Marchas y contramarchas de la objeción de conciencia frente al aborto en Chile

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Mayo de 2018

www.observatoriointernacional.com

El 23 de marzo del corriente año, el Ministerio de Salud de Chile reformó el Protocolo para la manifestación de la objeción de conciencia ante casos de aborto, sancionado en enero de 2018 por la anterior gestión gubernamental.

La reforma del actual gobierno consistió básicamente en eliminar el requisito, para los establecimientos privados, de no estar adscriptos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante algún convenio, para poder invocar la objeción de conciencia institucional. Así, se otorga a las clínicas la posibilidad de abstenerse de practicar abortos sin perder sus convenios con el Estado.

La medida provocó una serie de reacciones entre los sectores más radicales y el pasado miércoles 9 de mayo la Contraloría General de la República de Chile emitió un dictamen en el cual se declara ilegal el nuevo Protocolo.

La razón invocada se basa en que “es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”. Así, un establecimiento privado que mantiene un convenio con el Estado -se afirma en el dictamen-, al ejecutar “la acción de salud de que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollando una función pública” financiados por el Estado.

Al conocerse la resolución de la Contraloría, desde el Ministerio de Salud de Chile se informó que se ha puesto en marcha para reformar las cuestiones del Protocolo que se requieran a fin de encontrar una solución adecuada a las objeciones planteadas, de tal modo que no se vea menoscabado el ejercicio de ningún derecho y se lleve a cabo un efectivo cumplimiento de la ley.

 

 

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