Basada en opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Chile autorizó un cambio de nombre y sexo registral

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Junio de 2018

Por María Inés Franck

www.observatoriointernacional.com

 

El pasado martes 29 de mayo, la Sala IV de la Corte Suprema de Chile determinó hacer lugar al pedido de una persona transgénero femenina de cambio de nombre y sexo registral sin cirugía, a pesar de que ese país no contempla tal posibilidad en su legislación.

El caso se había planteado en la Ciudad de Santiago, siendo rechazada la solicitud en primera instancia y luego por la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción. Las razones de la negativa en ambas instancias se ampararon en la no existencia de normas que regulen los casos de cambio de nombre y sexo registral de las personas transexuales. Sostuvieron los jueces, además, que, si bien el demandante solicitaba un cambio de nombre tal como está contemplado en la ley 17344 chilena, esa ley no se refiere a la situación específica planteada.

El peticionante recurrió en casación ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, la cual se expidió por cuatro votos contra uno haciendo lugar a la solicitud, e invalidando la sentencia anterior.

La Corte Suprema expresó en su sentencia que aún cuando el ordenamiento chileno no regulara expresamente la situación planteada, Chile se habría obligado por instrumentos internacionales de derechos humanos a no discriminar por razones de género. Se citan aquí interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las categorías sospechosas aquí comprendidas, fundamentalmente en la sentencia de “Atala Riffo y otras contra Chile” (2012). Asimismo, se mencionan opiniones consultivas de ese mismo Tribunal, principalmente la que en noviembre de 2017 emitiera a pedido de Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

La Corte Suprema de Chile se planteó también si las sentencias y opiniones de la Corte Interamericana que no tuvieran a Chile como parte podían aplicarse en las decisiones judiciales de ese país. Respondió que sí, porque la interpretación que la Corte Interamericana le da al Pacto de San José de Costa Rica -incluso a través de sus opiniones consultivas-, tendrían en todos los casos un carácter obligatorio para Chile, “a menos que todos los Estados Partes mediante un protocolo u otro instrumento que enmienden la Convención decidan reemplazar esta interpretación autoritativa por su propia ‘interpretación auténtica’”.

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