Aborto e identidad de género: dos emblemáticas cuestiones del actual gobierno en Chile

Palacio de la Moneda

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Por María Inés Franck

Enero de 2018

El 4 de enero pasado, la Presidente de Chile ha reiterado al Congreso de ese país la urgencia Suma por tratar el proyecto de identidad de género (boletín N° 8.924-07) y convertirlo en ley. A pocas semanas de tener que entregar el gobierno chileno a su sucesor, Bachelet insiste en dejar su mandato teniendo en su haber dos leyes emblemáticas para algunos grupos minoritarios de presión: la ley de aborto y la de identidad de género.

Recordemos que, en septiembre del año pasado, el Congreso chileno aprobó, en medio de una gran polémica, la ley 21.030 que despenaliza abiertamente el aborto en tres causales: cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente y cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. La nueva ley reforma el Código Sanitario y pone, además, en una situación casi persecutoria a aquellos médicos, empleados e instituciones de salud que opten por ejercer una objeción de conciencia que sólo a regañadientes se toleró.

Ahora le toca el turno a la segunda promesa electoral de la Presidente: la identidad de género. El proyecto fue tratado hace pocos días por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en donde se declara que toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género y a ser tratada en conformidad con ella.

Para hacer esto posible, toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su identidad de género. El trámite se podrá realizar ante el Juez de Familia del domicilio del solicitante y abarca la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género”.

Para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente Ley, serán oponibles a terceros, aunque la nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento. Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada.

Por otra parte, el proyecto también permite que todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado.

Luego de la reiteración de la urgencia Suma para el tratamiento de este proyecto, se espera que pueda ser debatido por el pleno de la Cámara el próximo martes 16 de enero. De llegar a aprobarse una ley como esta, la República de Chile pasaría a estar tristemente entre los países más progresistas de la región en cuestiones de vida y familia, y también entre aquellos donde más se vulneran los derechos de las personas más débiles.

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