Bolivia – Panorama jurídico

 

 

BOLIVIA

 

1)   Aborto, infanticidio y persona por nacer

 

La Constitución Política de la República de Bolivia (2008)[1], en su art. 14.I establece que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”; y en su art. 15.I explicita esto con respecto al derecho a la vida afirmando que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.

 

Al regular el comienzo de la personalidad en el Código Civil, la República de Bolivia determina en el art. 1.I-II que “El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida”. La persona por nacer puede ser objeto de donaciones según el art. 663 I-II: “La donación puede hacerse en favor de quien está solamente concebido, o a favor de hijos aún no concebidos de una persona que vive en el momento de la donación. Los padres de los hijos por nacer y de los no concebidos, aceptan la donación”.

 

El Código Penal, por su parte, penaliza el aborto entre los delitos contra la vida y la integridad corporal (arts. 263-269). Se incluyen aquí penas de distinta magnitud en caso de aborto seguido de lesión o muerte, el aborto honoris causa, el aborto culposo, el aborto preterintencional y la práctica habitual del aborto. Se deja impune el aborto consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, el practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre si este peligro no pudiera ser evitado por otros medios, así como la tentativa de la mujer[2].

Es interesante destacar también que el art. 250 del Código Penal de Bolivia tipifica el abandono de mujer embarazada entre los delitos contra los deberes de asistencia familiar, penalizándolo con reclusión de seis meses a tres años, o de uno a cinco años si resultada el delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o suicidio de la mujer[3].

 

Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia se encuentra dictaminando sobre un pedido en abstracto de una legisladora reclamando la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal sobre el aborto (TCP, Expediente 00320-2012-01-AIA)

 

La ley 2026 (Código del Niño, Niña y Adolescente) de 1999, reconoce en su art. 2° que “se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos”. Compromete al Estado boliviano a asegurar a todo niño, niña y adolescente “un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia” (art. 1°). En ese sentido, el art. 13 sostiene que “todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral”. En la misma línea, el texto legislativo establece que “corresponde al Estado proteger la maternidad a través de las entidades de salud y garantizar: 1. La atención gratuita de la madre en las etapas pre-natal, natal y post-natal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicinas, exámenes complementarios y apoyo alimentario”  (art. 15). En su art. 7° la ley refleja el principio del interés superior del niño al afirmar que “es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos”. En el art. 3° se reconoce que “las disposiciones del presente Código son de orden público y de aplicación preferente. Se aplican a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación”.

 

La ley 2426 del año 2002 crea el Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio nacional, con carácter universal, a fin de “otorgar las prestaciones de salud en los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, a: a. Las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación, hasta los 6 meses posteriores al parto. b. Los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad” (art. 1°).

 

En el año 2008 por el Decreto Supremo Nº 29851 del Presidente Evo Morales el Ministerio de Justicia junto con el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó un Plan de acción de derechos humanos “Bolivia para vivir bien 2009-2013”, en el que, haciéndose eco de recomendaciones varias de organismos internacionales, se expresa que “pese a estar contemplado dentro del código penal, no se tiene una normativa que regule el aborto terapéutico”, y se manifiesta la intención de “impulsar la creación de una reglamentación para el aborto terapéutico, en cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH” (pág. 85). Paralelamente, a fines del 2008, el “Plan Nacional para la igualdad de oportunidades Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” repetía los mismos conceptos.

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia establece en su art. 26º que “el Médico debe respeto a la vida desde su inicio. El aborto procede únicamente cuando se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 266 del Código Penal: a) Cuando se efectúa como medida terapéutica; b) Cuando la gestación es producto de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”. El art. 27 continúa: “En los casos previstos en el artículo anterior, el aborto será practicado por un médico especialista. En el caso del aborto terapeútico previo consentimiento informado de la mujer o un familiar próximo y la aprobación de una junta médica integrada por dos médicos especialistas. En el caso del inciso b), de acuerdo a lo prescrito por el art. 266 del Código Penal. En ambos casos el procedimiento será efectuado en centros hospitalarios adecuados y de funcionamiento legal”.

 

Desde 1999 Bolivia tiene una resolución ministerial para implementar servicios de atención pos aborto en el país.

 

Con respecto al infanticidio, el Código Penal de Bolivia lo penaliza en su art. 258 de la siguiente manera: “la madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años”.

 

 

2)   Matrimonio:

 

La Constitución de Bolivia afirma en su art. 62 que “el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”. Asimismo, en el art. 63 se refiere al matrimonio, de la siguiente manera: “I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas”.

Tanto el Código de Familia (ley 996, de 1972), como la Ley de matrimonio civil (2011) asumen que el matrimonio sólo se llevará a cabo entre un varón y una mujer. En el último texto, por ejemplo, al encarar las formalidades de la celebración del matrimonio, se estipula que “el Oficial del Registro Civil, presentes los testigos y delante de los contrayentes, dará lectura a la manifestación de que habla el artículo 3º y a la información sumaria de que habla el artículo 6º. Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer, y con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley” (art. 11). Y el art. 22: “el acto del matrimonio comenzará con la lectura que haga el oficial del registro, de la manifestación a que se refiere el artículo 2º, la información producida al efecto, el acta de publicación y decreto que señale día y hora para su efectuación; también se leerá la sentencia respectiva en caso de oposición desestimada. Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer, y con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley”.

 

 

3)   Salud reproductiva, esterilización quirúrgica y educación sexual

 

La Constitución boliviana de 2008, en su art. 66 “garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.

 

Ya en 2005, la ley Nº 3250 de ampliación de la cobertura del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), otorgó “prestaciones específicamente definidas por el Ministerio de Salud y Deportes, enmarcadas en las políticas de salud vigentes que guarden estrecha relación con una maternidad segura en las mujeres en edad fértil, así como la obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello uterino (papanicolao anual) a toda paciente que acceda al SUMI y tratamiento de lesiones premalignas contemplando además métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida”.

 

En 2008, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Para Vivir Bien 2009- 2013” contemplaba un capítulo destinado a los llamados “Derechos sexuales y reproductivos”, en donde Bolivia acusaba recibo de determinadas recomendaciones e informes de organismos internacionales, a saber:

  • Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe E/C.12/BOL/CO/2 de 2008: incorporar en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar; incorporar en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar.
  • Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer , Informe CEDAW/C/BOL/CO/4 de 2008: promulgar lo antes posible la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos; fortalecer la ejecución de programas y políticas de planificación familiar y de salud reproductiva tendentes a brindar un acceso efectivo a las mujeres y adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles; incorporar la educación sexual en función a la edad en los planes de estudios y organizar campañas de información para impedir los embarazos entre las adolescentes; reglamentar las disposiciones legales vigentes relativas al derecho al aborto terapéutico de las mujeres bolivianas.
  • Comité sobre los Derechos del Niño, Informe CRC/15/Add.256 de 28 de enero de 2005: intensificar la educación en salud sexual y reproductiva para adolescentes, en particular en los colegios y brindar la ayuda necesaria y el acceso a servicios de salud y educación a adolescentes embarazadas.

En consecuencia, dicho Plan se proponía como objetivo en este punto “impulsar políticas públicas integrales y específicas que garanticen y protejan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, en sus ejes de educación y atención de servicios, para todas las personas sin discriminación de sexo, diversidad cultural, orientación sexual, edad, condición económica u otras” (pág. 84, punto 7.5). Para ello promovía (págs. 85-86):

  • Impulsar la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos.
  • Impulsar la creación de una reglamentación para el aborto terapéutico, en cumplimiento a las
  • recomendaciones de la CIDH.
  • Promover investigaciones participativas y talleres con las organizaciones indígenas, para que desde su perspectiva se aborde la problemática en las áreas rurales.
  • Incorporar como política pública la implementación de servicios integrales de salud, con contenidos en orientación consejería, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA, hepatitis B y C, cáncer cérvico uterino, mamario y prostático, información y acceso a la anticoncepción de emergencia, atención y tratamiento ante casos de violencia sexual.
  • Generar la incorporación dentro de la Agenda del Ministerio de Educación de acciones efectivas que posibiliten la educación para la sexualidad y la reproducción.
  • Efectivizar la transversalidad de la educación sexual en el sistema educativo a través de la capacitación escolar en los conceptos básicos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, con información veraz, científica, oportuna, libre de discriminación y sin prejuicios.
  • Programar la difusión en los idiomas aymara, quechua, guaraní y español a nivel nacional sobre los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y la planificación familiar.

Sendas  partidas presupuestarias eran destinadas a todos esos fines.

Algo similar ocurría en el capítulo de ese Plan destinado a los “Derechos de las personas con diferente orientación sexual e identidad de género” (págs. 199-206), en donde fueron definidas varias líneas de acción:

  • Elaborar el anteproyecto de una Ley de Unión Conyugal que tengan por objeto regular y reconocer los derechos de las personas con diferente orientación sexual y/o identidad de género, asegurando de ésta manera la sucesión de patrimonio, relaciones personales y otros aspectos.
  • Promover los Principios de Yogyakarta como principios estatales sobre cómo se aplican los estándares y legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género para los bolivianos y bolivianas.
  • Redactar y presentar junto a otras organizaciones sociales, colectivos, agrupaciones y movimientos sociales un Proyecto de Ley contra la Discriminación, donde se prohíba y sancione toda forma de discriminación y donde se incorpore la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
  • Reformar el Decreto Supremo N° 24547 del 31 de marzo de 1997 Reglamento de la Ley N° 1687 de la Medicina Transfusional y Bancos de Sangre de 26 de marzo de 1996 donde se prohíbe a las personas GLBT donar sangre.
  • Reformar la Ley General del Trabajo insertando la no discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género.
  • Crear y desarrollar el Programa “Bolivia Libre de Homofobia y Transfobia” en las tres esferas de Gobierno Estatal (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), Prefecturas y Municipios de manera que se involucre a todo el pueblo y sociedad boliviana.
  • Promover la Primera Conferencia Nacional de políticas públicas para la población con diferente orientación sexual e identidad de género como base para transversalizar políticas estatales y lograr un acercamiento real a esta población y lograr gradualmente la plenitud de sus derechos dentro de Bolivia.
  • Elaborar una base de datos a través del INE y la Policía Judicial, con información estadística sobre la población GLBT respecto a los tipos de crímenes de homofobia y transfobia practicados, en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.
  • Promover a través de la Cancillería de Bolivia u otra instancia gubernamental, el apoyo y defensa a la inserción de la no discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en la promoción, ratificación y revisión de Acuerdos, Convenciones y Protocolos Internacionales y otros instrumentos en derechos humanos promovidos dentro de la ONU, OEA, MERCOSUR, CAN y otras instancias.
  • Reformar y apoyar el acceso a la formación académica e instrucción dentro de las academias, colegios, escuelas, regimientos, cuarteles, servicio premilitar y programas especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de la población GLBT de Bolivia, evitando toda forma de discriminación, estigma e intimidación por la orientación sexual y/o identidad de género.
  • Elaborar directrices desde el Ministerio de Educación que orienten los sistemas de enseñanza en la formulación y en la implementación de acciones que promuevan el respeto y el reconocimiento de las personas por su orientación sexual e identidad de género y que colaboren con la prevención y la eliminación de la violencia sexista, homofóbica y transfóbica hacia estudiantes GLBT.
  • Proteger, a los trabajadores y profesionales en educación, docentes, catedráticos y profesores del Sistema Estatal y Privado en Educación y otros, que sean GLBT.
  • Evitar utilizar para lo presente y futuro dentro de los nuevos marcos normativos y legales, convenios, tratados, resoluciones, y cualquier otra norma jurídica, las palabras preferencia sexual, opción sexual e inclinación sexual por ser estas palabras inadecuadas, mal utilizadas e incorrectas.
  • Reconocer mediante Decreto Supremo, el 17 de mayo como “Día de Respuesta contra la Homofobia y transfobia de Bolivia” y el 28 de junio de cada año como “Día de la Visibilización de los Derechos Humanos de la población GLBT de Bolivia”.
  • Elaborar un ante proyecto de “Ley de Identidad de Género” que permita a las personas travestis, transexuales y transgénero el reconocimiento de sus derechos humanos e identidad.
  • Insertar y comprometer a las instancias gubernamentales correspondientes para que en el Informe CEDAW Oficial de Estado de Bolivia, se incorpore de manera obligatoria información en lo referido a los derechos humanos y formas de discriminación y violencia contra mujeres LBT.

En el capítulo destinado a “Derechos de las mujeres (igualdad de género)” (págs. 218-234), el Plan vuelve a recoger las recomendaciones de organismos internacionales, las que en este caso aleccionan sobre una supuesta necesidad de Bolivia de:

  • Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Informe de 2008 CEDAW/C/BOL/4: revisar la compatibilidad de la legislación en materia penal y del derecho de familia respecto de la Convención, derogando las disposiciones que discriminan contra la mujer; asegurar la aplicación de leyes contra la discriminación a la mujer; asegurar la estabilidad institucional de los mecanismos nacionales para la promoción de la mujer y dotarles de las facultades de adopción de decisiones y recursos financieros y humanos suficientes (a nivel central, departamental y municipal); formular, adoptar y aplicar un plan de acción nacional integral y amplio a fin de lograr la igualdad de género y el adelanto de la mujer; elaborar un estudio sobre la economía de mercado con relación a la situación de pobreza de las mujeres e incluir medidas adecuadas en la estrategia de reducción de la pobreza; procurar programas y políticas de erradicación de la pobreza que incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural de las diferentes dimensiones y pobreza que afectan a las mujeres (en particular a mujeres del área rural, indígena, adulto mayor y con discapacidad); desarrollar políticas e implementar programas dirigidos a garantizar la eliminación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia (en la educación, el empleo, la política y la sociedad); alentar a los medios de comunicación a proyectar una imagen positiva de la mujer y de igualdad de condición en los roles y responsabilidades; implementar (en la normativa interna) la adopción de medidas especiales de carácter temporal tendentes a alcanzar la igualdad de facto entre hombres y mujeres que se adoptarán cuando sea necesario para acelerar el logro de una igualdad sustantiva de las mujeres; adoptar una política de empleo sensible a la perspectiva de género, destinada a las mujeres del sector no estructurado, especialmente las que trabajan en la agricultura y las trabajadoras del hogar; promulgar lo antes posible la Ley 810 sobre derechos sexuales y reproductivos; fortalecer la ejecución de programas y políticas de planificación familiar y de salud reproductiva tendentes a brindar un acceso efectivo a las mujeres y adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles; incorporar la educación sexual en función a la edad en los planes de estudios y organizar campañas de información para impedir los embarazos entre las adolescentes; integrar una perspectiva de género en la política nacional de salud. Mejorar el acceso a los servicios de salud para los grupos más vulnerables de mujeres, especialmente en las zonas rurales y las indígenas; reglamentar las disposiciones legales vigentes relativas al derecho al aborto terapéutico de las mujeres bolivianas; permitir el acceso de las mujeres a servicios de calidad para la atención de complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo, a fin de reducir las tasas de mortalidad materna.

 

  • Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 8 Abril de 2008 CEDAW/C/BOL/Q/4: agilizar los trámites de revisión de la compatibilidad de dichas leyes con la Convención, derogue sin demora todas la leyes que discriminan contra la mujer, en particular las disposiciones discriminatorias de su legislación penal y civil, y asegure la aplicación de las leyes contra la discriminación de las mujeres; expresa su preocupación por la falta de una política integral de institucionalización y transversalización del enfoque de género, particularmente en los departamentos y municipios, como un eje principal dentro de las prioridades estratégicas del Estado Parte; resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna garantizando la atención médica adecuada el embarazo, parto y posparto y asegurando el acceso a las instalaciones de atención de salud y la asistencia médica, en particular en las zonas rurales.

En consecuencia, el Plan boliviano se propone, entre otros ítems:

  • Impulsar la elaboración de políticas públicas de género sectoriales para pueblos indígenas y originarios en coordinación con las organizaciones de mujeres indígenas.
  • Impulsar la aprobación de la Ley contra Acoso y Violencia Política en razón de género.
  • Destinar recursos al aumento de bono de natalidad universal.
  • Realizar acciones para incorporar género y trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales, a través de una normativa
  • Promover la sanción a situaciones de discriminación contra las mujeres.
  • Impulsar la aprobación de la Ley de Inversión Pública en Género.
  • Impulsar acciones de sensibilización a funcionarios públicos sobre la importancia de invertir en género y generación de indicadores.
  • Incremento de la inversión pública en género y departamental.
  • Impulsar el reconocimiento del derecho a una maternidad segura con una visión intercultural.
  • Promover políticas orientadas a prevenir la mortalidad materna.
  • Impulsar una maternidad segura, a través del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
  • Modificar la Ley Elizardo Pérez, Abelino Siñani para que contemple contenidos de lucha contra la violencia de género.

 

En 2008 se dicta el Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades “Construyendo la Nueva Bolivia, Para Vivir Bien”, como “el producto de un largo proceso de concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales de mujeres de todo el país, en procura de identificar los problemas que las aquejan y de diseñar una estrategia de largo plazo orientada a superarlos”. Se identifican, entre otros, los siguientes campos y líneas de acción (págs. 5 y 6):

  • En el ámbito educativo, el plan incluye políticas orientadas a (…) incorporar la perspectiva de género en la revolución educativa.
  • Para mejorar la salud de las mujeres, se propone ampliar la cobertura de los servicios de salud a mujeres en edad fértil en el marco del Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud y promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, en el marco del reconocimiento pleno de la diversidad cultural y étnica del país.
  • El plan también propone erradicar la violencia en razón de género y sancionar las prácticas discriminatorias, de exclusión y subordinación, a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos.

Desde la página 202 hasta la 207, el Plan diseña acciones concurrentes según ejes estratégicos, entre las cuales se encuentran las siguientes:

  • Promover la eliminación de los estereotipos sexistas en los distintos espacios laborales.
  • Proponer una normativa especial, con perspectiva de género, que flexibilice la normativa laboral en el sector informal.
  • Priorizar programas e iniciativas de habitabilidad básica, agua y saneamiento, que interrelacionen la sostenibilidad y el enfoque de género, a nivel local y nacional.
  • Asegurar el acceso equitativo de las mujeres a al programa de crédito solidario (BDP).
  • Redistribuir las tareas del cuidado y protección de la familia entre mujeres y hombres dentro del hogar y entre las familias y el Estado
  • Fortalecer el principio de igualdad de oportunidades y corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la convivencia familiar y social más igualitaria.
  • Incidir en el cambio de esquemas culturales de la distribución de roles de mujeres y hombres en la familia mediante el incentivo a la reflexión y toma de conciencia de la igualdad y equidad entre sexos.
  • Impulsar acciones que incentiven el cambio de la perspectiva cultural acerca de los estereotipos de género en la familia y la comunidad, referida al acceso y permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en los centros educativos.
  • Incorporar la perspectiva de género en la revolución educativa.
  • Promover que maestras y maestros reciban la formación adecuada en coeducación, prevención de la violencia de género, e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
  • Transversalizar la perspectiva de género en el Proyecto de Ley Elizardo Pérez y Avelino Siñani y en su respectiva reglamentación normativa y operativa.
  • Incorporar la igualdad y equidad de género en los contenidos de planes y programas de los distintos niveles y ciclos educativos, y asegurar su cumplimiento en la práctica educativa ejercida por los/las docentes.
  • Incidir en el uso del lenguaje no sexista, así como en la deconstrucción de imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, en los espacios educativos.
  • Adecuación de políticas referidas al respeto a la diversidad y a los derechos culturales, en coherencia con las políticas de no discriminación e igualdad de género, y viceversa.
  • Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la educación superior.
  • Recuperar la memoria histórica de las mujeres.
  • Transversalizar el enfoque de género en la producción del conocimiento en todos los niveles educativos.
  • Incorporar en la formación del personal de salud el enfoque de género y el respeto a la diversidad cultural.
  • Promover investigaciones orientadas a recuperar los saberes de las mujeres en el cuidado de la salud.
  • Fortalecer los sistemas públicos de salud garantizando una atención adecuada a las mujeres, en cuanto a sus especificidades de género y diversidad de identidades, edades y culturas.
  • Impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres en los procesos de salud.
  • Promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
  • Enfatizar en los programas de salud sexual y reproductiva la maternidad segura y la prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, e incrementar su cobertura.
  • Desarrollar programas de educación ciudadana, formación y capacitación referidos a derechos sexuales y derechos reproductivos.
  • Promover el debate público, libre y abierto sobre el derecho de las personas a vivir una sexualidad libre de prejuicios y estereotipos.
  • Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.
  • Mejorar el sistema de atención a integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
  • Intensificar la formación y especialización de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género.
  • Reforzar en la protección policial y judicial de las víctimas de la violencia de género.
  • Promover el conocimiento de la violencia de género a partir de los contenidos en el sistema educativo.
  • Desarrollar acciones contra la naturalización de la violencia de género, condenándola como un hecho delictivo e incentivando la solidaridad en la comunidad hacia las víctimas.
  • Promover el desarrollo de contenidos preventivos de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito de la escuela y la familia.
  • Capacitación y sensibilización a operadores/as y administradores/as de justicia en perspectiva de género y atención a casos de violencia de género.
  • Fortalecer y jerarquizar los mecanismos de género en las distintas instancias estatales.
  • Proponer normas, acciones y estrategias para transversalizar la perspectiva de género en la gestión pública.
  • Coordinar y articular las políticas públicas referidas a la igualdad de género en los proyectos, programas y planes de las diferentes instancias estatales.

 

En el año 2009 el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial número 799 estableció un “Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015”. “El Plan asume los principios básicos del derecho a la vida, a la integridad física, a la equidad de género y generacional, a la participación, solidaridad, justicia social y reciprocidad, en el marco del respeto a la diversidad cultural que tiene Bolivia” (págs. 30-31). Y reconoce los siguientes objetivos (págs. 29 y ss):

  • Favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, en las diferentes etapas del ciclo de vida, con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad, mediante organización de servicios de salud de calidad, la coordinación interinstitucional, intersectorial e interagencial y la participaciónprotagónica de individuos, familias y comunidades haciendo énfasis en la reducción de los factores y comportamientos de riesgo y la atención a grupos con necesidades específicas.
  • Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en salud.
  • Asegurar la utilización oprima de las capacidades nacionales, interinsrirucionales e intersectoriales en el mejoramiento de la SSR de la población.
  • Incrementar la demanda de servicios de SSR de calidad de hombre y mujeres excluidos de sus beneficios.
  • Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de SSR en función a las expectativas y necesidades de los usuarios.
  • Ofrecer atención diferenciada de servicios de SSR a grupos poblacionales especiales.
  • Brindar servicios de SSR adecuados culturalmente.
  • Reducir la tasa y las brechas de mortalidad neonatal en 20% (línea de base, ENDSA, 2008:
  • 27 por mil nacidos vivos).
  • Disminuir la necesidad insatisfecha de acceso a anticoncepción en 11% con relación al 2008 (de 20,2% a 18%).

En las págs. 31-32 de este Plan se afirma que “se reconoce que los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos humanos que toda persona, sin importar su sexo, color de piel, edad, orientación sexual, religión, partido político tiene derecho a ejercer. Su finalidad es que el ser humano pueda disfrutar de una vida digna y desarrollarse plenamente y sin discriminación, riesgo, amenaza, coerción y violencia en el campo de la sexualidad y reproducción”. Allí también encontramos un listado se los supuestos derechos sexuales y reproductivos, a saber:

  • El derecho a la integridad corporal y a la autonomía en el control del cuerpo.
  • El derecho al más alto nivel de salud sexual.
  • El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad.
  • El derecho a la educación integral para la vida afectiva y sexual desde la niñez.
  • El derecho a acceder a la orientación y consejería profesional, a la prevención y tratamiento de ITS- VlH/SIDA, hepatitis By C, CACU, cáncer de mama y de próstata y disfunción sexual.
  • El derecho a tomar decisiones sobre su sexualidad, libres de todo tipo de presión, violencia o discriminación.
  • El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espacio temporal entre los nacimientos.
  • El derecho a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos, de la más amplia gama de alternativas, seguros y efectivos, de calidad y costo accesible.
  • El derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico profesional durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia, incluyendo la atención de las emergencias y de las complicaciones del aborto.
  • El derecho a recibir asistencia en la interrupción del embarazo, en los casos regulados por ley.
  • El derecho a no ser discriminadas y ser protegidas en el trabajo o estudio por razón de embarazo o maternidad.
  • El derecho a acceder a la orientación y consejería, prevención y tratamiento de problemas de infertilidad.

Entre los Lineamientos estratégicos y operativos de este Plan (págs. 33-40), figuran los siguientes:

Línea estratégica 1: Afirmación de los derechos sexuales y os derechos reproductivos en el campo de la salud. Esto incluye: formulación e implementación de estrategias y acciones de cabildeo, abogacía e incidencia para obtener una legislación apropiada del Art. 66 de la nueva Constitución Política del Estado; buscar consensos con autoridades en los diferentes niveles (nacional, departamental y local) relacionadas con la formulación, aprobación y divulgación de la reglamentación del Art. 66 de la CPE; implementar acciones de abogacía para la elaboración/actualización de leyes y políticas que favorezcan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales y bisexuales; posicionamiento de la salud sexual y salud reproductiva (en el marco del continuo de atención) en la agenda nacional, departamental y municipal (abogacía); realizar procesos de información y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva a nivel nacional, departamental y municipal, con enfoque intercultural, género, generacional, holístico y de diversidad sexual; incidir activamente en los procesos de toma de decisiones políticas, normativas técnicas, administrativas y financieras para la valoración de la inversión en salud sexual y reproductiva.

Línea estratégica 2: reforzamiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial. Esto implica: inclusión de contenidos de SSR en la currícula educativa de los niveles primario, secundario y superior; fortalecer la coordinación con el Ministerio de Educación y las entidades de educación media y superior, con la finalidad de desarrollar y consolidar los contenidos de SSR en la enseñanza formal; implementar procesos de Educación para la Vida y la sexualidad sana, con profesores y alumnos; coordinación para las acciones en salud sexual y salud reproductiva; fortalecer la coordinación con entre las Unidades del Ministerio de Salud (Servicios de Salud, Planificación, Promoción de la Salud, Epidemiología, etc.), los proyectos y los sistemas; fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial al interior de la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro, como un medio para que los actores del Estado y de la sociedad civil, que tienen responsabilidades y competencias en el tema, asuman un papel activo e integren alianzas en función del Plan Estratégico Nacional de SSR; apoyar la creación y consolidar los mecanismos de coordinación entre los servicios de salud y las instituciones de desarrollo local.

Línea estratégica 3: Mejoramiento gerencial en planificación, supervisión, monitoreo y evaluación. Involucra contribuir a la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes departamentales; acompañamiento en la elaboración y ejecución conjunta de los POA departamentales, para que respondan a la las líneas estratégicas del Plan y concreten los postulados de la nueva Constitución Política del Estado, enfatizando la valorización de la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos de hombres y mujeres; promover la participación comunitaria en la elaboración de planes de acción en el marco de la gestión compartida en salud (SAFCI); implementar procesos de supervisión capacitante, monitoreo, seguimiento y evaluación de servicios integrales de salud y SSR en las redes de servicios; apoyar y promover el diseño, elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores de salud sexual y salud reproductiva; difundir la información generada por las ENDSA y otros estudios a fin de promover el análisis y la toma de decisiones fundamentales; consensuar una lista estandarizada de indicadores básicos sobre la oferta y uso de anticonceptivos, con fines de seguimiento, monitoreo y comparación nacional e internacional; promover la conformación y organización de equipos técnicos nacionales, departamentales y municipales, responsables de operacionalizar la supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de SSR; gestionar la consideración prioritaria de indicadores relativos a SSR en la planificación y programación de los CAl nacional, departamental, de red, de servicio y hospitalario; promover una mejor calidad de información del SNIS y su utilización en la toma de decisiones; fortalecimiento del SNIS para la implementación de sistemas e indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación de la situación de la SSR, las redes de servicios y de las instancias comunitarias incluidas en las redes de salud; incorporación en el SNIS de actividades de atención al/la adolescente y joven (tramos de edad de 10 – 14, 15 – 19 y 20 – 24 años), incluyendo variables relacionadas con el embarazo, anticoncepción, violencia sexual e ITS/VIH/SIDA; fortalecer la utilización de Sistemas de Vigilancia en la generación de información para la toma de decisiones en SSR; consolidar la utilización del SIP y el SIP de Aborto (SIP-A) a nivel hospitalario y de red de salud; apoyar técnicamente a los SEDES y hospitales priorizados en la implementación del SIP-A y en la utilización de la información generada; implementar el Sistema Informático del Adolescente en los servicios diferenciados de atención y en hospitales de 11 y III nivel; fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna (SVEMM) reponiendo el Formulario de notificación mensual de defunciones maternas anexo al formulario de producción de servicios e incorporar procesos comunitarios de vigilancia; implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del cáncer de cuello uterino y mama; fortalecer el funcionamiento de los Comités de Análisis de la Información (CAl); promover el análisis de indicadores de SSR para la toma de decisiones; promover la participación activa de la comunidad y comités locales de salud, quienes conjuntamente el personal institucional tomen decisiones en el ámbito local basándose en la información analizada en el CAl Comunal[4]; promover procesos de gestión de las redes de servicios de salud, basadas en la información y encaminados a impulsar esfuerzos que fortalezcan acciones de SSR considerando los determinantes de la salud; promover el diseño y desarrollo de investigaciones operativas y estudios sociales con enfoque intercultural, género, generacional, holístico y de diversidad sexual; promover el análisis y utilización de la información del estado de salud y los determinantes sociales de la población para identificar áreas temáticas de investigación; apoyar procesos de investigación de tecnologías innovadoras para mejorar la SSR, apoyando y/o generando evidencia sobre las intervenciones y prácticas efectivas; realizar investigaciones socio sanitarias (encuestas poblacionales de satisfacción, prácticas médicas tradicionales, salud intercultural y otras) para mejorar la calidad de la atención; promover la utilización de sistemas de información departamental y local para la implementación de investigaciones operativas.

Línea estratégica 4: Promoción de la demanda de servicios de SSR de calidad, en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto contempla fortalecer mecanismos de coordinación entre los servicios de salud y la comunidad en el marco de la Salud Familiar Comunitaria lntercultural; consensuar roles y responsabilidades familiares y comunitarias para el cuidado de la salud de toda la población que eviten factores innecesarios de riesgo; definir el proceso e instancias transparentes y eficaces para el ejercicio del derecho a la salud, a la salud sexual y salud reproductiva en codos los niveles del Sistema Único de Salud Familiar Comunicaría lntercultural; desarrollar procesos de capacitación e información sobre derechos sexuales y reproductivos, con enfoque intercultural, género, generacional, holístico y de diversidad sexual; incorporar a las organizaciones sociales en los procesos de supervisión capacitación, monitoreo, seguimiento y evaluación en las redes municipales de salud; incrementar y fortalecer el conocimiento de coda la población, en la prevención y detección temprana de comportamientos de riesgo en SSR; promover la participación comunitaria con enfoque de auto cuidado en SSR; promover la participación y el involucramiento de actores sociales municipales y locales (alcaldes, líderes/as comunitarios/as, iglesias, medios de comunicación, etc.) en procesos de movilización comunitaria y comunicación educativa en salud; involucrar a los hombres en la defensa y cuidado de la salud sexual y salud reproductiva; desarrollar estrategias de comunicación multimedia para la promoción de las prácticas saludables con enfoque de género e interculturalidad generacional y de diversidad sexual; desarrollar e implementar estrategias locales, regionales y nacionales de comunicación educativa multimedia en SSR (redes de radios, educación por entretenimiento, televisión, interne, información gráfica en servicios, en instituciones, centros de concentración, ferias, foros debate y otros); identificar y priorizar mensajes de cuidados esenciales para adolescentes (sexualidad, diversidad sexual, anticoncepción temporal y anticoncepción de emergencia, prevención del embarazo incluyendo el segundo embarazo, estilos de vida saludables, proyecto de vida, asertividad, resiliencia y autodeterminación, derechos de los/as adolescentes, protección estatal, servicios y prestaciones), mujeres no embarazadas (sexualidad, diversidad sexual, anticoncepción de intervalo, posparto y postaborto, anticoncepción de emergencia, rastreo y tratamiento del cáncer de cuello uterino, manejo sindrómico y etiológico de las ITS, diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH, etc.), mujeres embarazadas (sexualidad, atención a las hemorragias de la primera mitad del embarazo y al aborto impune; control prenatal, atención calificada del parto, nutrición e higiene en el hogar, control postnatal, reconocimiento de señales de peligro para la búsqueda inmediata de ayuda. Derechos de las mujeres, servicios y prestaciones), hombres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes (sexualidad, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, masculinidades, violencia sexual y de género, manejo sindrómico y etiológico de las ITS, diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH, prevención y tratamiento del cáncer de próstata, disfunciones sexuales, climaterio, etc.

Línea estratégica 5: Desarrollo de servicios de SSR para hombres y mujeres. Incluye implementar y fortalecer procesos técnicos para garantizar la atención integral en SSR; aplicar intervenciones efectivas basadas en las normas de atención en SSR; actualizar la currícula de las instituciones formadoras de recursos humanos del país a las normas de atención en SSR; desarrollar e implementar un programa de desarrollo de competencias continuo y sostenible en atención integral en SSR; promover la provisión de servicios integrales de SSR con adecuación intercultural y enfoque de derechos y género; planificación, ejecución, supervisión y evaluación de actividades en las Redes Municipales SAFCI orientadas a mejorar la salud sexual y salud reproductiva de manera participativa y sostenible; apoyar la aplicación de normas, protocolos e instrumentos del Sistema Único de Salud Familiar Comunitario lntercultural en el marco de las redes de servicios, así como mecanismos de evaluación, que aseguren su eficacia en el marco de un enfoque integral y horizontal; fortalecer la provisión de servicios integrales de SSR que responda a las necesidades de anticoncepción (incluyendo la anticoncepción reemergencia), prevención y atención de la violencia sexual y de género; prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA (incluyendo la transmisión vertical); atención a la mujer y el recién nacido durante el embarazo, parto, posparto y lactancia; provisión de servicios integrales de SSR con énfasis en la detección y manejo oportuno de infertilidad; provisión de servicios integrales de SSR con énfasis en la prevención primaria, secundaria y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino, mama y prostático.

Línea estratégica 6: Promoción de la atención diferenciada de servicios de SSR a grupos poblacionales especiales (adolescentes, personas mayores, personas con capacidades diferentes, GLBP). Supone fortalecer la provisión de servicios integrales de salud y SSR, respondiendo a las necesidades de los y las adolescentes (atención de la nutrición, crecimiento y desarrollo sexual y psicológico, prevención y atención de la violencia sexual y de género, información, orientación y servicios de anticoncepción para la prevención del primer y segundo embarazo en la adolescencia, incluyendo la anticoncepción de emergencia, prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA, incluyendo la doble protección, atención en el embarazo, parto, posparto, recién nacido y postaborto); fortalecer la oferta de servicios de SSR respondiendo a las necesidades y expectativas de personas mayores; atención a mujeres y hombres en el climaterio; coordinar acciones con grupos y asociaciones de personas mayores a fin de responder a sus necesidades y demandas; facilitar procesos de orientación en estilos de vida que les permita vivir su sexualidad saludablemente, promoviendo su nutrición y prevención de riesgos; promover servicios integrales de SSR, información, orientación y servicios de anticoncepción; prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA y atención del climaterio; fortalecer la oferta de servicios de SSR respondiendo a las necesidades y expectativas de personas con capacidades diferentes; coordinar acciones con grupos y asociaciones de personas con capacidades diferentes a fin de responder a sus necesidades y demandas; facilitar procesos de orientación en estilos de vida que les permita vivir su sexualidad saludablemente, promoviendo la nutrición, tratamiento y prevención de riesgos; promover servicios integrales de SSR incluyendo información, orientación y servicios de anticoncepción, prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA; fortalecer la oferta de servicios de SSR respondiendo a las necesidades y expectativas de personas GLBT; coordinar acciones con grupos y asociaciones de personas con grupos GLBT a fin de responder a sus necesidades y demandas; facilitar procesos de información y orientación en estilos de vida, que les permita vivir su sexualidad saludablemente, promoviendo la nutrición, tratamiento y prevención de riesgos; promover servicios integrales de SSR para hombres y mujeres GLBT; realizar acciones de información, orientación y servicios de prevención y atención de las ITS – VIH/SIDA.

Línea estratégica 7: Mejoramiento de la Iogística de insumos, medicamentos y anticonceptivos. Implica fortalecer y consolidar el funcionamiento del SNUS/SALMI para asegurar la provisión de insumos, medicamentos y métodos anticonceptivos; promover la aplicación de las normas y procedimientos destinados a garantizar la disponibilidad oportuna de anticonceptivos seguros, eficaces y de calidad reconocida; mejorar el conocimiento y aplicación de las normas técnico administrativas para la selección, programación, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos (incluyendo los anticonceptivos) para otorgar un servicio farmacéutico eficiente y de calidad; consolidar la implementación y funcionamiento del SIAF en las Redes de servicios y hospitales; promover el funcionamiento del Sistema de Información y Administración Logística (SIAL) de insumos, medicamentos y métodos anticonceptivos; incrementar conocimientos para mejorar el funcionamiento del SIAL en los servicios de salud; desarrollar competencias en los recursos humanos para el monitoreo de los niveles de existencia y consumo de medicamentos e insumos de SSR para una adecuada y oportuna solicitud, almacenamiento, distribución y dispensación de los mismos; fortalecer la provisión de

insumos y medicamentos de SSR en las farmacias; consolidar la aplicación de normativas para la adquisición de insumos y medicamentos de SSR; apoyar la elaboración de un listado básico de medicamentos; fortalecer el funcionamiento del “Módulo de Farmacia” del Sistema de Información y Administración Financiera (SIAF) para sistematizar el SIAL en los establecimientos de salud; fortalecer las boticas comunales con insumos y medicamentos de SSR, incluyendo los anticonceptivos; consolidar la implementación de Boticas Comunales en comunidades alejadas de establecimientos de salud, administradas por la comunidad y operadas por promotores de salud; fortalecer las Boticas Comunales con medicamentos esenciales y productos médicos tradicionales, bajo un listado básico que incluya insumos y medicamentos de SSR y anticonceptivos.

Línea de estratégica 8: Adecuación cultural de los SSR en los establecimientos de salud. Significa incrementar el conocimiento, la valoración y la utilización de las prácticas médicas tradicionales que permitan mejorar los servicios de SSR; estudiar, recuperar y sistematizar las mejores prácticas médicas tradicionales asociadas a la SSR; realizar perfiles epidemiológicos culturales de cada uno de los pueblos indígenas originarios, destacando los aspectos vinculados a la SSR; implementar procesos de adecuación intercultural en los establecimientos de salud; promover la incorporación de parteras y médicos tradicionales en los equipos de salud familiar comunitaria intercultural; apoyar la revisión de currículos de formación y capacitación de recursos humanos en salud con enfoque intercultural para la atención de la SSR; promover la incorporación consensuada de elementos culturales y naturales, representativos de los pueblos indígenas y originarios, en el diseño, equipamiento, organización y funcionamiento de los centros de salud; formular e implementar proyectos participativos de adecuación intercultural de los servicios y las prácticas de SSR.

 

En febrero de 2013 se aprobó la Ley de Juventud de Bolivia. En ella se establece que los jóvenes y las jóvenes tienen derecho:

  • “al respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, política, religiosa y espiritual, a su orientación sexual, como expresión de sus formas de sentir, pensar y actuar en función a su pertenencia” (art. 9, inc. 1);
  • “a asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, religioso, deportivo, económico, social, científico, académico, orientación sexual, identidad de género, indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, situación de discapacidad, y otros” (art. 9, inc. 7)
  • “a una vida libre de violencia y sin discriminación” (art. 9, inc. 8).
  • “a no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación sexual e identidad de género” (art. 11, inc. 6).
  • “a la protección de la maternidad de las jóvenes y la paternidad de los jóvenes” (art. 11, inc. 7).
  • “a solicitar y recibir información y formación, en todos los ámbitos de la salud derechos sexuales y derechos reproductivos” (art. 11, inc. 9).

 

Por su parte, el Estado se compromete a “desarrollar políticas de educación para la sexualidad responsable en todos los niveles educativos, centros de salud pública y privada, en forma gratuita para las jóvenes y los jóvenes” (art. 38, inc. I), garantizando “a las jóvenes y los jóvenes su derecho a ser informados y educados en salud sexual y salud reproductiva, para mantener una maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgos” (art. 38, inc. II). Asimismo, “el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el ámbito de la educación integral, lo siguiente: 1. La prevención, sanción y erradicación de todas las formas y prácticas de discriminación, exclusión y violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. 9. En el Sistema Educativo se prohíbe la discriminación y marginación a las jóvenes y a los jóvenes por su condición social, económica, identidad cultural, religiosa, sexual, embarazo, discapacidad y otros” (art. 42).

 

El Ministerio de Deportes ha emitido también un “Plan Nacional para la salud integral de la adolescencia y juventud boliviana 2004-2013”, en el que se parte de la perspectiva de género, de los así llamados “derechos sexuales y reproductivos” como “parte de los derechos humanos”, las “orientaciones sexuales”, el acceso irrestricto a los métodos de anticoncepción. Se asume el concepto de “salud biológica, psicológica y social” y un énfasis en la atención de la sexual y reproductiva (nº 16: Enfoques del Plan).

 

Con respecto a la esterilización humana, el Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia dispone que la misma “sólo procede a solicitud expresa, voluntaria y documentada de la misma. En caso de indicación terapéutica, será determinada por una junta médica” (art. 35).

 

 

4) Clonación y fecundación artificial:

 

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia dispone algunas medidas y actitudes con respecto a la actuación y limitaciones del médico en la “reproducción humana asistida” (arts. 29-36). Dictamina que “no está permitido al médico contribuir a gestar seres humanos para fines de investigación, comercio o uso como fuente de recursos diagnósticos o terapéuticos. Los embriones producto de fertilización in vitro, deben ser transferidos al útero materno. El embrión humano no puede ser sujeto de experimentación ni materia prima de medicamentos, cosméticos u otros productos, en concordancia con las resoluciones de la Asociación Médica Mundial” (art. 29). Tampoco puede el médico “contratar por dinero el útero de una mujer (madre gestante) para implantar embriones obtenidos in vitro, con uno o varios gametos de terceros progenitores” (art. 30). No puede aplicar “procedimientos dirigidos a practicar la eugenesia entendida como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia para la selección artificial de los seres humanos, a menos que sea para evitar, en la etapa preconcepcional, la transmisión de enfermedades graves relacionadas con el sexo” (art. 31). “La reproducción humana asistida sólo podrá realizarse después de agotar todos los tratamientos disponibles contra la esterilidad y bajo autorización escrita de ambos cónyuges o, en su caso, solo de la interesada” (art. 36). El médico debe tratar al embrión humano enfermo “de acuerdo con los mismos preceptos éticos que se aplican a los demás pacientes, incluido el consentimiento informado, en este caso de los progenitores” (art. 32). En relación al embrión y genoma humano “la actuación del médico se sujetará a los siguientes lineamientos: 1. El médico solamente podrá efectuar una intervención que trate de modificar el genoma humano con fines preventivos diagnósticos o terapéuticos. No están permitidas las intervenciones dirigidas a la modificación de características genéticas que no estén asociadas a una enfermedad, ni las que traten de introducir cualquier modificación en el genoma de los descendientes. 2. El médico no podrá utilizar técnicas de asistencia a la reproducción para elegir el sexo del futuro ser, excepto en los casos en que sea necesario evitar una enfermedad hereditaria grave ligada al sexo” (art. 33).

 

 

5) Eutanasia y muerte digna:

 

El Código Penal de Bolivia tipifica el “homicidio piadoso”, imponiendo “la pena de reclusión de uno a tres años, si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables, pudiendo aplicarse la regla del ARTICULO 39[5] y aun concederse excepcionalmente perdón judicial” (art. 257).

 

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia se refiere a esta problemática preceptuando que:

  • La cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de su asistencia a un enfermo (art. 37).
  • El médico usará los métodos, medicamentos y procedimientos a su disposición, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad (art. 38).
  • En enfermos terminales, el médico evitará emplear cualquier medio ordinario o extraordinario que no tenga beneficio concreto para el paciente. El seguimiento clínico y el apoyo moral al enfermo y su entorno, continuarán conforme el carácter humanístico de la atención médica (art. 40).
  • En caso de muerte encefálica debidamente comprobada, el médico tiene la obligación de informar de esa condición clínica al entorno familiar o legal, y evitar el empleo de técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso sólo sirva para prolongar ese estado. Excepto en caso de donación de órganos y tejidos (art. 41).
  • La eutanasia, entendida como acto deliberado para poner fin a la vida de un paciente, es contraria a la ética médica (art. 42).

 

Con respecto al paciente, según el mismo Código se reconoce su derecho a:

  • Recibir información comprensible sobre su estado, condición y grado de enfermedad para otorgar su consentimiento para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento médico. Si no estuviera en condiciones de expresar s u voluntad, se requerirá la autorización a sus familiares (art. 112)
  • Rechazar procedimientos y tratamientos propuestos y a ser informado de lo que implica su decisión (art. 113, a).
  • Rechazar ser sujeto de protocolos terapéuticos de investigación sin su consentimiento (art. 113, b).
  • Que se respete el proceso natural de su muerte (art. 118).

 

 

6) Objeción de conciencia:

 

El Plan Nacional de acción de derechos humanos “Bolivia para vivir bien” 2009-2013, emitido por el Ministerio de Justicia, recoge algunas observaciones de organismos internacionales  en cuanto a la conveniencia de que Bolivia incorpore en su legislación el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar[6], promueve la creación de “una ley que regule y posibilite el derecho a la objeción de conciencia, de conformidad a las recomendaciones de la CIDH”. Asimismo, se expresa la intención de “promover la reforma de la currícula educativa para que en los centros educativos públicos y privados, se enseñe tomando en cuenta la libertad de pensamiento, conciencia, religión y espiritualidad”.

 

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia prevé la objeción de conciencia del médico en relación al aborto: “si el médico considera que aconsejar o efectuar un aborto no punible es contrario a sus convicciones, podrá excusarse permitiendo la continuidad de la atención mediante otro médico calificado” (art. 28).

 

 

7) Discriminación y violencia de género:

 

La Constitución Política de Bolivia establece:

Artículo 14: I.”Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.

 

El Código Penal, por su parte, luego de la reforma de la ley 045 de 2010, contempla la discriminación entre los delitos contra la dignidad del ser humano, en los artículos 281 quinquies, sexies, septies, octies y nonies). Allí se establece que “la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años” (art. 281 sexies).

Asimismo, ”la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 quinquies y 281 sexies, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años” (art. 281 septies).

También son penalizados los insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios (art. 281 nonies). Y la participación en una “organización o asociación que promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 quinquies y 281 sexies o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios” (art. 281 octies).

 

Por su parte, la ley 045 de 2010 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación asume en su declaración de principios los conceptos, entre otros, de “equidad de Género”, “homofobia” y “transfobia”. Encara también acciones afirmativas, preventivas y correctivas contra la discriminación entendida en esos términos.

En su art. 6, esta ley define el debe del Estado de Bolivia de “definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales”, que implique acciones en los ámbitos educativo, de la administración pública, de la comunicación, información y difusión, y en el económico.

 

Con respecto a la así llamada “violencia de género”, la Constitución Política de Bolivia se refiere a ella en el art. 15, inc. III: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional”.

 

La Ley contra la violencia en la familia o doméstica (ley nº 1674, de 1995) se ocupaba de la violencia contra la mujer.

 

Sin embargo, en marzo de 2013 fue aprobada la ley 348, denominada “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, en la que “el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género” (art. 3, I). Entre los “principios y valores” de esta ley se mencionan la equidad de género y la despatriarcalización.

El art. 6 enuncia y define los tipos de violencia contra la mujer que reconoce la ley, a saber: la violencia física, feminicida, psicológica, mediática, simbólica y/o encubierta, contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos y la libertad sexual.

A partir de allí se establecen políticas públicas, criterios de prevención, atención a mujeres en situación de violencia, medidas de protección y procedimientos en materia penal, incluyendo reformas al Código Penal con reconocimiento de nuevos tipos penales como el feminicidio y el incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia.

 

 

[1]Constitución de Bolivia. Art. 13.IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

[2] Código Civil de Bolivia. Art. 263.- (ABORTO): El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:

1.         Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis años.

2.         Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.

3.         Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento.

La tentativa de la mujer no es punible.

Art. 264.- (ABORTO SEGUIDO DE LESIÓN O MUERTE).- Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años: y si sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad.

Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de uno a siete años: si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de dos a nueve años.

Art. 265.- (ABORTO HONORIS CAUSA): Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquélla, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.

Art. 266.- (ABORTO IMPUNE).- Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.

Art. 267.- (ABORTO PRETERINTENCIONAL): El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres meses a tres años.

Art. 268.- (ABORTO CULPOSO): El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un año.

Art. 269.- (PRÁCTICA HABITUAL DEL ABORTO).- El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

[3] Código Penal de Bolivia. Art. 250.- (ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA).- El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años. La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare.

 

[4]Comité de Análisis de Información de actividades en salud

[5]Art. 39.- (ATENUANTES ESPECIALES).- En los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera: 1. La pena de presidio de treinta años se reducirá a quince. 2. Cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del presidio. 3. Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la reclusión.

[6]En enero de 2004 obtuvo informe de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso “Alfredo Díaz Bustos v. Bolivia” (Caso 14/04, Informe No. 52/04). Díaz Bustos, un Testigo de Jehová reclamaba al Estado boliviano pretendía la exención del servicio militar, a tenor de la posibilidad de miembros de la religión católica, y alegaba el derecho a la objeción de conciencia. La Comisión consideró (apartado 32) que “las alegaciones del peticionario sobre presuntas violaciones al derecho a la libertad de conciencia y religión, incumplimiento del Estado a la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención así como también la presunta violación del derecho a una igual protección ante la ley, podrían caracterizar violaciones a los derechos de la presunta víctima, consagrados en los artículos 1(1), 2, 12, 24 y 25 de la Convención Americana. Adicionalmente, de conformidad con el principio general de la legislación internacional iura novit curia, los organismos internacionales tienen el poder, e incluso el deber, de aplicar todas las disposiciones jurídicas pertinentes, incluso aunque no hayan sido invocadas por las partes.[8] A la luz de este principio, la CIDH considera que los hechos alegados por el peticionario podrían caracterizar violaciones a los artículos 13(1), 22 y 23 (derecho a la libertad de pensamiento, derecho de circulación y de residencia y derechos políticos respectivamente) de la Convención Americana”. El asunto se resolvió en julio de 2005, a través de un acuerdo de solución amistosa suscripto entre el peticionario y el Estado de Bolivia, en el que este último se comprometía entre otras cosas a entregar la Libreta Militar a Alfredo Díaz Bustos, así como a promover la aprobación congresal de la legislación militar que incorpore el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar.

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