Panamá – Proyectos de ley de salud reproductiva y de no discriminación

Sendos proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva y sobre no discriminación en Panamá

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Septiembre de 2015

salud-reproductiva3El anteproyecto sobre salud sexual y reproductiva. Tramita en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social del Congreso Nacional de Panamá el anteproyecto de ley Nº 061, presentado en 2014, por la cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud. Tiene como objeto “establecer las bases normativas generales para el reconocimiento, la garantía, la protección y atención de la salud sexual y la salud reproductiva con énfasis en la formación integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de Panamá y los Convenios Internacionales” (art. 1).

El proyecto aborda la problemática de la discriminación (art. 5), y posee un capítulo dedicado a la salud sexual y reproductiva (Cap. II). Se promueve allí la educación integral de la sexualidad, haciendo referencia a la autoridad de los padres y a la patria potestad.

El art. 10 del proyecto original establecía que, en caso de violencia sexual, el Estado deberá “proveer inmediatamente a las víctimas (…) anticoncepción de emergencia”. Distintos pedidos y aportes provenientes de la sociedad civil solicitaban eliminar esta referencia directa al aborto, o prohibir directamente esta práctica.

El proyecto admite la objeción de conciencia (art. 15), en estos términos: “los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia en materia de proveer servicios médicos permitidos por la Ley, deberán comunicarlo, formalmente, a la autoridad sanitaria, al momento de su nombramiento, de manera que se garantice el personal idóneo para ofrecer todos los servicios médicos permitidos por la Ley, en todas las instalaciones de salud del país. Todo objetor u objetora que no lo haya declarado con antelación, tiene la obligación de hacerlo, si ya labora dentro del sistema de salud. El Estado deberá crear un registro de personas objetoras de conciencia, para garantizar la presencia, en lugares apartados, de otro profesional que pueda brindar los servicios de salud sexual y salud reproductiva. El superior(a) del personal médico debe consultar el registro de objetores, para evitar la asignación de un objetor u objetora, a un lugar donde no haya otro profesional de la salud, a quien se pueda acudir para recibir estos servicios”. Aportes de organizaciones de la sociedad civil solicitaban prohibir en este artículo el desmejoramiento laboral de los médicos y profesionales de la salud que objeten en conciencia.

El texto original preveía una referencia al presunto “derecho a la esterilización” (art. 17), si bien distintas voces solicitaban eliminar este artículo.

Asimismo, el art. 20 del proyecto presentado reconocía un supuesto “derecho a todas las personas mayores de edad, de acceder a los métodos de fecundación y reproducción asistida”, estatuyendo que “la práctica médica dirigida a la regulación de la fecundidad y la reproducción asistida, deberá estar sujeta a protocolos de atención, respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y las normas técnicas científicas, éticas, y bioéticas que dicte la Ley”. Se proponía eliminar este artículo, dado que introducía un capítulo denso en un proyecto de ley ya de por sí complejo.

Proyecto de ley de prevención de actos de discriminación. Asimismo, el 24 de agosto de 2015 se presentó en el Congreso panameño un anteproyecto de ley “que dicta medidas para prevenir los actos de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la República de Panamá”. El art. 7 de este proyecto prohíbe “los actos de discriminación contra las personas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género, y por ende se respetarán los derechos y garantías fundamentales de los miembros de las comunidades gai, lésbica, bisexual, transexual, intersexual, transgénero y ‘omeguit'”. Y, a continuación, el art. 8 establece como infracción a esta prohibición a “todos aquellos actos discriminatorios motivados por la orientación sexual y/o identidad de género o cualquier otra característica inherente su naturaleza humana, en especial (…) 1. Negar el acceso a puestos laborales, públicos o privados (…). 3. Negar el acceso a los centros de educación oficiales o particulares, de cualquier nivel (…). 5. Impedir el acceso a lugares públicos o privados de entretenimiento, esparcimiento, ocio, cultura o diversión, a una persona o grupo de personas. 6. Impedir el acceso a cualquier otro servicio público o privado que sea necesario para lograr un desarrollo personal pleno”.

Al respecto, debemos decir que si bien constituye un valor el intento de evitar la discriminación injusta de cualquier persona, es importante tener en cuenta que hay derechos como la libertad de iniciativa privada, la libertad de educación de los padres a los hijos, el derecho al ideario de las escuelas, o la libertad de expresión, que deben ser también tutelados en el más alto rango. En algunos países, la bandera de la no discriminación en favor de determinadas minorías, sobre todo sexuales, ha llevado a conculcar injustamente derechos humanos fundamentales.

 

 

 

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