Tribunal uruguayo suspende aplicación de decreto reglamentario del aborto

Tribunal uruguayo suspende la aplicación de gran parte del decreto reglamentario del aborto por afectar el derecho a la objeción de conciencia

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www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Octubre de 2014

El pasado 14 de agosto el Tribunal de lo contencioso administrativo de Montevideo dictó sentencia en el caso “Alonso, Justo y otros c/ Poder Ejecutivo. Suspensión de Ejecución”. La acción había sido iniciada por médicos ginecólogos del Sistema Nacional Integrado de Salud, quienes impugnaron el Decreto 375/2012, reglamentario de la ley de aborto uruguaya (Ley 18.978).

Los artículos impugnados. Los médicos accionantes solicitaron la suspensión de la ejecución de los artículos 7, 8, 12, 13 (b), 16, 28, 29, 30, 31, 32 y 35 del Decreto 375/012, por causarles graves daños en su derecho a la objeción de conciencia.

El art. 7 de dicho decreto obliga a los médicos a informar a la mujer de lo establecido en la ley de aborto desde el día mismo de la consulta. Esto incluía la obligación de orientar y asesorar a la mujer sobre los medios adecuados para prevenir embarazos futuros y sobre la forma de acceder a éstos, así como respecto a los programas de planificación familiar existentes; garantizar que el proceso de decisión de la mujer permanezca exento de presiones de terceros; y abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción. El art. 8 establece un plazo de cinco días desde que la mujer comienza a recibir el asesoramiento para que manifieste que mantiene su voluntad de interrumpir el embarazo, debiendo asentarse esa fecha en su historia clínica. El art. 12 obliga al equipo interdisciplinario de médicos a actuar dentro del contexto de la protección de la salud integral de la mujer; a ejecutar todas las acciones para asegurar el abordaje y tratamiento confidencial y privado de toda la información generada durante la entrevista; y a intervenir sólo a través del asesoramiento en temas técnicos, sin la imposición de las convicciones filosóficas o personales de sus integrantes, absteniéndose de todo juicio de valor. El art. 13 coloca entre los deberes del equipo el de entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer, excepto que la mujer no manifieste que desea que el equipo se entreviste con el progenitor, en cuyo caso el equipo no deberá inducirla o influenciarla. El art. 16 entiende por grave riesgo para la salud de la mujer embarazada o para la vida, toda circunstancia que implique, a criterio del médico tratante, riesgo para la salud bio-psico social o vida de la mujer.

Los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 35 se refieren a la objeción de conciencia, la cual sólo será válida para abstenerse de practicar el aborto, pero no para los procedimientos previos a esa práctica, previstos en el art. 3 de la ley 19987. Además, sólo podrán objetar de conciencia el personal médico y técnico que deba intervenir directamente en un aborto, no existiendo tal derecho para las personas jurídicas ni para el personal administrativo, operativo y demás personal que no tenga intervención directa en el acto. La objeción de conciencia se presentará por escrito ante todas las instituciones en las que el objetor preste servicios, y sólo serán válidas las objeciones que sigan los procedimientos establecidos en la reglamentación. El ejercicio de la objeción de conciencia obliga al médico a derivar personalmente a la paciente a otro médico de manera de asegurar la continuidad de la atención inmediata de la misma. Finalmente, se preceptúa que quienes no hayan presentado objeción de conciencia o hayan desistido de la misma no podrán negarse a realizar los procedimientos a efectos de la interrupción del embarazo.

La argumentación de los médicos accionantes. Se argumentó que estos artículos generaban un grave perjuicio a la libertad de conciencia del personal de salud, amparado en la Constitución uruguaya, así como a la vocación a la que se han dedicado. La Constitución de Uruguay, en su art. 54 garantiza para quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica. Los artículos impugnados implicaban además una violación del espíritu de la ley al dirigir el asesoramiento hacia la concreción del aborto, sin dar un espacio de contención para valorar alternativas.

La respuesta del Tribunal. El Tribunal dio lugar a la suspensión de ejecución de los artículos 7, 8, 12, 13 (b), 16, 28, 29, 31 y 35 del decreto reglamentario.

En cuanto a la objeción de conciencia, el fallo reconoció que el decreto reglamentario restringe el derecho de objeción de conciencia sólo a los actos de ejecución del aborto (recetar el fármaco o hacer el legrado), cuando la ley no establece tal limitación. Asimismo lo limita sólo a los médicos y al personal técnico, cuando tampoco la ley establece esa restricción. También redefine el concepto “grave riesgo de salud para la mujer”, por “riesgo de salud”, aumentando así los obstáculos al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. De igual manera, el Decreto cercena la libertad a los médicos en el asesoramiento.

Los jueces consideraron que el daño invocado por los accionantes en el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia ameritaba la suspensión liminar de la aplicación  de las mencionadas disposiciones del Decreto reglamentario.

Con respecto al art. 30 del Decreto reglamentario, el Tribunal entendió que no le correspondía a los médicos accionar por su ilegitimidad, dado que ese artículo excluye “del derecho de objetar de conciencia el personal administrativo, operativo y demás personal que no tenga intervención directa en el acto médico respectivo”. Razón por la cual los médicos no están alcanzados en su esfera personal por esta norma.

 

 

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