Perú – Observación Comité Derechos de la Mujer/2014

Naciones Unidas CEDAW/C/PER/CO/7-8

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

18 de julio de 2014

Distr: General

Original: Inglés

VERSIÓN ADELANTADA NO EDITADA

Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres

OBSERVACIONES FINALES A LOS INFORMES PERIÓDICOS COMBINADOS -SÉTIMO Y OCTAVO- DEL PERÚ (Adoptado por el Comité en su quincuagésima octava sesión (30 junio – 18 julio 2014).

1. El Comité consideró los informes periódicos combinados -sétimo y octavo- del Perú (CEDAW/C/PER/7-8) en sus reuniones 1217a y 1218ª, del 1 de julio de 2014 (ver CEDAW/C/SR.1217 y 1218). La lista de temas y preguntas del Comité están contenidas en CEDAW/C/PER/Q/7-8 y las respuestas del Perú están contenidas en CEDAW/C/PER/Q/7-8/Add.1.

A. Introducción

2. El Comité aprecia que el Estado parte haya enviado su informe periódico sétimo y octavo combinado. También aprecia su respuesta por escrito a la lista de temas y preguntas planteadas por el grupo de trabajo de la pre-sesión del Comité. Acoge con agrado la presentación oral de la delegación y las consiguientes clarificaciones proporcionadas en respuesta a las preguntas planteadas oralmente por el Comité durante el diálogo.

3. El Comité saluda a la delegación del Estado parte liderado por el señor José Ávila Herrera, Vice-Ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los representantes de los Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Derechos Humanos, y la Misión Permanente de Perú ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. El Comité aprecia el diálogo constructivo sostenido entre la delegación y los miembros del Comité.

B. Aspectos Positivos

4. El Comité acoge con agrado el progreso logrado desde la consideración del sexto informe periódico del Estado parte en el 2007 (CEDAW/C/PER/CO/6) en iniciar reformas legislativas, en particular la adopción de:

a. Ley No 30068 (2013), que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio;

b. Ley No 29600 (2010) que fomenta la reinserción escolar de estudiantes embarazadas y/o madres adolescentes;

c. Ley No 29430 (2009) modifica la Ley No 27942 sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual;

d. Ley No 28983 (2007) sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; y

e. Ley No 28950 (2007) contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

5. El Comité acoge con agrado los pasos dados por el Estado parte para mejorar su marco institucional y de políticas que buscan acelerar la eliminación de la discriminación contra las mujeres y promover la igualdad de género, tales como la adopción de:

a. El Protocolo Técnico para el Aborto Terapéutico (2014);

b. El Segundo Plan Nacional de Acción contra el Trabajo Forzado (2013);

c. Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021 (2013);

d. Plan Nacional de Igualdad de Género –PLANIG- 2012-2017 (2012);

e. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011–2016 (2011);

f. Plan Nacional contra la Violencia Hacia las Mujeres PNCVHM 2009–2015 (2009); y

g. Decreto Supremo No 027-2007-PCM (2007) que establece la igualdad entre hombre y mujeres como política nacional de obligatorio cumplimiento e incluye la eliminación de la violencia doméstica y sexual.

6. El Comité acoge con agrado que, en el período desde la consideración del informe anterior, el Estado parte haya ratificado o accedido a los siguientes instrumentos internacionales:

a. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (2008);

b. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2012); y

c. Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas (2014).

C. Factores y dificultades que impiden la implementación efectiva de la Convención

7. El Comité toma nota de que la discriminación contra las mujeres y los estereotipos de género en el Estado parte están profundamente arraigados en las actitudes tradicionales, prácticas institucionales y de la sociedad en su conjunto, privando a las mujeres de la igualdad en el goce de sus derechos y contribuyendo a altos niveles de violencia contra las mujeres.

D. Áreas principales de preocupación y recomendaciones

Congreso

8. El Comité hace hincapié en el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención (véase el comunicado de la CEDAW sobre “La relación entre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con los parlamentarios”, 41ª sesión, 2008). Invita al Congreso Nacional, de conformidad con su mandato, a tomar las medidas necesarias en relación con la aplicación de las presentes observaciones finales entre hoy y el próximo período de referencia en virtud de la Convención.

Leyes discriminatorias

9. El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar las leyes discriminatorias y, en particular, el establecimiento de la Comisión Nacional contra la Discriminación que revisará la legislación nacional. Sin embargo, el Comité está preocupado por las disposiciones de los Códigos de Trabajo, Civil y Penal que discriminan directamente contra las mujeres, así como las disposiciones de género neutro que a veces discriminan indirectamente a las mujeres.

10. El Comité insta al Estado Parte a que revise toda la legislación nacional para garantizar el cumplimiento de la Convención y a derogar todas las leyes que directa o indirectamente discriminan a las mujeres, incluidas las disposiciones discriminatorias en los códigos laborales, civiles y penales.

Acceso a la Justicia

11. El Comité observa con satisfacción las iniciativas emprendidas por el Estado parte para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para las mujeres y los hombres, según lo previsto en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por las barreras que limitan el acceso de las mujeres a la justicia y, en particular, las dificultades, incluidas las barreras lingüísticas y económicas, que esencialmente enfrentan las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres rurales y marginales peri-urbanas, y las mujeres pertenecientes a las comunidades de los pueblos indígenas, amazónicos, o afro-peruanos. Expresa su preocupación por las demoras en la implementación de las sentencias de las cortes y de los órganos de los tratados internacionales y regionales o comunicaciones individuales y, en particular, que el Estado Parte no haya proporcionado una reparación integral y compensación individual según lo recomendado por el Comité en el caso LC vs Perú (C/50/D/22/2009) y por el Comité de Derechos Humanos en el caso KL vs Perú (CCPR/C/85/D/1153/2003).

El Comité también está preocupado por la insuficiente comprensión de la Convención entre el personal de las fuerzas del orden.

12. El Comité reitera su recomendación previa (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 23) y alienta al Estado parte a:

a. Aumentar la conciencia de las mujeres sobre sus derechos y los conocimientos jurídicos en todas las áreas de la ley, incluyendo las controversias de derecho civil y laboral, en especial, hacia los grupos de mujeres destacadas anteriormente, con el fin de empoderar a las mujeres para hacer uso de los procedimientos y recursos sobre violaciones de sus derechos en virtud de la Convención;

b. Fortalecer su sistema judicial, incluyendo su estructura, para cubrir todas las zonas remotas y aisladas, eliminar los obstáculos que afrontan las mujeres en el acceso a la justicia y facilitar el acceso de las mujeres a la ayuda legal;

c. Continuar con los programas de capacitación para la policía, los fiscales, jueces y abogados sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y sobre todos los aspectos pertinentes de la Convención y el Protocolo Facultativo;

d. Asegurar que existan recursos efectivos disponibles para responder a las quejas presentadas por mujeres sobre la discriminación basada en el sexo y el género; y

e. Agilizar y vigilar la aplicación de las sentencias de las cortes y de los órganos de los tratados internacionales y regionales en el caso LC vs Perú del Comité y del caso KL vs Perú del Comité de Derechos Humanos.

Maquinaria nacional para el avance de las mujeres

13. El Comité está preocupado por las extremadamente bajas asignaciones presupuestarias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para promover la igualdad de género en el Estado parte, así como para llevar a cabo una colaboración eficaz a lo largo de todas las ramas y niveles de gobierno. El Comité está especialmente preocupado por la falta de coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios para la implementación de un modelo eficaz de presupuestos de género. El Comité toma nota de los retos expresados en la propia evaluación del Estado Parte, a saber, en la definición del avance de grupos particulares de mujeres y la colaboración con las organizaciones de mujeres en la aplicación de políticas integrales, y expresa su preocupación por la falta de disponibilidad de información en este sentido.

14. El Comité reitera su recomendación (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 15) al Estado Parte y le insta a fortalecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el mecanismo rector para la aplicación de la Convención, aumentando sustancialmente los recursos humanos y financieros dedicados a la realización de su mandato en la aplicación de políticas y leyes relacionadas con la igualdad de género, para apoyar la descentralización de las políticas públicas para el avance de las mujeres, y para mejorar la coordinación a lo largo de todas las ramas y niveles de gobierno a través de la aplicación eficaz de presupuestos de género. También recomienda que el Estado Parte:

a. Diseñe e implemente políticas y programas públicos que tomen plenamente en cuenta las necesidades específicas de determinados grupos de mujeres en todo el Estado parte; y

b. Adopte medidas para promover la cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones de mujeres en la implementación de políticas públicas para el avance de las mujeres y en el seguimiento de su impacto.

Medidas especiales de carácter temporal

15. El Comité toma nota de las iniciativas para abordar la escasa participación de las mujeres en la vida pública, incluyendo los tres proyectos de ley sobre la igualdad de género presentados al Congreso, a saber el Proyecto de Ley No 3670 (que propone un mínimo de tres para cada género de los siete miembros del Tribunal Constitucional); el Proyecto de Ley No 3682 (implementación de las cuotas de género en el nombramiento de jueces y magistrados); y el Proyecto de Ley No 4708 (junto con el Proyecto de Ley No 268-2011-JNE para regular las cuotas electorales de género y obligar el “sistema de alternancia” dentro de las listas de candidatos). Sin embargo, al Comité le preocupa que la representación parlamentaria de las mujeres haya disminuido de hecho y que las actuales cuotas de género electorales en las elecciones regionales y municipales a menudo no se cumplan. También le preocupa que las mujeres candidatas, a menudo, sean colocadas en la parte inferior de las listas de los partidos y que una resolución de la no inscripción sea adoptada en forma ad-hoc para cada elección por el Jurado Nacional de Elecciones.

16. El Comité recomienda que el Estado parte use las cuotas y otras medidas especiales de carácter temporal, con objetivos y plazos, encaminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres dentro de una estrategia más amplia para lograr la igualdad sustantiva de la mujer en todos los ámbitos donde las mujeres estén subrepresentadas o desfavorecidas. El Comité insta al Estado parte a que acelere la aprobación de los tres proyectos de ley sobre la igualdad de género, y garantice que las listas de los partidos que no cumplan con el requisito de cuota de género sean sancionados adecuadamente con la no inscripción de sus partidos políticos.

Estereotipos, prácticas discriminatorias y violencia contra las mujeres

17. El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para luchar contra los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres, pero sigue preocupado por:

a. La persistencia de patrones y actitudes socioculturales usadas para justificar la violencia contra las mujeres, así como la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica y sexual, el incesto y la violencia psicológica;

b. La falta de una ley integral sobre la violencia contra las mujeres para prevenir, proteger y sancionar este tipo de violencia, la insuficiente coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y la falta de armonía entre las múltiples guías y protocolos sobre la violencia contra las mujeres;

c. El hecho, como lo identifica por el Estado parte en su informe y durante el diálogo, que algunos grupos de mujeres, además de ser afectados por los estereotipos de género, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y violencia, como las mujeres que viven en la pobreza, que pertenecen a las comunidades de los pueblos indígenas o afro-peruanos, por discapacidad, o por su orientación sexual e identidad de género; y

d. La falta de implementación del Programa Presupuestal Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual (Ley Nº 29465), en particular teniendo en cuenta las tasas de violencia sexual, el acoso sexual y el feminicidio.

18. El Comité insta al Estado parte a que adopte, con carácter urgente, una ley integral para combatir la violencia contra las mujeres que prevenga, proteja a las víctimas, procese y sancione a los perpetradores e incluya reparaciones, sanciones, el acceso a una justicia efectiva, y aumente los mecanismos disponibles de protección y la prestación de servicios a las víctimas teniendo en cuenta un enfoque intercultural. Reitera su recomendación (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 19) al Estado parte a que elabore e implemente una estrategia integral para luchar contra los estereotipos discriminatorios basados en género, con miras a combatir la violencia contra las mujeres y para:

a. Intensificar los programas de sensibilización y las campañas de educación para apoyar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad, modificar las actitudes estereotipadas, eliminar la discriminación contra las mujeres por motivos tales como la pobreza, origen o etnia indígena, discapacidad u orientación sexual e identidad de género, eliminando así obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a la igualdad, de conformidad con el Plan Nacional para la Igualdad de Género; y adopte una política de tolerancia cero respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres;

b. Asignar recursos financieros suficientes para la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres 2009-2015 y acelerar la implementación del Programa Estratégico de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual;

c. Adoptar protocolos específicos para unificar los procedimientos para la denuncia de casos de violencia contra las mujeres y centralizar los sistemas de recolección de datos existentes para recopilar, desagregar y actualizar periódicamente los datos sobre este tipo de violencia, con el 4 fin de comprender la incidencia y la naturaleza de las distintas formas de violencia contra las mujeres en el Estado parte, así como para facilitar la medición del progreso; y

d. Sancionar los actos de acoso sexual.

Acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres

19. El Comité está preocupado por las dificultades que enfrentan las mujeres en la búsqueda de reparación en los casos de violencia, incluyendo la discriminación, los prejuicios y la falta de sensibilidad de género por parte de las autoridades judiciales, fiscales y el personal de las fuerzas del orden, que, en estos casos tienen el efecto de disuadir a las mujeres de acceder a justicia. Observa, con especial preocupación, el alto nivel de impunidad para los perpetradores de la violencia contra las mujeres y la falta de cumplimiento por parte del Estado parte del artículo 2 de la Convención, para prevenir, investigar, procesar y sancionar los actos de violencia.

20. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos, de una manera más articulada, para modificar los estereotipos de género arraigados y para dar cumplimiento al artículo 2 de la Convención, y para:

a. Fortalecer la capacidad de los jueces, fiscales, el personal de las fuerzas del orden y los profesionales de la salud, especialmente los médicos forenses, para tratar a las mujeres víctimas de violencia que buscan acceso a la justicia, de una manera sensible al género;

b. Alentar a las mujeres a denunciar todos los incidentes de violencia, tanto dentro como fuera del ámbito de la familia, incluyendo la violencia sexual;

c. Aumentar la disponibilidad de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia; y

d. Llevar a cabo investigaciones sobre el impacto del razonamiento judicial discriminatorio y estereotipado y las prácticas sobre el acceso de las mujeres a la justicia.

Violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto

21. El Comité reitera su preocupación de que, hasta la fecha, muchos actos de violencia infligidos contra las mujeres durante el período del conflicto armado interno no hayan sido investigados y enjuiciados y que los recursos jurídicos a menudo no estén disponibles para las mujeres víctimas. Asimismo, señala que los casos de algunas de las víctimas de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en el marco del “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000″ no hayan sido investigados de manera efectiva y no hayan recibido ningún tipo de compensación.

22. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte identifique a todas las mujeres víctimas de violencia durante el conflicto armado interno, investigue, procese y sancione a los perpetradores y proporcione reparaciones individuales a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia (CEDAW/C/PER/CO/6 , párr. 21).

Trata y explotación de la prostitución

23. El Comité toma nota de las iniciativas llevadas a cabo por el Estado parte para combatir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. Sin embargo, expresa su preocupación por el bajo nivel de las asignaciones presupuestarias para implementar los programas existentes, la falta de programas de prevención para hacer frente a las causas profundas de la trata, en particular entre las niñas y sus familias que viven en la pobreza, así como las insuficientes medidas de protección y rehabilitación para las mujeres y niñas víctimas de la trata. También le preocupa la falta de información sobre el procesamiento de casos de trata y de su monitoreo y seguimiento. El Comité está especialmente preocupado por la trata en niñas adolescentes con fines de explotación sexual o laboral, en particular en las industrias mineras y madereras.

El Comité lamenta la insuficiente información sobre el alcance de la trata interna y de la explotación de la prostitución en el Estado Parte.

24. El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 31) e insta al Estado parte a que:

a. Aplique eficazmente su legislación sobre la trata y aumente las asignaciones de recursos para la implementación del plan nacional de acción y otras medidas para combatir la trata;

b. Fortalezca las capacidades del poder judicial, el personal de las fuerzas del orden y los funcionarios de fronteras, así como los trabajadores sociales, sobre las formas sensibles al género para tratar a las víctimas de la trata;

c. Aborde las causas profundas de la trata intensificando sus esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas y económicas de las niñas, las mujeres y sus familias, lo que reducirá su vulnerabilidad a la explotación por parte de los traficantes;

d. Tome medidas para la rehabilitación y la integración social de las mujeres y niñas que sean víctimas de la trata y garantice que su protección incluya el establecimiento de refugios especiales para las víctimas; y

e. Proporcione en su próximo informe periódico información y datos exhaustivos sobre la trata de niñas y mujeres y sobre los procesos y sanciones a traficantes.

Participación en la vida política y pública

25. El Comité observa las iniciativas para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

Sin embargo, el Comité está preocupado por los persistentes estereotipos acerca de los roles de género de las mujeres y los hombres que limitan la participación de las mujeres en la vida política y pública. También observa con preocupación que las mujeres políticas experimentan acoso por sus pares o por las autoridades y observa la existencia de un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar esta forma de acoso contra las mujeres.

26. El Comité recomienda que el Estado parte continúe sus esfuerzos para empoderar a las mujeres en todas las áreas y para combatir los roles de género tradicionales de mujeres y hombres. Hace un llamado al Estado parte a fin de que considere la adopción de medidas legislativas para combatir el acoso político, incluyendo la adopción de una ley específica sobre el tema.

Nacionalidad

27. El Comité observa los esfuerzos realizados por el Estado parte para emitir documentos de identidad, en particular, para las mujeres y los niños rurales e indígenas, con vista a permitirles reclamar una nacionalidad, ciudadanía y beneficios sociales. Sin embargo, al Comité le preocupa:

a. Las dificultades para inscribir a mujeres que nunca han poseído documentos de identidad;

b. La falta de registros de nacimiento y acceso a documentación de los niños en las comunidades indígenas, particularmente en comunidades aisladas en la región amazónica; y

c. El hecho de que a pesar del principio de jus soli en la legislación nacional, los niños nacidos de padres extranjeros en el territorio del Estado parte no cuentan con acceso a registros de nacimiento o documentación personal.

28. El Comité alienta al Estado parte a continuar facilitando acceso a documentos de identidad personal por parte de mujeres y niñas indocumentadas, incluyendo aquellas que viven en extrema pobreza y/o en comunidades remotas, aisladas. El Comité también urge al Estado parte a garantizar el registro de nacimiento universal y acceso a documentación personal para todos los niños nacidos en el Estado parte.

Educación

29. El Comité acoge con agrado que las mujeres y los hombres tengan igual acceso a la educación regular.

Sin embargo, al Comité le preocupa las disparidades en el acceso a educación de calidad entre las niñas rurales, en particular de aquellas cuya lengua materna no es el castellano y que las tasas de analfabetismo entre las mujeres y las niñas rurales e indígenas y las niñas con discapacidad continúen altas debido a la falta de oportunidades educativas. Al Comité también le preocupa que las niñas sean a menudo víctimas de abuso en camino a la escuela o en ellas y el alto número de embarazos adolescentes, y lamenta la falta de información sobre la implementación de iniciativas para abordar la deserción escolar producto de dichos embarazos. El Comité observa el nuevo marco curricular del Ministerio de Educación que incluye educación sexual exhaustiva. Sin embargo, al Comité le preocupa que el marco no haya sido implementado y que las/los adolescentes tengan acceso limitado a información adecuada para su edad y perspectivas interculturales sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo sobre conducta sexual responsable, prevención de embarazos tempranos y de enfermedades de transmisión sexual, y medidas de protección contra el abuso sexual.

30. El Comité recomienda que el Estado parte:

a. Asigne suficientes recursos humanos y financieros para la implementación y monitoreo de las leyes y las políticas públicas diseñadas para combatir la discriminación en el acceso a la educación y que incluya el uso de medidas temporales especiales para la promoción de la educación de las niñas y las mujeres, en particular en zonas rurales y comunidades indígenas y entre las niñas con discapacidades;

b. Difunda información entre las niñas y las mujeres sobre sus derechos bajo la legislación existente, en particular el derecho a permanecer y reintegrarse a la escuela cuando esté embarazada o luego del parto, y brinde información en el siguiente informe periódico sobre el número de niñas adolescentes que se reintegraron al sistema escolar luego del embarazo;

c. Desarrolle la infraestructura educativa necesaria, particularmente en zonas rurales, y la capacidad de los docentes y el personal, en todos los niveles del sistema educativo, sobre igualdad de género y los derechos de las niñas y las mujeres y les brinde las herramientas apropiadas para apoyar su rol en combatir la discriminación contra las mujeres; e d. Implemente programas exhaustivos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en el currículo escolar brindando información apropiada para la edad sobre opciones sexuales responsables, incluyendo el derecho de las mujeres a hacer sus propias elecciones respecto a la salud reproductiva y sexual, así como información sobre la prevención de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. También recomienda que los docentes sean capacitados adecuadamente para manejar estos temas con sensibilidad y profesionalismo.

Empleo

31. Al Comité le preocupa la persistencia de las desigualdades en el mercado laboral. El Comité observa en particular la significativa brecha salarial de género en el Estado parte y las pobres condiciones laborales y la falta de protección social y beneficios para las mujeres empleadas en el sector informal, principalmente en el trabajo doméstico, especialmente fuera de Lima, y en el sector agropecuario para la exportación en las zonas rurales. El Comité continúa preocupado sobre la persistencia del trabajo forzado e infantil de las niñas, especialmente en el sector minero.

32. El Comité recomienda que el Estado parte:

a. Establezca mecanismos efectivos para monitorear el cumplimiento de la legislación existente y los Convenios relevantes de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Estado parte, incluyendo los Convenios 29, 100, 111 y 156;

b. Asegure la no discriminación en el empleo e igual salario por trabajo de igual valor y asegure que el embarazo no sea motivo para el despido;

c. Fortalezca las iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos, incluyendo puestos gerenciales y de toma de decisiones;

d. Intensifique las medidas para aumentar la protección de los derechos humanos de las mujeres que trabajan en el sector informal, ratifique el Convenio 189 sobre trabajadores domésticos sin demora, y establezca la igualdad de protección social y beneficios para las mujeres en sector doméstico;

e. Mejore los mecanismos para brindar asistencia legal y apoyo a las víctimas de trabajo forzado; y

f. Difunda información de manera amplia sobre los mecanismos existentes para denunciar casos de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Salud

33. El Comité observa iniciativas del Estado parte que incluyen una perspectiva intercultural en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, le preocupan las barreras lingüísticas, culturales y económicas que enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres que viven en pobreza en el acceso a servicios de salud y cobertura por el sistema universal de salud, así como la discriminación y el trato degradante contra ellas por el personal médico.

34. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para asegurar el acceso de las mujeres indígenas y las mujeres que viven en pobreza a planes de salud pública. También recomienda que el Estado parte brinde suficientes recursos humanos y financieros para asegurar la provisión de servicios de salud básicos a lo largo de su territorio, en particular en comunidades indígenas aisladas. El Comité alienta al Estado parte a fortalecer un enfoque de género e intercultural en la provisión de servicios de salud, incluyendo el desarrollo adecuado de capacidades del personal de salud.

35. El Comité acoge con agrado la adopción del protocolo técnico para el aborto terapéutico y la aprobación del plan para la prevención del embarazo temprano. Sin embargo, le preocupa que las dos condiciones requeridas para el aborto terapéutico, es decir, la presencia y firma de un testigo y la aprobación de una junta, puedan constituir barreras para el acceso de las mujeres al aborto terapéutico. El Comité reitera su preocupación de que:

a. El reconocimiento y la protección de los derechos de salud reproductiva en el Estado parte sean inadecuados;

b. El aborto en casos de embarazo como resultado de violación o incesto sea penalizado y que la interpretación restrictiva del aborto terapéutico pueda llevar a que las mujeres busquen abortos inseguros e ilegales;

c. El Artículo 30 de la Ley General de Salud y la Sección 236 del Código de Procedimientos Penales violen la privacidad y los derechos de salud reproductiva de las mujeres y resulten en el procesamiento de mujeres por acceder a atención obstétrica de emergencia; y

d. La libre distribución de anticonceptivos de emergencia sea prohibida, incluyendo en casos de abuso sexual.

36. Tomando en cuenta su declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, adoptada en febrero del 2014, el Comité observa que el aborto inseguro es una causa principal de morbilidad y mortalidad materna. Como tal, el Comité recomienda que el Estado parte:

a. Amplíe las bases para la legalización del aborto en casos de violación, incesto y discapacidad fetal severa;

b. Asegure la disponibilidad de servicios de aborto y brinde a las mujeres acceso a atención postaborto de calidad, especialmente en casos de complicaciones que resulten de abortos inseguros;

c. Retire las medidas punitivas para las mujeres que se someten a abortos, incluyendo el asumir las medidas necesarias para armonizar la Ley General de Salud y el Código de Procedimientos Penales con el derecho constitucional a la privacidad;

d. Asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia por profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las mujeres a servicios de atención a la salud reproductiva, incluyendo el aborto y la atención post-aborto;

e. Asegure el acceso a servicios de planificación familiar, en particular en las zonas rurales, y adopte todas las medidas necesarias para llevar a cabo la libre distribución de anticonceptivos de emergencia dentro del sistema de salud pública, particularmente a mujeres y niñas víctimas de abuso sexual;

f. Desarrolle capacidades sobre el derecho a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, del personal médico con vista a asegurar la provisión adecuada de servicios de salud para las mujeres y las niñas; y

g. Difunda información sobre el protocolo técnico para el aborto terapéutico entre personal de salud y asegure una interpretación amplia del derecho a la salud física, mental y social en la implementación del protocolo.

Mujeres rurales

37. Al Comité le preocupa que las mujeres rurales y las mujeres en la sierra andina y la amazonía enfrenten desafíos particulares en el ejercicio de sus derechos. Se observa con preocupación restricciones importantes enfrentadas por estas mujeres, incluyendo la ausencia de políticas de desarrollo rural con perspectiva de género, lo que tiene como efecto que las mujeres no puedan participar plenamente y beneficiarse de igual manera de las políticas rurales y agrícolas. Al Comité también le preocupa la falta de una dimensión de género en la propiedad y la tenencia de tierras y el hecho de que las mujeres se vean afectadas por la adquisición de tierras y recursos por parte de corporaciones multinacionales pero a menudo no reciben compensación y no son consultadas respecto a medios de vida alternativos. El Comité también observa con preocupación el impacto diferenciado por género del cambio climático y los desastres naturales recurrentes, incluyendo las sequías severas, deslizamientos de tierra, terremotos y heladas sobre las mujeres.

38. El Comité recomienda que el Estado parte garantice la igual participación de las mujeres en las políticas rurales y agrícolas. También recomienda que el Estado parte integre una dimensión de género en la adquisición de tierras y cambios en el uso de la tierra y que asegure la compensación adecuada a las mujeres por adquisiciones a gran escala de tierras y otros recursos. El Comité también alienta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos por empoderar a las mujeres rurales y a las mujeres que viven en zonas remotas para enfrentar y adaptarse al cambio climático.

Grupos de mujeres en situación de desventaja

39. El Comité lamenta la falta de información específica sobre las medidas para abordar la discriminación y la violencia enfrentada por los grupos de mujeres en situación de desventaja, tales como, mujeres que viven bajo coacción económica, mujeres indígenas y afro-peruanas, mujeres migrantes, mujeres mayores, mujeres con discapacidades, mujeres en las cárceles, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y otras mujeres que enfrentan discriminación múltiple y que se intersectan. El Comité reitera su preocupación de que las mujeres rurales e indígenas, en particular, continúen enfrentando barreras para ejercer sus derechos y para el acceso a servicios básicos, la tenencia de la tierra y facilidades de crédito.

40. El Comité recomienda que el Estado parte brinde información exhaustiva y datos estadísticos en su próximo informe periódico sobre la situación de los grupos de mujeres en situación de desventaja y la implementación de los diferentes instrumentos de políticas existentes para abordar estas especificidades. Urge al Estado parte a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres rurales, indígenas y minorías, y que asegure que participen en los procesos de toma de decisiones y tengan pleno acceso a la justicia, los servicios básicos, la tenencia de la tierra y las facilidades de créditos.

Matrimonio y relaciones familiares

41. El Comité observa que existe igualdad ante la ley en la Constitución y en casi toda la legislación nacional.

Sin embargo, al Comité le preocupa que la igualdad de facto continúe siendo un problema en el matrimonio y las relaciones familiares. El Comité observa que el régimen de propiedad conyugal en el Estado parte es de comunidad diferida de bienes que también toma en cuenta la contribución no monetaria de las mujeres e incluye bienes intangibles, como los derechos a pensiones, como parte de la propiedad a ser dividida por igual entre los cónyuges. Sin embargo, observando el alarmante bajo nivel de propiedad por parte de las mujeres, particularmente la propiedad de tierras en las zonas rurales, al Comité le preocupa que las mujeres puedan no estar suficientemente concientes de sus derechos económicos y a la propiedad, y que la legislación existente no sea implementada adecuadamente.

42. El Comité recomienda que el Estado parte asegure la suficiente implementación de legislación relevante y el incremento de esfuerzos para sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos económicos y a la propiedad en el matrimonio y en las relaciones familiares con miras a proteger los derechos a la propiedad de las mujeres en caso de disolución del matrimonio, en línea con la Recomendación General No 29, sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución, y el artículo 16 de la Convención. El Comité también requiere que el Estado parte realice investigación sobre las consecuencias económicas del divorcio en ambos cónyuges y que incluya información sobre el resultado de dicha investigación en su próximo informe periódico.

Recolección y análisis de datos

43. El Comité ve con agrado el “Sistema Nacional de Indicadores de Género” lanzado el 2013. Sin embargo, reitera su preocupación de que no esté disponible información estadística desagregada por género, zonas rurales y urbanas y por etnia en muchas áreas cubiertas por la Convención, lo que podría constituir un obstáculo para diseñar e implementar políticas y programas enfocados, y para monitorear su efectividad respecto a la implementación de la Convención.8

44. El Comité reitera su recomendación (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 11) de que el Estado parte incluya en su próximo informe periódico datos estadísticos y análisis, desagregados por sexo y por zonas rurales y urbanas y por etnia, indicando el impacto de las medidas adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar la situación de las mujeres en las áreas cubiertas por la Convención, en particular con respecto al tema de violencia contra las mujeres.

Enmienda al artículo 20, párrafo 1, de la Convención

45. El Comité alienta al Estado parte a aceptar, tan pronto como sea posible, la enmienda al artículo 20, párrafo 1 de la Convención relativa a la fecha de reunión del Comité.

La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing

46. El Comité hace un llamado al Estado parte a fin de que utilice la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en sus esfuerzos por implementar las disposiciones de la Convención.

Difusión

47. El Comité recuerda la obligación del Estado parte de implementar de manera sistemática y continua las disposiciones de la Convención. Urge al Estado parte a brindar atención prioritaria a la implementación de las presentes observaciones y recomendaciones concluyentes entre la fecha de hoy y la presentación del siguiente informe periódico. Por tanto, el Comité solicita la difusión oportuna de las observaciones concluyentes, en el(los) idioma(s) oficial(es) del Estado parte, a las instituciones estatales relevantes en todos los niveles (nacional, regional, local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso y al poder judicial, para permitir su plena implementación.

Alienta al Estado parte a colaborar con los grupos de interesados pertinentes, tales como asociaciones de empleadores, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y de mujeres, universidades e instituciones de investigación, medios de comunicación, etc. Más aún, recomienda que sus observaciones concluyentes sean difundidas de forma apropiada a nivel local comunitario, para permitir su implementación. Además, el Comité solicita al Estado parte que continúe difundiendo la Convención CEDAW, su Protocolo Opcional y jurisprudencia y las Recomendaciones Generales del Comité entre todos los grupos de interesados.

Asistencia Técnica

48. El Comité recomienda que el Estado parte vincule la implementación de la Convención con sus esfuerzos de desarrollo y que recurra a la asistencia técnica regional o internacional en este respecto.

Seguimiento a las observaciones concluyentes

49. El Comité requiere al Estado parte que dentro de dos años brinde información por escrito sobre los pasos tomados para implementar las recomendaciones contenidas en los párrafos 18 y 36 a, b, c y g arriba mencionados.

Preparación del siguiente informe

50. El Comité invita al Estado parte a presentar su noveno informe periódico en julio del 2018.

51. El Comité solicita al Estado parte que siga las “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos” (HRI/MC/2006/3 and Corr.1).

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