El aborto y las presiones de los Comités internacionales: ¿hacia un nuevo colonialismo?

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www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Enero de 2018

La cultura de los países latinoamericanos siempre valoró y celebró la vida humana. Uno puede constatarlo en las leyes y costumbres de nuestros pueblos, profundamente protectoras de la vida de la persona por nacer. Los latinoamericanos somos concientes de los muchos y graves problemas económico-sociales que nos aquejan; pero la opción fue siempre intentar resolverlos de manera inclusiva, ampliando y compartiendo cada vez mejor los recursos y la tecnología disponible, sin considerar la eliminación de la vida por nacer como una solución a nuestros desafíos.

Sin embargo, en los últimos años toda la región se ha visto presionada agresivamente por los Comités internacionales de derechos humanos en orden a hacer de lado estos valores enraizados en nuestros países, y promover el aborto en circunstancias cada vez más amplias e indiscriminadas. Esta presión ya se ha convertido en parte obligada y predecible de toda observación emanada de estos Comités, incluso en los párrafos textuales insertados y dirigidos a todos los Estados por igual, sin tener en cuenta la cultura local, ni la libertad de los ciudadanos o la soberanía de los pueblos. Una lectura atenta de las observaciones finales de esos Comités durante los años 2016 y 2017, permiten deducir algunas significativas constantes al respecto.

Los Estados que introdujeron el aborto en su legislación o jurisprudencia. Aquellos países evaluados que, ya sea por vía legislativa o judicial, han despenalizado de hecho o de derecho el aborto en una amplia gama de circunstancias, son instados a ir más allá y a revisar su práctica y legislación en torno a la objeción de conciencia y su control a través de protocolos específicos. Tal es el caso de la Argentina, evaluada en 2016 por el Comité de Derechos Civiles y Políticos y por el Comité de los Derechos de la Mujer. Ambos informes encaran el tema, recurriendo a conocidas falacias mediáticas: la confusión del homicidio agravado por el vínculo de un hijo al poco tiempo de nacer con la figura del aborto, por un lado, y a la atribución de las tasas de mortalidad materna a los abortos realizados en forma insegura, cuando las estadísticas oficiales del Estado desmienten ese argumento en forma científica. La Argentina, además, fue instada a ampliar las causales de no punibilidad al caso en que la persona por nacer presente graves malformaciones. Recomendaciones casi textuales recibió Colombia, evaluada en 2016 por el Comité para los Derechos Humanos. Finalmente, Uruguay, único país de la región que contaba con una ley de aborto al momento de la evaluación, recibió muy parecidas observaciones de parte del Comité de los Derechos de la Mujer en 2016 y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2017. Recordemos que el Uruguay está concentrando sus esfuerzos exitosamente en la defensa del derecho a la objeción de conciencia para todo el personal de la salud ante las solicitudes de practicar abortos. En el caso de Chile, si bien este país legisló sobre el aborto en el 2017, no ha sido evaluado por los Comités de derechos humanos luego de la sanción de esa ley.

Estados donde no se admite el aborto. Aquellos países en donde la penalización del aborto sigue vigente, sufren una fuerte presión directa en todas las observaciones de los Comités de derechos humanos, incluso de aquellos cuya temática no tiene demasiado que ver, prima facie, con el aborto. Tal es el caso de los Estados centroamericanos. Costa Rica, por ejemplo, donde el aborto no es punible sólo en los casos en que existe un grave riesgo para la vida y la salud de la mujer, es instada fuertemente por el Comité de Derechos Humanos en 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el mismo año y el Comité de los Derechos de la Mujer en 2017, a ampliar esas causales para incluir la violación, el incesto y la discapacidad de la persona por nacer. Exactamente lo mismo sucede con las observaciones a Ecuador por parte del Comité de Derechos Humanos en 2016, y del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura en 2017. Igual política con respecto a El Salvador y a Guatemala por parte del Comité de los Derechos de la Mujer en 2017. Haití fue instruida de la misma manera en 2016 por el Comité de los Derechos de la Mujer y por el Comité de los Derechos del Niño. Lo mismo Honduras en 2016 por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos de la Mujer; y en 2017 por parte del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos. A Panamá le tocó el turno en 2017 con el dictamen del Comité de los Derechos de la Mujer, y a la República Dominicana con el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2016. Llama poderosamente la atención que el hecho de que un Comité no tenga que supervisar cuestiones relacionadas con la posibilidad del aborto, no constituye un obstáculo para que igualmente se concluya con la “recomendación” general de legislar sobre el aborto. Además, los párrafos en donde se abordan esas recomendaciones son en varios casos idénticos en su redacción.

El caso paraguayo. En enero de 2016, el Paraguay recibió la visita del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de evaluar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos en ese país. Como resultado, el Estado recibió varias observaciones, que apuntan a instalar determinados temas en la agenda local. Algunas de esas recomendaciones fueron aceptadas y otras rechazadas por Paraguay. Entre las aceptadas se encuentran varias vinculadas con la implementación de políticas de igualdad de género; derechos de la mujer; no discriminación por motivos de raza, género y orientación sexual; implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas; violencia contra la mujer; reducción de la tasa de mortalidad maternal; deficiencias legales y políticas vinculadas con el embarazo de niños y adolescentes, para proteger mejor a las niñas, dado que algunas de ellas han sido obligadas a continuar con embarazos de alto riesgo con impacto a largo plazo en su salud física y mental. En cambio, las siguientes recomendaciones no fueron aceptadas por ese Estado. Se trata de la reforma de las leyes penales contra el aborto; la legalización del aborto en casos de violación, de no viabilidad de la persona por nacer y de riesgo para la vida o la salud de la madre. Este informe sobre Paraguay constituye un programa ordenado y explícito de medidas culturales impuesto por un organismo internacional.

¿Colonialismo ideológico? Se viene hablando desde hace un tiempo de un cierto “colonialismo ideológico” de determinados Estados y grupos para con otros, que tendría su sustento en la actual desigualdad de poder económico o de otro tipo entre los distintos actores internacionales. Esta desigualdad colocaría a algunos pueblos en una situación de desventaja, que se traduciría en una gran vulnerabilidad a la hora de mantener y promover sus valores culturales. A la luz de los documentos arriba mencionados, podríamos preguntarnos si no estamos frente a este tipo de colonialismo, de corte más cultural, que pretende instalar determinadas prácticas e ideologías que de ninguna manera contribuyen a resolver las dificultades estructurales de América Latina.

Obviamente, reconocemos que nuestros países enfrentan serias desigualdades que conciernen a derechos básicos y fundamentales, especialmente por la persistencia de graves situaciones de pobreza y marginación. En tal contexto, el problema de la mortalidad materna es particularmente crítico en algunas regiones de América Latina. En consecuencia, es lógico que estas situaciones llamen la atención de los organismos internacionales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, la respuesta de estos organismos parece desproporcionada en su injerencia en los sistemas de valores y cultura de los países, al poner el énfasis en una estrategia unilateralmente focalizada en el problema del aborto. Ello no sólo es cuestionable en sí mismo para solucionar la mortalidad materna (el caso de Chile y su exitosa política pública de reducción drástica de esta mortalidad defendiendo irrestrictamente la vida hasta 2017 es un ejemplo de las alternativas válidas existentes), sino que además impone una agenda que supone quebrar un principio básico y fundante de la convivencia como el que señala que el derecho a la vida es inviolable. Lo lógico sería que los organismos, si no reconocen el valor de la vida, al menos garanticen un mayor respeto al margen de apreciación de cada país en la búsqueda de las soluciones a los problemas de base.

Este desborde ideológico se advierte con toda claridad en las recomendaciones orientadas a obligar a los países a que legalicen el aborto por malformaciones fetales, una respuesta eugenésica y discriminadora que responde a una visión utilitarista de la persona humana y que choca con los derechos de las personas con discapacidad. Nuevamente aquí América Latina es ejemplo frente al mundo de una opción inclusiva para valorar a cada uno en su dignidad inherente.

Frente a esta situación, aparece como necesaria una nueva reflexión política y cultural, que nos lleve a reivindicar la libertad, la soberanía y el compromiso requeridos para encontrar respuestas propias y genuinas, capaces de plasmarse en leyes y políticas públicas que expresen soluciones auténticas y comprobables para los desafíos de América Latina.

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