Perú – La presión internacional contra el niño por nacer

Perú: la presión internacional contra el niño por nacer

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Febrero de 2016

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Entre diciembre de 2015 y enero de 2016, Perú sufrió dos fuertes intervenciones internacionales a favor de la legalización del aborto.

La evaluación del Comité de los Derechos del Niño. El 29 de enero de 2016, el Estado peruano padeció la evaluación periódica del Comité de los Derechos del Niño. En las observaciones finales de este organismo internacional, se destaca la ratificación hecha por el Perú del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a procedimientos comunicacionales, de la Convención para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzosa; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Convención sobre el Estado de las Personas apátridas y la Convención sobre la Reducción de los Apátridas. Asimismo, celebra la aprobación, en noviembre de 2015, de la Ley 30364 para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pero además, el Comité instó a Perú a prohibir explícitamente cualquier discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (apartado 28); a fomentar la educación en salud sexual y reproductiva de los niños; a dejar de criminalizar el aborto en todas las circunstancias, garantizando a los niños el acceso al aborto seguro por lo menos en casos de violación, incesto, seria enfermedad del feto y riesgo para la vida y salud de las madres (apartado 56); garantizar la disponibilidad y el acceso para todos los adolescentes a servicios confidenciales de salud sexual y a servicios de consejería y contracepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia gratuita (apartado 56).

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso “K.L.”. En diciembre de 2015, el Estado de Perú aceptó responsabilidad por haber negado la práctica de un aborto a una menor de edad cuyo hijo había sido diagnosticado con anencefalia.

El caso había ocurrido en el año 2001. Debido a las disposiciones legales peruanas protectoras de la vida humana desde el momento de la concepción, los médicos se negaron a practicarle un aborto. La mujer, entonces, llevó a cabo su embarazo, y el niño murió a los cuatro días de nacido.

Las organizaciones DEMUS, CLADEM y “Center for Reproductive Law and Policy”, en representación de la menor, llevaron el tema en el año 2002 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegando violaciones a los artículos 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor para el Estado del Perú desde 1980.

El 22 de noviembre de 2005, el Comité dictamina a través de la Comunicación Nº 1153/2003 “que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto”. Asimismo, establece que “el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya una indemnización. El Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”. Pide además a Perú que publique el dictamen del Comité.

El 7 de diciembre de 2015, el Perú publica el texto en su Boletín Oficial y se obliga a acatar sus disposiciones.

Se sienta así un peligroso precedente para nuestros países, que siguen viéndose presionados para desplazar las medidas protectoras de la vida desde el primer momento de la concepción/fecundación, reemplazándolas por otras que recojan las imposiciones de organismos internacionales que se apartan de la letra y el espíritu de los tratados firmados en su momento por los Estados.

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