
  • El principio del interés superior del niño
  • El principio de no discriminación
  • El principio de no victimización secundaria
  • El principio de no violencia
  • El principio de plena igualdad de género

El art. 8 enumera las “formas de violencia contra la mujer”: “la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad que viven las mujeres en las relaciones de poder, reconocida por el Estado como un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y en particular:  misoginia; violencia física; violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer; violencia laboral contra las mujeres; violencia patrimonial y económica; violencia psicológica; violencia sexual (entendida esta última como “toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco”).

A continuación, el art. 9 tipifica y reprime el femicidio, como el que comete aquel hombre que “en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación, de pareja o de intimidad con la víctima; b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela; c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo; e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación; f) Por misoginia; g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima; h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal”.

El art. 13 tipifica el delito de “intimidación o amenaza contra la mujer: el hombre que mediante expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos o cualquier otro medio intimide o amenace a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de seis meses a un año. La pena será de seis meses a dos años de prisión, cuando se dé una de las siguientes circunstancias: a) Si la intimidación o amenaza se realizare en el domicilio o residencia de la mujer, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado; b) Si el hecho se cometiere en presencia de las hijas o hijos de la víctima; c) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia al cuerpo policial o militar; d) Si el hecho se cometiere con armas corto punzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad física o a la salud”.

 

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