Amnesty Internacional presiona a El Salvador para aprobar el aborto

Inadmisible injerencia de Amnesty International en la política interior salvadoreña

Bandera El Salvador flameando

www.observatoriointernacional.com

Por María Inés Franck

Septiembre de 2014

Desde hace varios meses Amnesty International está realizando una fuerte campaña para abolir la legislación salvadoreña sobre el aborto.

El detonante fue la situación de 17 mujeres de ese país, supuestamente presas por cometer el delito de aborto. Si bien las autoridades locales consideran la posibilidad de indultarlas, el caso está dando pie a las organizaciones pro aborto para realizar una fuerte presión mediática a favor de la liberalización de esta práctica, de la cual Amnesty parece haberse constituido en vocero.

Los principales reclamos del caso giran en torno al reconocimiento y efectivización de los derechos de las mujeres al debido proceso, que incluyan la posibilidad de una investigación efectiva y un juicio justo, derechos que se alega haber sido violados. Pero, a partir de estas cuestiones, las autoridades de Amnesty concluyen que El Salvador debe asegurar servicios de aborto a todas las mujeres. En el material que difunde esta ONG, se culpa a la penalización del aborto por la muerte de las mujeres en ese país, así como de cualquier tipo de discriminación existente contra ellas.

Hace pocos días se presentó el nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado “Al borde d ela muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador” . El mismo concluye que la legislación restrictiva del aborto está destruyendo la vida de mujeres y niñas, dado que penaliza con prisión a los responsables de la comisión de un aborto. Alega también que existirían mujeres que, a causa de haber sufrido abortos espontáneos, han sido acusadas de homicidio agravado y condenadas hasta a50 años de cárcel.

La tendenciosa campaña de Amnesty International ha provocado un fuerte cruce con representantes de la sociedad civil salvadoreña, quienes alegan tergiversación y manipulación de los casos de las diecisiete mujeres, y niegan las acusaciones de esa ONG, a la cual atribuyen hablar de abortos espontáneos de las mujeres cuando en realidad se trataría de infanticidios realizados en la forma más cruel y, por lo tanto, habrían recibido justas condenas por el delito de homicidio agravado. A la vez, solicitan a AI que no viole la soberanía de El Salvador para imponer una política cargada de la ideología pro-aborto. Las declaraciones de los referentes locales permiten identificar la línea común de las campañas pro aborto, en donde generalmente se identifican varios factores: la elección de un caso mediático forzado, adornándolo de los componentes necesarios –no necesariamente verdaderos- para generar compasión en la opinión pública, junto con la confusión deliberada de las cuestiones en juego.

En efecto, el caso elegido parecería versar sobre la determinación de si ha habido o no violación de los derechos procesales de las mujeres, más que sobre una supuesta certeza de que la legalización del aborto solucionará todos los problemas femeninos. De hecho, la práctica del aborto más que solucionar la vida de las mujeres, la complica de mil diversas maneras, una comprobación de lo cual es la existencia del importante síndrome post-aborto. Sin contar con que se provoca siempre la eliminación deliberada del ser más débil de todos.

El Salvador es uno de los países latinoamericanos con la legislación más pro-vida. Su Constitución política reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” (art. 1°). A su vez, el Código Civil establece la obligación de la ley de proteger “la vida del que está por nacer” (art. 73). El Código Penal reprime con pena de prisión (arts. 133-137) el aborto consentido y propio, el aborto sin consentimiento, el cometido por médico o farmacéutico, la inducción o ayuda al aborto y el aborto culposo (excepto el realizado por la mujer, en cuyo caso no es punible). Establece también que la tentativa de la mujer no es punible. El art. 211 del Código de Familia de El Salvador estipula que “el padre y la madre, estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción”; el art. 344 de ese mismo Código establece “los principios en que se fundamenta la protección del menor, reconoce y regula sus derechos desde la concepción hasta los dieciocho años de edad”; y el art. 353 preceptúa que “la protección a la vida y salud del menor se ejecutará mediante un conjunto de acciones legales, sociales, preventivas y de asistencia que garanticen su desarrollo integral desde la concepción hasta su mayoría se edad”. La Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, sancionada en el año 2010, define el comienzo de la niñez en la misma concepción (art. 3), y “reconoce el derecho a la vida desde el instante de la concepción” (art. 16).

 

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