Paraguay – Se presenta en el Senado un proyecto de ley contra la discriminación

Se presentó en el Senado paraguayo un proyecto de ley contra la discriminación

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Diciembre de 2015

congreso Paraguay

El 24 de noviembre pasado, con la firma de cuatro senadores fue presentado en el Senado Paraguayo un proyecto de ley contra toda forma de discriminación (proyecto S-157003).

Aspectos generales. La iniciativa busca reglamentar el art. 46 de la Constitución Nacional paraguaya, el cual se refiere a la igualdad de las personas y establece que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.

El art. 4º dispone que “Las disposiciones de la presente Ley deberán ser interpretadas y aplicadas de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Paraguay es Estado Parte, incluidas las recomendaciones emanadas de los organismos creados por dichos convenios”. Por su parte, en el art. 5º se sostiene que “Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o aplicación de esta Ley, prevalecerán las normas más favorables para la protección de la víctima de la discriminación”.

Concepto de discriminación. El art. 6 define el concepto y los motivos de discriminación, afirmando que se trata de “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la vida pública”. Además, “la determinación de la raza o el color, el origen étnico, la orientación sexual y la identidad de género se basarán en la autodefinición de la persona interesada” (art. 7). El mismo art. 7 establece también que “un acto discriminatorio será considerado como tal independientemente de que haya sido ocasionado por uno de los motivos enunciados en el artículo 6, o por una combinación de ellos”.

Prohibiciones expresas. El art. 8 prohíbe expresamente diversos actos que considera discriminatorios. Entre estas prohibiciones se encuentran algunas que llaman la atención por su sesgo contrario al ejercicio de importantes libertades naturales y constitucionales:

– La restricción de la oferta de trabajo y empleo, el acceso, permanencia y ascenso en el mismo, así como la libre elección de empleo en base a alguno de los motivos enunciados en el artículo 6.

– El impedimento a la educación pública o privada, a becas y a cualquier otro beneficio o incentivo para la permanencia en el sistema educativo, en base a alguno de los motivos enunciados en el artículo 6.

– La negación del ingreso, la expulsión o la aplicación de sanciones disciplinarias o presiones de cualquier otra índole a cualquier estudiante de una institución de enseñanza de cualquier nivel, sea pública o privada, por motivo de alguna de las formas de discriminación establecidas en el artículo 6.

– El establecimiento de contenidos, métodos o materiales pedagógicos en los que se enseñen, promuevan o propicien actitudes discriminatorias o se asignen roles de subordinación o de superioridad a determinados grupos.

Las “diferencias de trato legítimas”. Por su parte, el art. 9 estipula que no serán consideradas discriminación, sino diferencias de trato legítimas, entre otras:

– Las disposiciones legales, acciones educativas o de políticas públicas que se adopten como medidas especiales de carácter temporal con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso y acelerar la igualdad de hecho de grupos o personas tradicionalmente discriminados; siempre que estas medidas cesen una vez alcanzados los objetivos propuestos.

– Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en capacidades, conocimientos, calificaciones y competencias exigidas para el acceso, permanencia y ascenso en un empleo determinado, tanto en el sector público como en el privado.

– Los requisitos académicos, de evaluación y calificación y límites de edad que se establecen en el ámbito educativo, así como las exigencias académicas para el acceso a becas, exoneraciones y otros beneficios.

– La preferencia de contratación laboral del trabajador o trabajadora de nacionalidad paraguaya, dentro del marco establecido por la Constitución, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables a la materia y la legislación laboral vigente.

– El establecimiento de instituciones de enseñanza de carácter privado que, por motivos de orden religioso o lingüístico, proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los educandos, siempre que dichas instituciones hayan sido reconocidas por las autoridades educativas competentes y estén sujetas a las exigencias de la Ley General de Educación.

– Cualquier otra diferencia de trato establecida o fundada en la ley, que se base en criterios objetivos y razonables y que sea necesaria para el interés general.

El procedimiento para la denuncia de actos discriminatorios. En cuanto al procedimiento para la denuncia de presuntos actos discriminatorios, el art. 16 dispone que “toda persona, grupo de personas o entidad con personería jurídica reconocida podrá presentar ante el Ministerio de Justicia denuncia sobre hechos de discriminación, en contra de personas físicas o jurídicas, entidades privadas y entes o servicios públicos, sin necesidad de patrocinio de abogado. La denuncia también podrá formularse ante la Policía Nacional con la obligación de derivarla al Ministerio de Justicia dentro del término de 24 horas, con expresa indicación a la víctima o al denunciante de los recursos y plazos con que cuenta. El Ministerio de Justicia necesariamente investigará y resolverá sobre las denuncias recibidas de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y su reglamento, dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles a partir de la formulación de la misma, previa audiencia del denunciado y teniendo en cuenta las pruebas aportadas por las partes, así como las que ordene pertinente proveer. En todos los casos, se deberá convocar a las partes a procesos de conciliación, promoviendo una solución amistosa en base a medidas de satisfacción, pedido de disculpas y acciones encaminadas a la restitución de la víctima de la discriminación en sus derechos conculcados. De no arribarse a un acuerdo, la causa administrativa proseguirá su curso (…). No serán admitidas las denuncias anónimas, pero la víctima podrá solicitar la reserva de su identidad, la que será pública sólo para las partes del procedimiento. El procedimiento de denuncia será reglamentado por el Poder Ejecutivo”.

 

 

 

 

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