Honduras – Panorama jurídico

HONDURAS

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Constitución de Honduras establece en su art. 59 que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”. En el art. 65 se reconoce que “el derecho a la vida es inviolable”; y, más adelante, se afirma que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley” (art. 67).

 

El Código Civil trae las siguientes disposiciones:

  • “La existencia legal de toda persona principia al nacer. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás” (art. 52).
  • “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra” (ART. 53).
  • “Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiere nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectué. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron” (Art. 54).

 

El Código Penal de Honduras, tipifica el aborto como “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto” (art. 126). Está penalizado cuando fuera intencionalmente causado. Son pasibles de pena la mujer, el agente que obre con o sin consentimiento de ésta, el médico, practicante, paramédico, enfermero, partero o comadrona que abusando de su profesión causa o coopera en el aborto (art. 127), así como el aborto preterintencional (art. 132).

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (Decreto Nº 73-96) estipula en su art. 1º que “para todos los efectos legales se entiende por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años. La niñez legal comprende los períodos siguientes: La infancia que se inicia con el nacimiento y termina a los doce (12) años en los varones y a los catorce (14) años en las mujeres y la adolescencia que se inicia en las edades mencionadas y termina a los dieciocho (18) años. Los mayores de esta edad pero menores de veintiún (21) años toman el nombre de menores adultos. En caso de duda sobre la edad de un niño, se presumirá mientras se establece su edad efectiva que no ha cumplido los dieciocho (18) años”.

En el art. 12 el Código se refiere al derecho a la vida, afirmando que “todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción. El Estado protegerá este derecho mediante la adopción de las medidas que sean necesarias para que la gestación, el nacimiento y el desarrollo ulterior de la persona se realicen en condiciones compatibles con la dignidad humana”.

 

2)   Matrimonio

Si bien el Código de Familia (Decreto Nº 76-84) no tiene una definición explícita del matrimonio como vínculo entre un varón y una mujer, asume implícitamente esa condición en múltiples disposiciones en su articulado, a saber:

  • “Es prohibido celebrar el matrimonio: 2) De la mujer antes de que transcurran 300 días contados desde la disolución del anterior matrimonio o de la unión de hecho o desde que se declare nulo el matrimonio, a menos que haya habido parto dentro de ese término o que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por el término indicado” (art. 21).
  • “La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cantidades que correspondan para alimento de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia” (art. 44).
  • “La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer, con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio realizado legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente” (art. 45).
  • “La mujer que a sabiendas de que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que a sabiendas de que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre, hicieren vida común, no gozarán de la protección de la Ley, mientras la unión registrada no hubiere sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes” (art. 53).
  • “El varón y la mujer cuya unión de hecho consta en forma legal, se heredan recíprocamente ab-intenstato en los mismos casos que para los cónyuges determina este Código” (art. 57).
  • “Mediante el régimen de la sociedad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieran durante él a título gratuito o con el valor de unos y otros” (art. 70).

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Ley Especial sobre VIH/SIDA, de 1999, “instituye para todas las escuelas, institutos, colegios, universidades y centros de educación superior, tanto públicos como privados, la impartición de la educación y ética sexual, acorde con el nivel educativo de que se trate, sin perjuicios de los deberes y derechos que sobre la educación de sus hijos corresponde a padres y a madres” (art. 14). Asimismo, se establece que “bajo los alineamientos de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los mismos el componente de sexualidad humana integral” (art. 15).

Por otra parte, se afirma que “la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas pertinentes, a fin de introducir y fortalecer programas de educación y ética sexual en los centros de formación para docentes, y, en los programas de formación y capacitación docente, para profesionales en servicio” (art. 16). Así, “bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación y ética sexual, dirigidos a los padres de familia y demás miembros de la comunidad” (art. 17).

 

El Plan Nacional de Salud 2021 de Honduras (2005) pone el énfasis en cuanto a salud reproductiva en la población adolescente. En este sentido, propicia “el involucramiento de diferentes sectores gubernamentales, de la sociedad civil y de la familia en el desarrollo de acciones que promuevan el fomento de la autoestima, la educación sexual reproductiva y los estilos de vida saludables”.

Para la población femenina, se promueve “la atención integral de la mujer que refleje sus características y considere su rol determinante en la sociedad, con énfasis en su salud sexual reproductiva y con atención a los riesgos de salud inherentes a lo largo de su ciclo de vida”.

En cuanto al objetivo de mejorar la salud materno-infantil y la nutrición, se hace hincapié en las propuestas estratégicas de “fortalecer y armonizar las acciones nacionales, sectoriales e intersectoriales, orientadas a garantizar la atención integral en salud sexual y reproductiva a las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida; con amplia participación comunitaria y con énfasis en los grupos de población vulnerables por su condición de edad, género y etnia”, así como en la promoción de “programas de educación y estilos de vida saludables dirigidos a la prevención del embarazo de alto riesgo y a ampliar el espaciamiento entre embarazos”.

Al abordar la meta de reducir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA, se proponen “actividades de promoción de la salud sexual y reproductiva, con servicios diferenciados según las necesidades específicas de grupos poblacionales prioritarios y programas de IEC que induzcan cambios positivos de comportamiento, con amplia participación del sector educación y de las organizaciones de la sociedad civil”.

 

La Política Nacional de la Mujer 2002-2007, emitido por el Instituto Nacional de la Mujer, se coloca como uno de los objetivos “disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de las mujeres, mejorando su Salud Sexual y Reproductiva (objetivo Nº 2)”. Para ello promueve:

  • Establecer indicadores de género cualitativos y cuantitativos para apoyar el monitoreo, control y seguimiento a la atención de salud que se brinda a las mujeres.
  • Desarrollar procesos de educación y capacitación permanente en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, dirigido al personal de salud de las instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones comunitarias y voluntariado.
  • Desarrollar procesos de toma de conciencia y capacitación para mujeres y hombres, sobre salud integral, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.
  • Establecer protocolos de cooperación para la promoción de la salud sexual y reproductiva.
  • Ampliar y fortalecer la oferta de métodos de planificación familiar y de consejerías, para contribuir a que mujeres y hombres ejerzan responsablemente sus derechos sexuales y reproductivos.
  • Diseñar y ejecutar campañas de información, educación y comunicación, para generar en las mujeres y hombres hondureños, una actitud positiva hacia el cuidado de su salud, con énfasis (…) planificación familiar.

Otro de los objetivos de esta política es “desarrollar y fortalecer programas integrales de promoción y atención en salud a las y los adolescentes” (objetivo Nº 6). Entre las acciones planificadas se menciona el fortalecimiento del impulso “de programas nacionales de educación en salud sexual y reproductiva dirigidos a jóvenes y adolescentes de ambos sexos, para la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS), ampliando la proyección a centros escolares y laborales”.

El objetivo Nº 8 expresa la voluntad de “promover investigaciones sobre la salud de las mujeres atendiendo a realidades diversas, como base para la definición de planes, programas y proyectos con enfoque de equidad de género”. Para ello se anticipa la promoción y el apoyo a “la realización de investigaciones con enfoque de género, que visibilicen la salud de las mujeres, con prioridad en las siguientes áreas: a. Salud sexual; b. Salud reproductiva”.

 

La Política Nacional de Salud Materno-Infantil 2008-2015 de la Secretaría de Salud define entre sus lineamientos generales el de “Asegurar el acceso a los servicios de salud y proporcionar atención integral materna e infantil con enfoque de género, considerando la diversidad socioeconómica, étnica, religiosa y cultural de la población, sus derechos humanos, sexuales y reproductivos” (Nº 8). La Política también define como línea estratégica la “vigilancia de la salud y de la mortalidad materna infantil con enfoque de género”.

 

En el año 2009, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto 54-2009, por el cual se autorizaba la utilización de la píldora del día después. Dicho Decreto fue vetado por el Presidente de la República, por entender que esta píldora es inconstitucional por atentar contra el derecho a la vida del concebido. Por este motivo, el Congreso se dirige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitándole se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mencionado Decreto.

El Dictamen de la Sala de lo Constitucional de Honduras (2009) sostuvo los siguientes puntos:

  • La discusión acerca de la aprobación del uso de la píldora del día después es un tema difícil de abordar, tomando en cuenta que involucra al bien jurídico mejor protegido que es la vida humana (…). Tanto los promotores de una posición como sus detractores, argumentan defender un derecho humano. Los defensores del aborto esgrimen el derecho a la vida que le conceden al que está por nacer. Estos argumentos involucran la moral, la ética, la religión, la política, el derecho y en gran medida un interés económico.
  • La Corte reconoce la existencia de un conflicto de derechos en este caso. Las normas reconocen derechos, y en algunos casos, estos derechos parecerían ser contradictorios o incompatibles. En el caso del aborto, el derecho a la vida del niño y el derecho a la privacidad y libertad de la madre.
  • No obstante lo anterior, debemos considerar que al momento de resolver los conflictos que surgen entre derechos, debe siempre procurarse que la decisión tomada afecte lo menos posible a otros derechos y que, en todo caso, la decisión tienda a hacer prevalecer aquellos derechos de mayor preponderancia.
  • La legislación de Honduras ha otorgado al derecho a la vida una posición privilegiada y especial, colocándolo por encima de todos los demás derechos (…). Queda claro (…) que el derecho a la vida del no nato tiene en Honduras tanto peso como el derecho a la vida del ya nacido. Es entendido que, como se ha venido sosteniendo, a la luz de nuestro derecho positivo el derecho a la vida se considera protegido a partir del momento de la Concepción.
  • El Derecho a la Planificación Familiar se encuentra protegido tanto por nuestra constitución como por los convenios citados en el veto presidencial y buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad, si tener hijos o no, cuantos, en qué momento y con quien.
  • No obstante, debe resaltarse que la prohibición establecida por el decreto 54-2009 limita el acceso a solamente uno de la gama de métodos de planificación familiar disponibles en el mercado. Dicha limitación es legítima por ser el método objeto de la prohibición incompatible con la adecuada protección del derecho a la vida, tal y como está consignada en la Constitución.
  • Considerando que nuestro ordenamiento jurídico garantiza y promueve la protección del bien jurídico más valioso, que es la vida humana y tomando en cuenta el mecanismo de acción de la píldora del día después y dependiendo del momento en que actúe, resulta materialmente imposible determinar si la misma impedirá la concepción o si por el contrario, una vez producida ésta, la píldora evitará la implantación del cigoto, es decir, un nuevo ser humano, pero si una vez dada la fusión del espermatozoide con el óvulo con la consecuente formación del cigoto se evita la implantación, entonces este mecanismo reacción se convierte en método abortivo.
  • Para fines prácticos y ante la imposibilidad de determinar el momento preciso en que la píldora actuará, somos de opinión que la misma debe ser considerada como abortiva, para de esta manera evitar la controversia generada por el mecanismo de acción de la misma.   Dadas las anteriores consideraciones y análisis, es el deber de esta Corte DICTAMINAR: que la prohibición contenida en el decreto 54-2009 no es incompatible con la Constitución de la República y, en consecuencia el mismo no es inconstitucional.

 

En consecuencia, el Acuerdo ministerial 2744 de la Secretaria de Salud de 2009 prohibió “la promoción en uso, venta y compra relacionada con la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.”

 

No obstante toda esta polémica, en el año 2010, la Secretaría de Salud emitió las Normas y Procedimientos de Atención para: Planificación Familiar, Climaterio/Menopausia, Infertilidad. Allí se recomienda a las mujeres en determinadas situaciones la utilización de la anticoncepción de emergencia.

 

 

4)   Eutanasia y muerte digna

El Código Penal de Honduras establece, entre las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal el “haber obrado por móviles nobles, altruistas o piadosos” (art. 26, inc. 12).

 

5)   Objeción de conciencia

La Constitución de Honduras garantiza en su art. 77 “el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público”.

 

Por su parte, el Código de Conducta Ética del Servidor Público (año 2007), sancionado por el Poder Legislativo mediante el Decreto No. 36-2007, estipula en el art. 32 que: “al servidor público se le garantiza el derecho individual de objeción de conciencia, como derecho fundamental y como explicitación del derecho a la libertad, el respecto a la integridad ética y moral y el derecho a la libertad de religión y culto. Los servidores públicos no podrán ser obligados a desempeñar funciones y tareas en contra de sus convicciones, principios y valores morales, éticos, religiosos y filosóficos. El objetor de conciencia debe presentar una solicitud de reconocimiento de su objeción ante la máxima autoridad jerárquica de la institución para la cual labore el servidor público. De las resoluciones denegatorias podrá pedir reposición ante la misma autoridad y subsidiariamente apelación ante el Tribunal Superior de Cuentas, cuya decisión agotará el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía judicial. En sus decisiones, las autoridades recurridas preservarán la dignidad y libertad personales del servidor público con la única limitación de las exigencias del orden público”.

 

6)   Discriminación y violencia de género

La Constitución de Honduras estipula en su art. 60 que “se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”.

 

La Ley contra la violencia doméstica, de 1997, establece en su art. 1º que “las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de ineludible observancia y tienen por objeto proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, ex-cónyuge, compañero, ex-compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionadas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. Los derechos aquí consagrados son universales. Todo acto de discriminación y violencia doméstica contra la mujer será sancionado de conformidad con la presente Ley, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otras que se suscriban en el futuro sobre la materia”.

En el art. 5, inc. 3, esta ley define la violencia sexual como “toda conducta que entrañe amenaza o intimidación que afecte la integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, tal como las relaciones sexuales no deseadas, la negación a anticoncepción y protección, entre otras, siempre que dichas acciones no se encuentren tipificadas como delito en el Código Penal”

 

En el año 2000 Honduras sanciona la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer. Entre sus disposiciones generales se afirma que:

  • “En Honduras todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derecho” (art. 1º).
  • “La presente Ley tiene por objeto integrar y coordinar las acciones que el Estado y la sociedad civil, tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y, obtener la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, priorizando las áreas de familia, salud, educación, cultura, medios de comunicación, medio ambiente, trabajo, seguridad social, crédito, tierra, vivienda y participación en la toma de decisiones dentro de las estructuras de poder” (art. 2).
  • “Para efectos de esta Ley, se entiende por discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro aspecto” (art. 3).
  • “Para cumplir con ese principio de la no discriminación contra la mujer, se establecen las acciones siguientes: 1) El estado garantiza la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, en el diseño y aplicación de políticas públicas para la ejecución y coordinación de programas y proyectos; y, 2) La sociedad civil debe incluir la dimensión de género en las instancias de diálogo social para promover y fomentar las organizaciones que trabajan para, con y por la mujer” (art. 4).
  • También se establece que “los actos de discriminación serán nulos” (art. 86).

 

Esta ley se reglamenta en 2008, a través del Acuerdo Ejecutivo Nº 58 de ese año. En el art. 2 se estipula que “el presente Reglamento deberá interpretarse en la forma que guarde mejor congruencia y armonía con lo dispuesto en la Constitución de la República, Tratados y Convenciones Internacionales aprobadas y ratificadas por Honduras, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y otras leyes que contengan disposiciones atinentes a la no discriminación por razón de género. No se aplicarán disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen las normas contenidas en dichos cuerpos legales. De conformidad con el artículo 86 de la citada Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, los actos de discriminación son nulos, y los transgresores serán sancionados con multa (…) la primera vez. Los derechos consignados en Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y en este Reglamento, en ningún caso serán entendidos como negación de otras declaraciones no especificadas en sus normas, que prevean iguales o mejores protecciones y garantías de los derechos de la mujer o que nacen de los principios de igualdad de género, no discriminación y respeto de los derechos humanos”.

Se reglamentan aquí los derechos de la mujer en los ámbitos familiar (arts. 14-19), social (arts. 20-34), ambiental (arts. 35-38), económico (arts. 39-52), político (arts. 53-63) y educativo, cultural y de la comunicación (arts. 64-71).

 

En 2002 se sanciona la Política Nacional de la Mujer. Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002 – 2007. La misma busca “impulsar la equidad de género y hacer operativos los compromisos internacionales del Estado de Honduras, contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1982) y aquellos derivados de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994); y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995)” (Presentación).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *