Panamá – Objeción de conciencia y derecho de expresión – Solicitud de opinión consultiva a la CIDH/2014

SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

Panamá, 28 de abril de 2014.

Señor Presidente

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Presente

El Gobierno de la República de Panamá, en su condición de Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos y en uso de la potestad que le otorga el Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por este medio comparece muy respetuosamente ante este despacho a fin de solicitar, como en efecto solicitamos, Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación y alcance del Artículo 1.2 (Artículo 1, Párrafo Segundo) de la Convención; en relación con los Artículos 1.1 (obligación de respetar derechos sin discriminación), Artículo 8 (garantías judiciales), Artículo 11.2 (derecho de intimidad y vida privada), Artículo 13 (libertad de expresión), Artículo 16 (libertad de asociación), Artículo 21 (derecho a la propiedad privada), Artículo 24 (igualdad ante la ley), Artículo 25 (protección judicial), Artículo 29.b (normas de interpretación y prohibición de limitar derechos o libertades reconocidas por las leyes o por otras convenciones internacionales), Artículo 30 (alcance de las restricciones), Artículo 44 (derecho de personas y de entidades no gubernamentales legalmente reconocidas de presentar peticiones), Artículo 46 (sobre agotamiento de los recursos internos) y Artículo 62.3 (competencia de la Corte para interpretar y aplicar la Convención), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 64 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República de Panamá formula su petición consultiva en los siguientes términos:

  1. DISPOSICIONES QUE DEBEN SER INTERPRETADAS

La principal disposición sobre la cual se gestiona interpretación, es concretamente la expresión del párrafo segundo del Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dispone:

“…2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

En relación con este párrafo, interesa la Opinión Consultiva de la Corte, sobre:

  1. a) El alcance y protección de las personas físicas por medio de las personas jurídicas o “entidades no gubernamentales legalmente reconocidas”, tanto para agotar los procedimientos de la jurisdicción interna como para plantear denuncias de violación de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
  2. b) El alcance y la protección de los derechos de las personas jurídicas o “entidades no gubernamentales legalmente reconocidas” como tales, en cuanto instrumentos de las personas físicas para lograr sus cometidos legítimos.

Interesa saber también si el Artículo 16 de la Convención, que reconoce el derecho de los seres humanos a asociarse, se ve limitado o no por la restricción de protección de las asociaciones libremente formadas por las personas físicas como “entidades no gubernamentales legalmente reconocidas”, para proteger sus derechos expresados y desarrollados por medio de las personas jurídicas que se conforman al amparo del derecho de asociación.

El Artículo 16 de la Convención, en lo que interesa, establece:

“1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.”

Además, se solicita Opinión Consultiva sobre la interpretación del Artículo 1.2 de la Convención a la luz del Artículo 29 de la Convención que a la letra dice:

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

  1. a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
  2. b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
  3. c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
  4. d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”

Se solicita también Opinión Consultiva sobre la interpretación del Artículo 1.2 de la Convención a la luz del Artículo 30 de la Convención que a la letra dice:

“Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”

A la luz de esas consideraciones, se solicita además Opinión Consultiva sobre la protección de derechos humanos de las personas físicas por medio de organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas, de los siguientes derechos:

  1. a) A la protección judicial y al debido proceso del artículo 8 de la Convención;
  2. b) A la intimidad y vida privada del artículo 11 de la Convención;
  3. c) A libertad de expresión del artículo 13 de la Convención;
  4. d) A la propiedad privada reconocida por el artículo 21 de la Convención;
  5. e) A la igualdad y no discriminación de los artículos 1.1 y 24 de la Convención.
  6. f) Al derecho de huelga y de formar federaciones y confederaciones del artículo 8 del Protocolo de San Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  7. CONSIDERACIONES QUE ORIGINAN LA CONSULTA

El Estado invoca la práctica de la Comisión Interamericana en cuanto a la interpretación del artículo 1.2 de la Convención y cita los dos pasajes siguientes, entre otros, extractados de los pronunciamientos de la Comisión:

[]que el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como las disposiciones del Artículo 1.2 proveen que ‘para los propósitos de esta Convención, ‘persona’ significa todo ser humano’, y que por consiguiente, el sistema de personas naturales y no incluye personas jurídicas [… ] consecuentemente, en el sistema interamericano, el derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisión tiene atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tiene jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías o, como en este caso, instituciones bancarias (Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima – Perú considerandos 1 y 2).

[…] de acuerdo al segundo párrafo de la norma transcrita, [artículo 1], la persona protegida por la Convención es ‘todo ser humano’ [….]. Por ello, la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material (Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A.-Argentina, párr. 17).

Con estos dos párrafos parece entenderse que las personas jurídicas al ser ficciones jurídicas, por sí mismas no son susceptibles de Derechos sino las personas miembros de las sociedades de la persona jurídica.

Dado que esto es un tema que ha generado inquietudes entre los Estados y que hasta ahora solo se hace referencia a la opinión de la Comisión, el Estado panameño considera oportuno consultar la posición de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de este tema.

III. PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE LAS CUÁLES SE BUSCA LA OPINION DE LA CORTE

Se solicita formalmente que la Corte Interamericana, en Opinión Consultiva, responda a las siguientes preguntas concretas:

  1. ¿El Artículo 1, Párrafo Segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, restringe la protección interamericana de los derechos humanos a las personas físicas y excluye del ámbito de protección de la Convención a las personas jurídicas?
  2. ¿El Artículo 1.2 de la Convención, puede proteger también los derechos de personas jurídicas como cooperativas, sindicatos, asociaciones, sociedades, en cuanto compuestos por personas físicas asociadas a esas entidades?
  3. ¿Pueden las personas jurídicas acudir a los procedimientos de la jurisdicción interna y agotar los recursos de la jurisdicción interna en defensa de los derechos de las personas físicas titulares de esas personas jurídicas?
  4. ¿Qué derechos humanos pueden serle reconocidos a las personas jurídicas o colectivas (no gubernamentales) en el marco de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de sus Protocolos o instrumentos internacionales complementarios?
  5. En el marco de la Convención Americana, además de las personas físicas, ¿tienen las personas jurídicas compuestas por seres humanos derechos a la libertad de asociación del Artículo 16, a la intimidad y vida privada del Artículo 11, a la libertad de expresión del Artículo 13, a la propiedad privada del Artículo 21, a las garantías judiciales, al debido proceso y a la protección de sus derechos de los Artículos 8 y 25, a la igualdad y no discriminación de los Artículos 1 y 24, todos de la Convención Americana?
  6. ¿Puede una empresa o sociedad privada, cooperativa, sociedad civil o sociedad comercial, un sindicato (persona jurídica), un medio de comunicación (persona jurídica), una organización indígena (persona jurídica), en defensa de sus derechos y/o de sus miembros, agotar los recursos de la jurisdicción interna y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de sus miembros (personas físicas asociadas o dueñas de la empresa o sociedad), o debe hacerlo cada miembro o socio en su condición de persona física?
  7. ¿Si una persona jurídica en defensa de sus derechos y de los derechos de sus miembros (personas físicas asociados o socios de la misma), acude a la jurisdicción interna y agota sus procedimientos jurisdiccionales, pueden sus miembros o asociados acudir directamente ante la jurisdicción internacional de la Comisión Interamericana en la defensa de sus derechos como personas físicas afectadas?
  8. En el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿las personas físicas deben agotar ellas mismas los recursos de la jurisdicción interna para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de sus derechos humanos, o pueden hacerlo las personas jurídicas en las que participan?

 

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