Uruguay – Observación Comité Desapariciones Forzadas/2013

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, aprobadas por el Comité en su cuarto período de sesiones (8 a 19 de abril de 2013)

1. El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por

Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/URY/1) en sus sesiones 42ª y 43ª (CED/C/SR.42 y 43), celebradas los días 9 y 10 de abril de 2013. En su 57ª sesión, celebrada el 19 de abril de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe de Uruguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. En particular, lo encomia por haber sido el primer Estado parte en presentar su informe y por haberlo hecho respetando el plazo previsto por el mencionado artículo 29, párrafo 1, de la Convención. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo establecido con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por éste para aplicar las disposiciones de la Convención, lo que le ha permitido despejar muchas de sus inquietudes. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/URY/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/URY/Q/1), las cuales fueron complementadas con las intervenciones de la delegación, y la información suplementaria que le suministró por escrito.

B. Aspectos positivos

3. El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

4. El Comité acoge con satisfacción asimismo que el Estado parte haya reconocido su competencia en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e interestatales, respectivamente.

5. El Comité celebra también la adopción de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad (Ley Nº 18026), el 4 de octubre de 2006. En esta ley, inter alia, se tipifica la desaparición forzada de personas; se la considera un delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima; se establece la imprescriptibilidad del crimen y la pena; y se establece que no podrá invocarse la orden de un superior ni la existencia de circunstancias excepcionales para justificar su comisión.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

6. El Comité reconoce que el marco normativo para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas, en vigor en el Estado parte, se ajusta en gran medida a las disposiciones de la Convención y las obligaciones que ésta impone a los Estados que la han ratificado. Las preocupaciones que se expresan a continuación, así como las recomendaciones que se efectúan en consecuencia, tienen por objetivo asistir al Estado parte a reforzar el marco normativo existente con miras a asegurar que el mismo se ajuste plenamente a todas las disposiciones de la Convención y a garantizar su implementación efectiva.

Información general

7. El Comité acoge con beneplácito la afirmación de la delegación del Estado parte de que la Convención tiene rango constitucional y que sus disposiciones se aplican de forma directa. Sin embargo, nota que la aplicabilidad directa de sus disposiciones no está claramente definida en la legislación nacional.

8. El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de adoptar las medidas necesarias con miras a reconocer de manera expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de la Convención.

9. El Comité celebra la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por Ley Nº 18446, de 27 de enero de 2009. También celebra que la misma haya sido designada como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a los efectos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, el Comité toma nota de la información brindada por la delegación del Estado parte en relación con la acreditación de la INDDHH ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

10. El Comité recomienda que el Estado parte asegure que todos los actores públicos colaboren con la INDDHH y le brinden la asistencia necesaria dentro del marco de sus competencias. Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte asegure que la INDDHH cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para desempeñar sus competencias de una manera efectiva. El Comité alienta a que se continúen los esfuerzos con miras a acreditar a la INDDHH ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Definición y criminalización de las desapariciones forzadas (artículos 1 a 7)

11. El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya tipificado la desaparición forzada de personas y que la definición de la misma se ajuste a la definición consagrada en el artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité nota con preocupación el amplio margen existente entre las penas mínima y máxima previstas para el delito de desaparición forzada de personas (2 a 25 años de penitenciaría), que otorga un elevado margen de discrecionalidad al Tribunal que ha de imponerla, así como el quantum de la pena mínima prevista para este delito (arts. 2, 4, 6 y 7).

12. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de adoptar las medidas legislativas necesarias con el fin de reducir el amplio margen existente entre las penas mínima y máxima previstas para el delito de desaparición forzada, en particular asegurando que la pena mínima se ajuste al artículo 7 de la Convención y tenga debidamente en cuenta su extrema gravedad.

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15)

13. El Comité toma nota con preocupación de la información brindada por el Estado parte acerca del criterio de la Suprema Corte de Justicia en virtud del cual las personas desaparecidas hace más de 30 años son consideradas como fallecidas y se imputa a los acusados de su desaparición el delito de homicidio especialmente agravado, con las consecuencias que de ello se podrían desprender en materia de prescripción (arts. 8 y 12).

14. El Estado parte debería asegurar que las desapariciones forzadas sean investigadas como tales y los responsables sancionados por este delito independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta delictiva. Asimismo, el Estado parte debería asegurar que todos los agentes estatales, incluidos jueces y fiscales, reciban formación adecuada y específica acerca de la Convención y las obligaciones que esta impone a los Estados que la han ratificado. El Comité desea destacar el carácter continuo del delito de desaparición forzada de conformidad con los principios de la Convención y recordar los términos en los que ésta regula el régimen de prescripción de este delito; así como destacar su carácter de imprescriptible cuando sea de lesa humanidad.

15. El Comité toma nota de la información recibida del Estado parte en cuanto a la normativa para el traslado y remoción de magistrados, que puede comprometer la independencia interna del Poder Judicial. El Comité resalta la importancia que tiene la independencia de las autoridades encargadas de perseguir estos crímenes, como garantía para asegurar que la investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas sea eficaz (art. 12).

16. El Comité recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias, tanto a nivel legislativo como dentro de la competencia administrativa de la Suprema Corte de Justicia, para continuar profundizando en el desarrollo de la independencia interna del Poder Judicial.

17. El Comité reconoce las medidas de protección previstas para víctimas y testigos en el marco de la Ley Nº 18026 en relación con procesos en los que se investiguen los delitos allí previstos, incluidas las desapariciones forzadas, y para víctimas, testigos y personas que brinden información calificada a la policía en el marco de la Ley Nº 18315. Sin embargo, le preocupan los informes que dan cuenta de que no existen mecanismos para que estas medidas se apliquen de manera efectiva y que las mismas no comprenden a todas las personas referidas en el artículo 12 de la Convención. Al respecto, el Comité toma nota de la intención del Estado parte, reflejada en el párrafo 65 de sus respuestas a la lista de cuestiones, de adoptar medidas para abarcar la protección de los denunciantes, familiares, testigos, defensores y allegados de la persona desaparecida (art. 12).

18. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, para asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención.

19. El Comité nota la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación nacional para evitar que las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las investigaciones (art. 12).

20. El Comité recomienda que, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4, de la Convención, el Estado parte adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas que se supone han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir, directa o indirectamente, por sí o a través de otros, en el curso de las investigaciones.

21. El Comité toma nota con interés de la información brindada por el Estado parte acerca del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal que se encuentra en estudio en el Parlamento. Además, el Comité acoge con satisfacción que la legislación nacional (Ley Nº 18026, art. 13) prevea la intervención del denunciante, la víctima o sus familiares en las investigaciones de desapariciones forzadas; sin embargo, observa con preocupación que no se prevea la posibilidad de que puedan participar plenamente en los procesos penales, por ejemplo recurriendo las decisiones que se dicten. Al respecto, el Comité nota con interés que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal procura maximizar las instancias de participación de las víctimas (arts. 12 y 24).

22. El Comité alienta al Estado parte a aprobar rápidamente el proyecto de reforma del Código Procesal Penal y asegurar que el mismo se ajuste a las obligaciones dimanantes de la Convención y otorgue a las víctimas de desaparición forzada la posibilidad de participar plenamente en los procesos judiciales en los que se investiga ese delito. El Comité también insta al Estado parte a que vele por que el artículo 13 de la Ley Nº 18026 sea aplicado de conformidad con la definición de víctima prevista en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención. Asimismo, el Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de establecer una unidad especializada, en el ámbito del Ministerio Público u otro organismo competente, que cuente con personal específicamente capacitado para investigar casos de presuntas desapariciones forzadas, que impulse las investigaciones y coordine la política de persecución penal en esta materia.

23. El Comité toma nota de la afirmación de la delegación del Estado parte de que en los acuerdos de extradición celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención se preveía la no inclusión de la desaparición forzada como delito político. El Comité toma nota asimismo de los acuerdos que se encuentran en proceso de negociación y celebración entre el Estado parte y otros Estados de la región para el intercambio de información sobre violaciones de derechos humanos entre los que se incluyen las desapariciones forzadas, así como de la información brindada por la delegación en relación con los numerosos acuerdos de cooperación celebrados con Argentina (arts. 13 y 14).

24. El Comité alienta vivamente al Estado parte a asegurar que todos los acuerdos de extradición o de auxilio judicial que celebre en el futuro, incluyendo aquellos que se encuentren en proceso de negociación, contengan disposiciones específicas sobre desapariciones forzadas.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 16 a 23)

25. El Comité acoge con beneplácito que el recurso de habeas corpus esté previsto en la Constitución de la República y la afirmación del Estado parte de que su falta de reglamentación no impide su ejercicio efectivo. Al respecto, el Comité toma nota de que hay un proyecto de reglamentación que se encuentra sometido a estudio de la Cámara de Representantes del Parlamento desde el año 2010 (art. 17).

26. El Comité alienta al Estado parte a adoptar las medidas legislativas necesarias para reglamentar el ejercicio del habeas corpus. Al respecto, el Comité recomienda que el Estado parte asegure que las medidas legislativas adoptadas se ajusten a las disposiciones de la Convención, en particular a su artículo 17, y a otros estándares internacionales relevantes.

27. El Comité toma nota con beneplácito de la información brindada por la delegación acerca del proceso de reforma del sistema penitenciario y, en particular, del proyecto de incorporación de un software del sistema de gestión carcelaria (art. 17).

28. El Comité alienta al Estado parte a que adopte el software para la gestión carcelaria y a asegurarse de que el mismo se ajuste plenamente al artículo 17, párrafo 3, de la Convención. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a adoptar mecanismos de registro y control equivalentes para todos los centros donde se encuentren personas privadas de libertad.

29. Si bien toma nota de la formación en derechos humanos brindada a los agentes del

Estado, el Comité observa con preocupación que no se imparte formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención (art. 23).

30. El Comité recomienda que el Estado parte incremente sus esfuerzos en materia de formación en derechos humanos de los agentes estatales y, en particular, asegure que todo el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de personas privadas de libertad, incluidos los jueces, fiscales y otros operadores jurídicos de todos los rangos, reciban formación adecuada y regular acerca de las disposiciones de la Convención de conformidad con el artículo 23 de la misma.

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (artículos 24 a 25)

31. El Comité manifiesta su satisfacción a propósito del artículo 14 de la Ley Nº 18026 que prevé que el Estado será responsable de la reparación de las víctimas de los crímenes contemplados en esa ley, que incluye a las desapariciones forzadas (art. 24).

32. El Comité recomienda que el Estado parte vele por que el término “víctima” del artículo 14 de la Ley Nº 18026 sea aplicado de conformidad con la definición de víctima consagrada en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención.

33. Si bien toma nota de las disposiciones penales vigentes en materia de privación de la libertad y de la supresión y suposición del estado civil, al Comité le preocupa que no existan disposiciones que específicamente reflejen los supuestos contemplados en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención relativos a la apropiación de niños (art. 25).

34. El Comité alienta al Estado parte a que considere revisar su legislación penal con miras a incorporar como delitos específicos las conductas descriptas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención que prevean penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad de los delitos.

35. El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Estado parte respecto al régimen de adopciones que respeta el derecho a la identidad previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, el Comité nota con preocupación la ausencia de procedimientos específicos que prevean la revisión y, si procede, anulación de adopciones, colocaciones o guardas cuyo origen sea una desaparición forzada (art. 25).

36. El Comité recomienda que, de conformidad con el artículo 25, párrafo 4 de la Convención, se establezcan procedimientos específicos para revisar y, si procede, anular adopciones, colocaciones o guardas cuyo origen sea una desaparición forzada, así como que en los mismos se contemple el interés superior del niño y, en particular, se le reconozca el derecho a ser oído si tiene capacidad de discernimiento.

D. Difusión y seguimiento

37. El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la

Convención y, en ese sentido, exhorta al Estado parte a asegurarse de que todas las   medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité exhorta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención.

38. Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a las mujeres y a los niños. A las primeras, porque las expone y hace particularmente vulnerables, como sujeto directo de desaparición forzada, a violencia sexual y de otro tipo, y, como miembro de la familia de un desaparecido, a sufrir violencia, persecución y represalias. A los niños, porque los hace especialmente vulnerables a la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité pone especial énfasis en la necesidad de que el Estado parte vele por que las mujeres y los niños víctimas de desaparición forzada sean objeto de especial protección y asistencia.

39. Se alienta al Estado parte a difundir ampliamente la Convención, el texto de su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a favorecer la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.

40. Observando que el Estado parte presentó su documento básico en 1996 (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1), el Comité invita al Estado parte a que lo actualice de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las Directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).

41. De conformidad con el reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, a más tardar el 19 de abril de 2014, información pertinente sobre su implementación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 14, 22 y 36.

42. En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 19 de abril de 2019, información concreta y actualizada acerca de la implementación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.

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