Uruguay – Importante sentencia a favor de la objeción de conciencia

Tribunal uruguayo prioriza la objeción de conciencia frente el aborto

Mujer embarazada

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Agosto de 2015

El Tribunal en lo contencioso-administrativo de Uruguay se pronunció el 11 de agosto de este año sobre el reclamo de un numeroso grupo de médicos contra el Decreto Reglamentario 375/012, vinculado con la objeción de conciencia en los casos de aborto. Los jueces en su sentencia hicieron lugar parcialmente a la demanda, y anularon algunas normas del mencionado Decreto.

Se trata del caso “Alonso, Justo y otros con Poder Ejecutivo. Acción de nulidad”, del cual informáramos oportunamente (ver http://observatoriointernacional.com/?p=1866).

Los demandantes habían alegado que en las condiciones del Decreto Nº 375/012 reglamentario de la Ley Nº 18.987 (de aborto) les era prácticamente imposible ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Tal como reseña la misma sentencia, “en especial, consignan que los artículos 7, 8, 12, 13 (b), 16, 28, 29, 30, 31, 32 y 35, de manera ilegal e ilegítima: a) restringe el derecho de objeción de conciencia solo a los actos de ejecución del aborto (recetar el fármaco o hacer el legrado) cuando la ley no establece tal limitación, b) restringe el derecho de objeción de conciencia solo a los médicos y el personal técnico, cuando la ley no establece tal restricción, c) redefine el concepto de grave riesgo de salud para la mujer y de esa forma aumentan las restricciones al ejercicio del derecho de objeción de conciencia, d) desconocen los principios establecidos en la ley quitándole libertad a los médicos en el asesoramiento”. (considerando 16).

La sentencia reconoce que el derecho a la objeción de conciencia, deriva de los derechos fundamentales del individuo, ya sea se lo relacione con el derecho a la libertad de conciencia, o con el derecho a la dignidad humana. Los jueces hicieron lugar a puntos centrales de la demanda, a saber:

a) La ley dispone que el equipo interdisciplinario actuará conjuntamente en el asesoramiento a la mujer que demanda un aborto. En cambio, el Decreto permite que cada miembro del equipo se reúna separadamente con la usuaria. A partir de la reunión de la mujer con el equipo interdisciplinario, según la ley, comenzaría a correr un plazo mínimo de cinco días para que la solicitante manifieste que mantiene su voluntad de realizar el aborto. El Decreto, al establecer que bastará que la reunión se mantenga con un solo miembro de ese equipo, estaría licuando esos cinco días de reflexión de la mujer, que podrían cumplirse antes de entrevistarse con el resto del equipo. Así, dicen los jueces, el Decreto desvirtúa la voluntad del legislador.

b) Asimismo, cuando se reglamenta el accionar del equipo interdisciplinario que tratará a la mujer, se establece que sólo se la ha de asesorar en cuanto a la realización del aborto de la forma menos riesgosa y dañosa posible; pero no con el propósito más amplio que establece la Ley: que la mujer “disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable” (art. 3º de la Ley).La sentencia ordena anular esta disposición del decreto reglamentario.

c) Alegan también los actores que el art. 13 del Decreto Reglamentario atribuye un valor de negativa al silencio de la mujer sobre si los médicos deben entrevistarse o no con el progenitor. El art. 4º de la Ley no lo hace. La sentencia da la razón en esto a los demandantes.

d) El Decreto reglamentario interpreta el concepto de “grave riesgo para la salud de la madre” establecido en la Ley como “toda circunstancia que implique, a criterio del médico tratante, riesgo para la salud bio- sico social o vida de la mujer”. El Decreto “elimina la nota de ‘gravedad’, e introduce la hipótesis de toda circunstancia de riesgo para la salud bio-sico social de la mujer, sin enunciar pauta alguna que ilustre al médico tratante acerca de cómo evaluar ese riesgo bio-sico social, concepto que resulta, por lo demás, amplio, vago, subjetivo ” (considerando VII). Dado que la Ley no define “grave riesgo”, la opción amplia por la que opta el Decreto se estaría extralimitando y, de esta manera, achicando el terreno para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. En definitiva, dijeron los jueces, “de lo que se trata es de la vida o salud de la mujer y para nada tienen que ver otras consideraciones, como los riesgos sico-sociales, que pueden ser valiosas, pero que no están contempladas en el precepto legal” (considerando VII).La sentencia analizada acuerda también en este punto, y determina en consecuencia “la nulidad del artículo 16″ del Decreto Reglamentario.

e) Se quejan también los médicos de que el art. 28 del Decreto limita las situaciones en que se podrá ejercer la objeción de conciencia sólo a los casos en que se apunte a producir directamente un aborto, y no a todos los actos preparatorios. La sentencia entiende que todos esos actos forman parte de la producción directa e intencionada de un aborto, por lo que dispone la anulación del correspondiente inciso del art. 28.

f) Se observa, por último, que el art. 29 del Decreto reglamentario limita el elenco de sujetos que pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia al personal médico y técnico que deba intervenir directamente en un aborto. El Tribunal da la razón a los demandantes en cuanto a que el texto legal no hace ninguna distinción entre acciones directas e indirectas y que, por lo tanto, deben estar comprendidos también los paraclínicos y personal administrativo.

Lo cierto es que el Tribunal uruguayo dio la razón al conjunto de médicos que acudió a reclamar sus derechos en los foros judiciales, y con esta sentencia se sienta un importante precedente en el derecho comparado latinoamericano ante casos similares.

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