Brasil – Panorama jurídico

BRASIL[1]

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

El Código Civil de Brasil dispone en su art. 2 que “la personalidad civil de la persona comienza a partir del nacimiento con vida; pero la ley pone a salvo, desde la concepción, los derechos del nascituro””.

 

Por su parte, el Código Penal reprime en sus artículos 124-128 el aborto provocado por la mujer gestante o con su consentimiento y el aborto provocado sin el consentimiento de la mujer gestante. El art. 128 tipifica el “aborto necesario”, el cual no es punible si no hay otro medio para salvar la vida de la gestante. Y también el aborto en caso de embarazo resultante de violación, el cual tampoco es punible si se practica con el consentimiento de la gestante o de su representante legal si se trata de una persona incapaz.

 

La Ley 8069 de 1990, que dispone el Estatuto del Niño y del Adolescente, al considerar el derecho a la vida y la salud establece que “el niño y el adolescente tienen derecho a la protección de la vida y la salud, mediante la efectivización de políticas sociales públicas que permitan su nacimiento y desarrollo sano y armónico, en condiciones dignas de existencia” (art. 7). A su vez, asegura a la gestante la atención pre y perinatal (art. 8).

 

En agosto de 2013, la ley 12845 sobre la atención obligatoria e integral de personas en situación de violencia sexual dispuso que “los hospitales deben ofrecer a las víctimas de violencia sexual atención de emergencia, integral e interdisciplinar, teniendo en cuenta el control y el tratamiento de los agravios físicos y psíquicos propios de la violencia sexual, y encaminarlas si fuera el caso a los servicios de asistencia social” (art. 1º). La ley considera violencia sexual a “cualquier forma de actividad sexual no consentida” (art. 2).

Establece (art. 3) que “la atención inmediata, obligatoria en todos los hospitales integrantes de la red del SUS, comprende los siguientes servicios: I – diagnóstico y tratamiento de las lesiones físicas en el aparato genital y en las demás áreas afectadas; II – atención médica, psicológica y social inmediatas; IV – profilaxis del embarazo; V – profilaxis de las enfermedades sexualmente transmisibles”.

 

Con respecto al infanticidio, el mismo es tipificado en el art. 123 del Código Penal de Brasil, con los siguientes términos: “matar, bajo la influencia del estado puerperal, al propio hijo, durante el parto o inmediatamente después”. Este delito tiene una pena de dos a seis años de prisión.

 

 

2)   Matrimonio

El art. 226 de la Constitución Federal de Brasil sostiene que “la familia, base de la sociedad, goza de la protección especial del Estado”. En su § 3º se afirma que, “para los efectos de la protección del Estado, se reconoce la unión estable entre un varón y una mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”. El § 4º establece que “se reconoce también como entidad familiar a la comunidad formada por cualquiera de los dos padres y sus descendientes”.

 

Con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, el 14 de mayo de 2013 el Presidente del Consejo Nacional de Justicia emitió la Resolución Nº 175, en la que dispuso sobre la habilitación, celebración o conversión de la unión estable entre personas del mismo sexo en casamiento. Allí se afirma que “está vedado a las autoridades competentes negarse a habilitar, celebrar o convertir en casamiento la unión estable entre personas del mismo sexo” (art. 1)

 

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

El art. 226 de la Constitución Federal de Brasil sostiene en su § 7º que “fundado en los principios de la dignidad de la persona humana y de la paternidad responsable, la planificación familiar es libre decisión de la pareja, correspondiendo al Estado proporcionar recursos educativos y científicos para el ejercicio de este derecho, prohibiendo cualquier forma coercitiva por parte de instituciones oficiales o privadas”.

 

La ley 9263 de 1996 reglamenta este parágrafo 7 del art. 226 de la Constitución, en cuanto a la planificación familiar. Establece que “la planificación familiar es un derecho de todo ciudadano” (art. 1º). La ley entiende por “planificación familiar” el “conjunto de acciones de regulación de la fecundidad que garantiza derechos iguales en cuanto a la constitución, limitación o incremento de la prole por la mujer, por el varón o por la pareja” (art. 2). La ley prohíbe la utilización de estas acciones con cualquier fin de control demográfico (parágrafo único). El art. 3 establece que “la planificación familiar es parte integrante del conjunto de acciones de atención a la mujer, al varón y a la pareja, dentro de una visión de atención global e integral de la salud”. Y el parágrafo establece que “las instancias gestoras del Sistema Único de Salud, en todos sus niveles, en la prestación de las acciones previstas se obligan a garantizar en toda su red de servicios en lo que respecta a la atención de la mujer, del varón y de la pareja, el programa de atención integral de la salud, en todos sus ciclos vitales, que incluya como actividades básicas, entre otras: I – la asistencia para la concepción y la contracepción; II – la atención prenatal; III – la asistencia para en el parto, el puerperio y al neonato”.

El art. 5 sostiene que “es deber del Estado, a través del Sistema Único de Salud, en asociación con las instancias que componen el sistema educativo, promover condiciones y recursos informativos, educativos, técnicos y científicos que aseguren el libre ejercicio de la planificación familiar”. A su vez, “las acciones de planificación familiar serán ejercidas por las instituciones públicas y privadas, filantrópicas o no, en los términos de esta ley y de las normas de funcionamiento y mecanismos de fiscalización establecidas por las instancias gestoras del Sistema Único de Salud” (art. 6).

El art. 8 se refiere a la experimentación con seres humanos: “la realización de experimentos con seres humanos en el campo de la regulación de la fecundidad solamente estará permitida si previamente es previamente autorizada, fiscalizada y controlada por la dirección nacional del Sistema Único de Salud y según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud”

Se afirma también que “para el ejercicio de la planificación familiar, serán ofrecidos todos los métodos y técnicas de concepción y contracepción científicamente admitidos y que no coloquen en riesgo la vida y la salud de las personas, garantizada la libertad de elección” (art. 9).

El art. 10 permite la esterilización voluntaria sólo en las siguientes situaciones[2]: “I – en varones y mujeres con plena capacidad civil y mayores de veinticinco años de edad o, por lo menos, con dos hijos vivos, observado un plazo mínimo de sesenta días entre la manifestación de la voluntad y el acto quirúrgico, período en el cual le serán proporcionado a la persona interesada acceso a la a servicios de regulación de la fecundidad, incluyendo el asesoramiento por parte de un equipo multidisciplinar, buscando desalentar la esterilización precoz; II – en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer o del futuro concebido, probado por escrito y firmado por dos médicos”.

Entre las condiciones para que se lleve a cabo la esterilización se encuentran:

  • El registro expreso de la manifestación de voluntad en un documento escrito y firmado, después de haber sido informado con respecto a los riesgos de la cirugía, los posibles efectos colaterales, dificultades de su reversión y opciones existentes de contracepción reversible
  • Se prohíbe la esterilización quirúrgica en una mujer durante los períodos de parto o aborto, excepto en los casos de necesidad comprobada, por cesáreas sucesivas anteriores
  • La esterilización quirúrgica como método contraceptivo solamente se llevará a cabo a través de la ligadura tubárica, vasectomía y otro método científicamente aceptado, estando prohibida la histerectomia y la ooforectomia.
  • Durante la vigencia de la sociedad conyugal, la esterilización depende del consentimiento expreso de ambos cónyuges.

Por último, “sólo estarán autorizadas a realizar la esterilización quirúrgica las instituciones que ofrezcan todas las opciones de medios y métodos de contracepción reversibles”[3].

 

El Código de Ética Médica, aprobado por la resolución Nº 1931/2009 del Consejo Federal de Medicina, establece en su art. 15 que “está prohibido a los médicos incumplir legislación específica en los casos de transplantes de órganos o de tejidos, esterilización, fecundación artificial, aborto, manipulación o terapia génica”.

 

4)   Clonación y fecundación artificial

El art. 225 de la Constitución Federal de Brasil establece que “todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para la calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”. A fin de asegurar la efectividad de este derecho, “incumbe al Poder Público: II – Preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del país y fiscalizar a las entidades dedicadas a la investigación y manipulación de material genético”.

 

La Ley 11105 de marzo de 2005 reglamenta esta disposición constitucional, estableciendo normas de seguridad y mecanismos de fiscalización de actividades que involucran organismos genéticamente modificados. Crea el Consejo de Bioseguridad y dispone sobre la política nacional en ese campo.

El art. 5 de esta ley permite “para fines de investigación y terapia, la utilización de células troncales embrionarias obtenidas de embriones humanos producidos por fertilización in Vitro y no utilizados en el respectivo procedimiento, cumpliéndose las siguientes condiciones: I – que se trate de embriones inviables; o II – que se trate de embriones congelados desde hace 3 (tres) años o más al tiempo de la publicación de esta ley”. Se prohíbe la comercialización del material biológico al que se refiere este artículo.

El art. 6, por su parte, prohíbe: “II – la ingeniería genética en un organismo vivo o el manejo in Vitro de ADN/ARN natural o recombinante, realizado en contra de las normas previstas en esta ley; III – la ingeniería genética en células germinales humanas, zigotos humanos o embriones humanos; IV – la clonación humana.

 

En cuanto a la fecundación artificial, el Código Civil de Brasil establece que si han constancia de matrimonio, se presumen concebidos los hijos: “III – tenidos por fecundación artificial homóloga, incluso con el marido fallecido; IV – tenidos en cualquier tiempo cuando se trata de embriones sobrantes, procedentes de fecundación artificial homóloga; V – tenidos por inseminación artificial heteróloga, con autorización previa del marido (art. 1597).

 

El Código de Ética Médica, aprobado por la resolución Nº 1931/2009 del Consejo Federal de Medicina, establece en su art. 15, parágrafos 1-3 que:

  • “En caso de procreación médicamente asistida, la fertilización no debe conducir sistemáticamente a la producción de embriones supernumerarios”.
  • “El médico no debe realizar la procreación médicamente asistida con ninguno de los siguientes objetivos: I – crear seres humanos genéticamente modificados; II – crear embriones para investigación; III – crear embriones con la finalidad de elegir el sexo, eugenesia o para generar híbridos o quimeras”
  • “El médico no debe practicar procedimientos de procreación médicamente asistida sin que los participantes estén por completo de acuerdo y debidamente informados sobe los mismos”.

Art. 16. Intervenir sobre el genoma humano en vistas a su modificación, excepto en la terapia génica, excluyéndose cualquier acción en células germinales que resulte en la modificación genética de la descendencia.

 

En diciembre de 2010, el Consejo Federal de Medicina aprobó por Resolución Nº 1.957 las Normas Éticas para la Utilización de las Técnicas de Reproducción Asistida. Las mismas establecen, entre sus principios generales, que las técnicas “tienen un papel auxiliar en la resolución de los problemas de la reproducción humana, facilitando el proceso de procreación cuando otras terapias se han revelado ineficaces o son consideradas inapropiadas”. Se exige el consentimiento informado, por escrito, de los pacientes sometidos a estas técnicas, así como de los dadores.

Se establece que “las técnicas de reproducción asistida no deben ser aplicadas con la intención de seleccionar el sexo o cualquier otra característica biológica del futuro hijo, excepto cuando se trate de evitar enfermedades ligadas al sexo del hijo que va a nacer”. También “se prohíbe la fecundación de ovocitos humanos con cualquier otra finalidad que no sea la procreación humana”.

Asimismo, “el número máximo de ovocitos y embriones a ser transferidos a la receptora, no puede ser superior a cuatro. En relación al número de embriones a ser transferidos, se determina lo siguiente: a) mujeres hasta 35 años: hasta dos embriones; b) mujeres entre 36 y 39 años: hasta tres embriones; c) mujeres de cuarenta años o más: hasta cuatro embriones”. Y “en caso de embarazos múltiples debido al uso de técnicas de reproducción asistida, se prohíbe la utilización de procedimientos de reducción embrionaria”.

La cuarta parte de la Norma se refiere a la donación de gametos o embriones, estableciendo que esta donación “nunca tendrá carácter lucrativo o comercial”, y que “los donantes no deben conocer la identidad de los receptores y viceversa”.  “En situaciones especiales, las informaciones sobre los donantes, por razones médicas, podrán ser dadas a conocer exclusivamente a los médicos, resguardando la identidad civil del donante”. Las clínicas, centros o servicios “deben mantener, de forma permanente, un registro de datos clínicos de carácter general, características fenotípicas y una muestra de material celular de los donantes”.

En cuanto a la elección de los donantes, “es de responsabilidad de las unidades. Dentro de lo posible deberán garantizar que el donante tenga la mayor semejanza fenotípica e inmunológica y la máxima posibilidad de compatibilidad con la receptora”.

Los médicos integrantes de los equipos de las clínicas no podrán “participar como donantes en los programas de reproducción asistida”.

La quinta parte está dedicada a la criopreservación de gametos o embriones. Establece que “las clínicas, centros o servicios pueden criopreservar espermatozoides, óvulos y embriones. Del número total de embriones producidos en laboratorio, los excedentes viables serán criopreservados. En el momento de la criopreservación, los cónyuges o compañeros deben expresar su voluntad, por escrito, en cuanto al destino que tendrán los pre-embriones criopreservados en caso de divorcio, enfermedades graves o fallecimiento de uno de ellos o de ambos, y si desean donarlos”.

La sexta parte trata la problemática del diagnóstico y tratamiento de embriones. Expresa que “las técnicas de reproducción asistida también pueden ser utilizadas en la preservación y tratamiento de enfermedades genéticas o hereditarias, si están perfectamente diagnosticadas y con suficientes garantías de diagnóstico  y tratamiento. Toda intervención sobre embriones ‘in vitro’ con fines diagnósticos no podrá tener otra finalidad que no sea comprobar su viabilidad o detectar enfermedades hereditarias, siendo obligatorio el consentimiento informado de la pareja. Toda intervención con fines terapéuticos sobre embriones ‘in vitro’ no tendrá más intervención que la de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías de éxito reales”.

Finalmente, la Norma trata sobre la gestación por sustitución o donación temporaria del útero, y sobre la reproducción asistida post mortem. Establece que:

  • “Las clínicas, centros o servicios de reproducción humana pueden ofrecer la gestación por sustitución “cuando exista un problema médico que impida o contraindique la gestación en la donante genética. Las donantes temporarias de útero deben pertenecer a la familia de la donante genética, en un parentesco de hasta segundo grado, estando sujetos los demás casos a la autorización del Consejo Regional de Medicina. La donación de útero no podrá tener carácter lucrativo o comercial”.
  • “No constituye un ilícito ético la reproducción asistida post mortem siempre que exista la autorización previa específica del/a fallecido/a para la utilización del material biológico criopreservado, de acuerdo con la legislación vigente”.

 

 

5)   Eutanasia y muerte digna

El Código Penal del Brasil, en su art. 121 trae una disminución de la pena en caso de homicidio “si el agente comete el crimen impulsado por un motivo de relevante valor social o moral”.

 

El Código de Ética Médica, aprobado por la resolución Nº 1931/2009 del Consejo Federal de Medicina, establece en su art. 41 que el médico tiene prohibido “abreviar la vida del paciente, aún a pedido de éste o de su representante legal. En los casos de enfermedad incurable, el médico debe ofrecer todos los cuidados paliativos disponibles sin emprender acciones diagnósticas o terapéuticas inútiles u obstinadas, tomando siempre en consideración la voluntad expresa del paciente o, en caso de ser imposible, la de su representante legal”.

 

 

6)   Objeción de conciencia

La Constitución Federal de Brasil establece en su art. 5 que “todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileros y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos: (…) VI – es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estando asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en los términos de la ley, la protección a los locales de culto y a sus liturgias (…); VIII – nadie será privado de derechos en razón de su creencia religiosa o de su convicción filosófica o política, excepto que se invoque para eximirse de las obligaciones legales impuestas a todos y rehusarse a cumplir la prestación alternativa fijada por la ley”.

 

 

7)   Discriminación y violencia de género

La Constitución Federal de Brasil establece en su art. 5 que “todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza”. Y en el art. 226, inc. 8° preceptúa que “el Estado asegurará la asistencia a la familia en la persona de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para impedir la violencia en el ámbito de sus relaciones”.

 

En 1989 se sancionó la ley 7716, que penaliza los delitos resultantes de discriminación con base en el preconcepto de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional.

 

La ley de violencia doméstica y familiar contra la mujer Nº 11.340, también llamada ley María da Penha, data de agosto de 2006. Establece que “toda mujer, independientemente de su clase, etnia, orientación sexual, ingresos, cultura, nivel educacional, nivel educacional, edad y religión, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, estándole aseguradas las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia, preservar su salud física y mental y su perfeccionamiento moral, intelectual y social” (art. 2). El art. 5 define el concepto de “violencia doméstica y familiar contra la mujer” afirmando que se trata de “cualquier acción u omisión basada en el género que le cause muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial: I – en el ámbito de la unidad doméstica, comprendida como el espacio de convivencia permanente de personas, con o sin vínculo familiar, incluso las agregadas esporádicamente; II – en el ámbito de la familia, comprendida como la comunidad formada por individuos que son o se consideran emparentados, unidos por lazos naturales, por afinidad o por voluntad expresa; III – en cualquier relación íntima de afecto, en la cual el agresor conviva o haya convivido con la ofendida, independientemente de la cohabitación. Las relaciones personales enunciadas en este artículo son independientes de la orientación sexual”. En cuanto a la violencia sexual contra la mujer, ésta es entendida como “cualquier conducta que la obligue a presenciar, mantener o participar de una relación sexual no deseada, mediante intimidación, amenaza, coacción o uso de la fuerza; que la induzca a comercializar o a utilizar de cualquier modo su sexualidad, que le impida usar cualquier método contraceptivo o que la obligue a casarse, a embarazarse, al aborto o a la prostitución, mediante coacción, chantaje, soborno o manipulación; o que limite o anule el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

En cuanto a las formas de violencia doméstica y familiar contra la mujer, la ley enuncia: la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y moral (art. 7).

La ley encara también la asistencia a la mujer en situación de violencia doméstica y familiar, en cuanto a medidas integradas de prevención, y a procedimientos judiciales y administrativos.

 

[1] Las traducciones de las normas mencionadas en este Capítulo son nuestras.

[2] Artículo vetado y mantenido por el Congreso Nacional

[3] Parágrafo vetado y mantenido por el Congreso Nacional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *