América Latina y la objeción de conciencia: buenas prácticas

Las buenas prácticas de América Latina respecto a la objeción de conciencia

Objeción conciencia médico

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Octubre de 2014

En América Latina, prácticamente todos los Estados protegen el derecho a la libertad de conciencia de diversas maneras y bajo distintas fórmulas. Además del reconocimiento de este derecho en convenciones y tratados internacionales, las vías internas de protección de este derecho en cada país han sido varias.

A) A través de la proclamación implícita o explícita en el nivel constitucional:

– Colombia: en el art. 18 de su Constitución Política afirma que ese Estado “garantiza la libertad de conciencia”, y que “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

– Paraguay: reconoce en el art. 24 de su Constitución “la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley (…). Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología” (art. 24). Y, más explícitamente, en el art. 37 “se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan”.

– Ecuador: La Constitución Política del Ecuador (2008) reconoce implícita y explícitamente el derecho a la objeción de conciencia en su art. 66: “Se reconoce y garantizará a las personas: 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar”.

– Chile: El art. 19 de la Constitución Política de Chile asegura a todas las personas: “6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.

– Nicaragua: La Constitución de Nicaragua prescribe en su art. 29 que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias”.

– Guatemala: La Constitución de Guatemala estipula en su art. 36 que “toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”.

– El Salvador: La Constitución de El Salvador “garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público” (art. 25).

– Argentina: La Constitución argentina establece en su art. 14 que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: (…) de profesar libremente su culto”.

 

B) Otros Estados han elegido incorporar la objeción de conciencia en las legislaciones referidas a la libertad religiosa.

Tal es el caso de Perú, el cual sancionó en el año 2010 la ley 29635 de libertad religiosa. El art. 4 de esta ley se refiere explícitamente a la objeción de conciencia y allí se afirma que: “La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales religiosas. Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir un obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece”. Esta norma también “garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado peruano. El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos” (art. 1). Y prohíbe “toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas. El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios” (art. 2).

 

C) También puede observarse la referencia al derecho a la objeción de conciencia en leyes vinculadas con la ética profesional y para determinadas profesiones.

– Costa Rica, cuyo Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos del año 2008, establece que “el médico puede rehusarse a realizar actos médicos, que aún siendo permitidos por ley, sean contrarios a los dictados de su conciencia siempre y cuando no se ponga en peligro la salud del enfermo” (art. 14).

– Honduras: Por su parte, el Código de Conducta Ética del Servidor Público (año 2007), sancionado por el Poder Legislativo mediante el Decreto No. 36-2007, estipula en el art. 32 que: “al servidor público se le garantiza el derecho individual de objeción de conciencia, como derecho fundamental y como explicitación del derecho a la libertad, el respecto a la integridad ética y moral y el derecho a la libertad de religión y culto. Los servidores públicos no podrán ser obligados a desempeñar funciones y tareas en contra de sus convicciones, principios y valores morales, éticos, religiosos y filosóficos. El objetor de conciencia debe presentar una solicitud de reconocimiento de su objeción ante la máxima autoridad jerárquica de la institución para la cual labore el servidor público. De las resoluciones denegatorias podrá pedir reposición ante la misma autoridad y subsidiariamente apelación ante el Tribunal Superior de Cuentas, cuya decisión agotará el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía judicial. En sus decisiones, las autoridades recurridas preservarán la dignidad y libertad personales del servidor público con la única limitación de las exigencias del orden público”.

 

D) Finalmente existe la vía consistente en incorporar el derecho a la objeción de conciencia en las normas referidas a prácticas concretas y puntuales.

– Panamá: El art. 144 del Código Penal establece, en los casos en que el aborto no está penalizado, “el médico o profesional de la salud que sea asignado por la comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud o por sus superiores para la realización del aborto tiene el derecho de alegar objeción de conciencia por razones morales, religiosas o de cualquier índole, para abstenerse a la realización del aborto”.

– Bolivia, cuyo Código de Ética y Deontología Médica prevé la objeción de conciencia del médico en relación al aborto: “si el médico considera que aconsejar o efectuar un aborto no punible es contrario a sus convicciones, podrá excusarse permitiendo la continuidad de la atención mediante otro médico calificado” (art. 28).

– Argentina: la regulación argentina de la objeción de conciencia se encuentra en numerosas leyes. La ley 25673, de Salud sexual y procreación responsable, reconoce en su art. 10 el derecho a la objeción de conciencia: “las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso b), de la presente ley”. Por su parte, el Decreto 1282, de 2003, que reglamenta la ley anteriormente citada, contempla “el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de salud sexual y procreación responsable, previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad pública institucional como en la privada. Los centros de salud privados deberán garantizar la atención y la implementación del Programa, pudiendo derivar a la población a otros Centros asistenciales, cuando por razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser exceptuados del cumplimiento del artículo 6, inciso b) de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar la presentación pertinente por ante las autoridades sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el primer párrafo de este artículo cuando corresponda” (art. 10). Y la ley 26130, de contracepción quirúrgica, dispone en el art. 6 que “toda persona, ya sea médico/a o personal auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1º de la presente ley. La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *