Costa Rica – Panorama jurídico

COSTA RICA

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

La Constitución de Costa Rica sostiene en su art. 21 que “la vida humana es inviolable”.

 

Por su parte, el Código Civil afirma que “la existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal” (art. 31).

La constitucionalidad del presente artículo ha sido cuestionada mediante Acción No. 02-007331-0007-CO. BJ#6 de 9 de enero del 2003

 

El Código Penal (arts. 118-122) reprime el delito de aborto con o sin consentimiento, aborto procurado por la misma mujer, el aborto honoris causa y el aborto culposo. Deja impune el aborto “practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios” (art. 121).

Por su parte, el art. 93 afirma que “tmbién extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, en los siguientes casos: 4) A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con ese fin a una ascendiente o descendiente por consanguinidad o hermana; 5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación”.

 

El Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, del año 2008, establece que “se consideran faltas gravísimas: – Atentar contra la vida humana en cualquiera de sus formas, salvo en el caso de aborto permitido por ley” (art. 144).

 

 

2)   Matrimonio

El Código de Familia de Costa Rica (Ley 5476 de 1974) afirma en su art. 11 que “el matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio”. El art. 14 se refiere a los impedimentos para contraer matrimonio, en los siguientes términos: “es legalmente imposible el matrimonio: de la persona que esté ligada por un matrimonio anterior; entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad (…); entre hermanos consanguíneos (…); entre personas de un mismo sexo”.

Por su parte, el Código Civil de Costa Rica establece que “son herederos legítimos: ch) El conviviente en unión de hecho sólo tendrá derecho cuando dicha unión se haya constituido entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraer matrimonio, y se haya mantenido una relación pública, singular y estable durante tres años, al menos, respecto de los bienes adquiridos durante dicha unión” (art. 572).

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

La Ley 7737, de 1998, de protección a la madre adolescente, establece entre sus fines (art. 4): a) Promover programas preventivos, educativos, divulgativos y de capacitación sobre las implicaciones del embarazo en la adolescencia, dirigidos tanto a la población escolarizada y no escolarizada como a las familias costarricenses (…). h) Promover acciones para el fomento de la maternidad y paternidad responsables dirigidas a adolescentes en situación de riesgo”.

Asimismo, en el Capítulo III (arts. 9-11) se ocupa de la Atención Integral a la Madre Adolescente, estableciendo que “las clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social y los Centros de Salud deberán: a) Elaborar programas de atención integral para las madres adolescentes, con la supervisión del Consejo interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, creado en esta ley. b) Brindar asistencia gratuita, prenatal y posnatal a las madres adolescentes. c) Desarrollar programas de formación y orientación, tendientes a sensibilizar a las madres adolescentes y sus familias acerca de las implicaciones de su maternidad. d) Impartir cursos formativos de educación sexual dirigidos a las madres adolescentes, con el propósito de evitar la posibilidad de otro embarazo no planeado. e) Brindarles a las madres adolescentes, por medio del servicio social, insumos importantes que les permitan criar y educar adecuadamente a sus hijos”.

 

El Decreto 27913-S, de 1999, firmado por el Presidente de Costa Rica y la Ministra de Salud, parte del supuesto de que “la salud de la población es un producto social y como tal se construye a partir de las condiciones de vida particulares de los (las) individuos (as), grupos sociales y comunidades”. Asimismo, asume que “es responsabilidad indelegable del Estado Costarricense velar por la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, así como respetar y cumplir los compromisos internacionales asumidos en esa materia, que reconocen el derecho de todas las personas a controlar todos los aspectos de su salud y, en particular, su propia capacidad reproductiva”.

Por estos motivos, crea la Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales, cuyas funciones consisten en (art. 2):

  • “Dar apoyo técnico al Ministerio de Salud en la definición, formulación, diseño y evaluación de las políticas orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de las personas que habitan en el país”
  • “Dar lineamientos sobre contenidos y mecanismos de implementación de programas dirigidos a la atención, educación, capacitación, promoción y difusión de los derechos reproductivos y sexuales”.
  • “Contribuir en la elaboración de instrumentos jurídicos en salud reproductiva y sexual”.
  • “Fomentar la consolidación y funcionamiento de Consejerías en Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales en los diferentes establecimientos de atención en salud”.

El art. 4 “ordena la creación, en todos los niveles de atención de las instituciones públicas y privadas que brinden servicios en salud reproductiva y sexual, una instancia denominada ‘Consejería en Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales’, que tendrá las siguientes funciones (art. 5):

  • “Diseñar y ejecutar campañas de educación y divulgación sobre los derechos en salud reproductiva y sexual, métodos de control de la fertilidad y sobre la oferta de servicios de atención al público en esta materia”.
  • “Organizar y ejecutar procesos de actualización y capacitación al personal de salud sobre salud y derechos reproductivos y sexuales”.
  • “Ofrecer información y atención individual y grupal a las personas usuarias de los servicios de la institución sobre las ventajas, limitaciones y contraindicaciones de los diferentes métodos de control de la fertilidad (temporales y permanentes), y apoyar la selección del método más conveniente en cada caso; reconociendo, valorando y respetando los valores del (la) usuario/a”.
  • “En caso de que el método seleccionado por la persona usuaria sea la anticoncepción quirúrgica deberá suscribir un documento en el cual manifieste su consentimiento informado”.

 

El Plan Nacional de Salud 2010-2021 de Costa Rica se propone, entre otras metas, “estimular el desarrollo integral de los niños y niñas desde la vida intrauterina hasta el inicio de la adolescencia” (punto 4.2). Asimismo, en el punto 4.3 anuncia su intención de “promover la incorporación en los planes de estudio de los Sistemas Educativos Nacionales, contenidos orientados al desarrollo de habilidades para la vida que contribuyan a proteger la salud y a construir una mejor calidad de vida”. Y en nota al pie se mencionan algunos temas para incluir, como “igualdad y equidad de género; respeto a la diversidad; sexualidad saludable; defensa de los derechos humanos en general y los derechos sexuales y reproductivos en particular”.

Entre los objetivos a cumplir vinculados con la sexualidad se menciona “fortalecer los valores, normas, comportamientos, actitudes y habilidades que promuevan una sexualidad corresponsable, saludable y segura desde la autodeterminación y autonomía, sin discriminación alguna” (1.2).

El objetivo 3.4 se refiere a “ampliar la oferta de servicios integrales en todos los niveles de atención en salud que promuevan prácticas saludables”, aclarando que se refiere a “temas como salud mental, autocuidado, sexualidad saludable, derechos sexuales y reproductivos, alimentación saludable, actividad física y recreación, calidad de vida laboral, prácticas alternativas y holísticas para la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, violencia intrafamiliar y sexual, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, factores de riesgo de discapacidad, entre otros”.

En la pág. 37 el documento se refiere a la “igualdad y equidad de género”, afirmando que “mujeres y hombres tienen iguales derechos (económicos, culturales, sociales, civiles y políticos) y oportunidades, deben participar por igual en todas las esferas de la vida pública y privada, libres para desarrollar sus capacidades y para tomar decisiones. Ello no significa que deben convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si se es hombre o se es mujer. La equidad de género es indispensable para la consecución de la igualdad, ya que esta propone un tratamiento diferenciado a mujeres y hombres según las desigualdades que enfrentan. La equidad es el medio para lograr la igualdad y esta última es el resultado y el fin objetivo ulterior”.

 

La Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 de Costa Rica, al considerar el paradigma de la protección integral (pág. 29) asume que entre los derechos relacionados con la supervivencia se encuentra “el derecho a la vida, desde la concepción, garantizando así el desarrollo integral y pleno de la niñez y la adolescencia”. En la pág. 31 afirma que “se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los 12 años de edad cumplidos; y adolescente a toda persona mayor de 12 años y menor de 18. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño o niña frente a la de adolescente. El proceso de desarrollo vital de estas personas se caracteriza por la sucesión de etapas (por edades) que reflejan cambios importantes en sus características físicas y anímicas. Es posible visualizar esta evolución a partir del momento inicial de la concepción, en el que la persona debe gozar de protección absoluta de su familia y del Estado hasta el momento de cumplir 18 años, a partir del cual ejerce sus derechos políticos, así como accionar otra normativa que protege sus derechos”. Asimismo aclara que, “la forma de definir las distintas etapas/edades ha sido objeto de cuidadosas reflexiones, por ello, durante el año 2005 se realizó una consulta nacional que validó la propuesta que a continuación se expone, y que afirma los siguientes momentos en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: Prenatal. Se refiere al momento inicial de concepción de la persona hasta el nacimiento. Durante el proceso de gestación se encuentra a completa merced de la atención que se le pueda brindar, a través del servicio médico prenatal, nutrición y así como otros programas relacionados con la preparación para el ejercicio responsable de la maternidad y la paternidad de sus progenitores”.

En la pág. 72, el texto del documento afirma que “la salud integral constituye el tercer eje de la PNNA, en el que se reafirman las políticas nacionales en el marco de la producción social de la salud y sus determinantes, relacionadas con las personas menores de edad”. En este concepto se incluye, entre otros ítems a la “salud sexual y reproductiva”. Como meta en ese ámbito se enuncia el brindar “apoyo e información sobre temas de sexualidad humana a las personas menores de edad, así como campañas para el ejercicio responsable de la sexualidad, que tomarán en cuenta las características etarias y el contexto de las y los destinatarios. También se crearán servicios de atención integral accesibles, programas y proyectos para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades infectocontagiosas, las situaciones de explotación sexual comercial, la trata, la violencia de género, la discriminación por causa de su orientación sexual y cualquier forma de violencia sexual en el ámbito familiar, social, institucional y en los medios de comunicación de cualquier tipo” (pág. 74).

En la pág. 81 el texto de la Política se refiere a la “educación para la sexualidad humana”, afirmando que “el Estado reconoce que la sexualidad es parte integrante del desarrollo humano, por lo que es tarea del sistema educativo promover una educación que brinde la oportunidad a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentran, de disponer de información científica sobre el tema, desarrollar valores y actitudes que enriquezcan su afectividad y adoptar conductas responsables que incidan en su protección, con miras a la construcción responsable de su proyecto de vida. La educación de la sexualidad humana comporta un esfuerzo inclusivo que incorpora no solo a las instituciones sino también a todas las personas responsables de los y las estudiantes y a la comunidad en general. Deberá existir un programa de educación de la sexualidad humana accesible, contemplado como un tema transversal en el currículum y, en el caso de las poblaciones de adolescentes, como acciones educativas específicas en forma de talleres y cursos cortos enfatizando en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, así como en actitudes para desarrollar una vida plena responsable, de calidad y de respeto a la diversidad”.

 

En el año 2012, el Ministerio de Salud emitió también una Política Nacional de Sexualidad 2010-2021. En ella se introduce la anticoncepción de emergencia, expresándose que “interesa evaluar no sólo el aumento en el uso del método, sino también la educación que se posee o no hacia el placer sexual en hombres y mujeres, buscando que además de la anticoncepción, mejore la calidad del vínculo afectivo, así como la toma de decisiones de ambos, con respecto a la concepción o anticoncepción” (pág. 15).

En la pág. 32 se puede leer, entre las debilidades de Costa Rica según esta Política, la “falta de una Guía de Atención para la atención de la interrupción terapéutica del embarazo y no aplicación de otras existentes como la Guía de Atención Prenatal y la Posaborto”.

Entre los enfoques que orientan la Política Nacional de Sexualidad se menciona como, eje transversal de la política, “la doctrina de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y el reconocimiento de las diversidades (etárea, étnica, sexual, condición de salud o discapacidad entre otras)”. Es por esto que los enfoques que orientan esta Política son (pág. 22.23):

  • Enfoque de derechos humanos
  • Enfoque de género
  • Enfoque de las diversidades

 

4)   Clonación y fecundación artificial

El 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Artavia Murillo y otros (‘Fecundación in vitro’) vs. Costa Rica”.

Los antecedentes, brevemente expuestos, son los siguientes: el Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 1995, emitido por el Ministerio de Salud, autorizaba en Costa Rica la práctica de la FIV para parejas conyugales y regulaba su ejecución. Entre otras medidas establecía que, en casos de fertilización in vitro, quedaba absolutamente prohibida la fertilización de más de seis óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento, que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento deberían ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente, quedando absolutamente prohibido desechar o eliminar embriones, o preservarlos para transferencia en ciclos subsecuentes de la misma paciente o de otras pacientes.

La FIV fue practicada bajo estos parámetros en Costa Rica entre 1995 y 2000. En ese lapso nacieron 15 costarricenses. Sin embargo, en marzo de 2000 la técnica fue declarada inconstitucional mediante sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, básicamente por atentar contra el derecho a la vida y la dignidad del embrión humano, protegido en Costa Rica y por la Convención Americana de Derechos Humanos desde el momento de la concepción.

En el año 2001, el Dr. Gerardo Trejo Salas elevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de elaborar el informe pertinente, este organismo lo remitió a la Corte Interamericana en julio de 2011. En noviembre de 2012, entonces, la Corte emitió la sentencia final condenando al Estado de Costa Rica.

En la sentencia de condena, la Corte Interamericana afirmó que “la afectación del derecho a la integridad personal, libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados en la práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la infertilidad era la FIV” (§314).

Teniendo en cuenta todo lo dicho, “la Corte no considera pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional” (§316).

Finalmente, en su parte resolutiva, la Sentencia, además de desestimar las excepciones preliminares del Estado de Costa Rica, decide que “el Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedas hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia. El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto” (§2). “El Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente Sentencia” (§3). “El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación” (§4). “El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe general sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma” (§9). “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia (…), y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma” (§10).

 

5)   Eutanasia y muerte digna

El Código Penal de Costa Rica establece que “extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, en los siguientes casos: 6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable” (art. 93).

 

6)   Objeción de conciencia

El Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, del año 2008, establece que “el médico puede rehusarse a realizar actos médicos, que aún siendo permitidos por ley, sean contrarios a los dictados de su conciencia siempre y cuando no se ponga en peligro la salud del enfermo” (art. 14).

 

7)   Discriminación y violencia de género

La Constitución de Costa Rica asegura que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” (art. 33).

 

En 1996, la Ley 7586 contra la violencia doméstica (reformada por última vez en 2011) protege “en particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja o de abuso sexual intrafamiliar” (art. 2). Esta ley establece medidas de protección para las víctimas (arts. 3-5) y sanciona procedimientos judiciales y administrativos.

 

En 2007, la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 se propone (págs. 10-12): “influir en la formación que se brinda a niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo formal a favor de la igualdad y equidad de género y la no violencia”, mediante las siguientes medidas:

  • Desarrollo de un programa específico de acciones formativas deliberadas en favor de la igualdad y la no violencia, dirigido a todos los niños y niñas de 0 a 6 años
  • Incorporación de los enfoques de igualdad de género
  • Inclusión de cursos regulares sobre educación sexual impartidos por profesionales en la materia, a partir del segundo ciclo de la educación general básica y basados en un enfoque de derechos, igualdad de género y diversidad, en el marco de un programa nacional de educación para la sexualidad.
  • Incorporación, en el perfil las y los docentes, de cualidades personales y profesionales que los califiquen como responsables de atender procesos de socialización que favorecen la igualdad y el respeto a los derechos.
  • Reforma de los currículos para incorporar valores y prácticas pedagógicas específicas que promuevan la no violencia contra las mujeres e igualdad entre mujeres y hombres, con participación de autoridades educativas, gremios y organizaciones sociales y asignación de recursos para las acciones operativas que se deriven dichas reformas.
  • Multiplicación de buenas prácticas en favor de la igualdad en moción de estereotipos y la promoción de la igualdad y equidad de género desde edades tempranas.
  • Promoción de una estrategia local conjunta entre las áreas de salud de la CCSS y los circuitos educativos, para llevar a cabo acciones de formación en sexualidad y salud sexual y reproductiva en las comunidades y dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
  • Fortalecimiento de una oferta de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad en todos los niveles de atención del sistema de salud.

Asimismo, la Política mencionada se propone ““incidir en la formación que se brinda a niños, niñas y adolescentes en espacios no formales a favor de la igualdad y equidad de género y la no violencia”, mediante:

  • Promoción de acuerdos específicos con actores claves no institucionales, en particular medios de comunicación, empresas editoriales y agencias de y derechos en los procesos de formación y actualización de recursos humanos, particularmente en la formación universitaria de profesionales en educación y salud.
  • Diversificación de los mecanismos públicos y privados para acompañar y capacitar a personas adultas responsables de la atención de niñas, niños y adolescentes, acerca de la reproducción de estereotipos en la crianza y la existencia de enfoques de la sexualidad que no favorecen la igualdad, todo ello teniendo en cuenta las particularidades regionales y locales.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *